Si con la
crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, se
estableció un escudo social, las consecuencias de la guerra, por la
invasión de Rusia a Ucrania, deben hacer saltar los resortes
institucionales necesarios, para que el Gobierno despliegue una
batería de medidas que protejan a la ciudadanía; porque España se
enfrenta a una nueva crisis justo cuando las familias comenzaban a
superar las peores consecuencias económicas y sociales derivadas de
la emergencia sanitaria.
Durante
la COVID-19 se demostró que se pueden aplicar políticas públicas
valientes para proteger a la ciudadanía en tiempos de crisis y, ante
la incertidumbre que provoca el actual escenario, es necesario
aprobar un nuevo escudo social y verde que proporcione certezas a la
gente, proteja su bienestar reforzando los servicios públicos y
avanzando en nuevos derechos, y acelere las transformaciones
profundas que nuestro país lleva años postergando, en opinión de la
secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione
Belarra. Ha advertido de que los efectos económicos del conflicto
pueden golpear de manera muy dura a las familias, sobre todo a las
más vulnerables, y ha desgranado cuáles son las medidas propuestas
por su partido para evitar que las consecuencias sean catastróficas.
El escudo social y verde que propone Podemos, se basa en cinco
grandes ejes que contienen diferentes acciones:
Plan de Emergencia Energético. Pacto de derechos feministas y
sociales. Proteger el tejido productivo, especialmente a las PYMES y
al sector primario. Apostar por la Paz y construir una Política de
asilo y refugio alineada con los Derechos Humanos. Frente a la
involución de la guerra, avances democráticos
El nuevo
escudo social y verde representa una oportunidad para responder a la
involución democrática que propugna la derecha con nuevos avances
que mejoren la vida de la gente. Además de un pacto energético, es
necesario un nuevo acuerdo que amplíe los derechos feministas y
sociales y apueste decididamente por un sistema estatal de cuidados,
aprobar ayudas a las pymes y al sector primario para que afronten
con certidumbre las dificultades económicas, avanzar en políticas
públicas que reflejen que España es un país de acogida y profundizar
en nuestra calidad democrática.
El
primero de los ejes, consiste en desplegar un plan de emergencia
energético que se base en varias acciones, como un duro recorte
adicional de los denominados beneficios caídos del cielo de las
eléctricas, así como la desconexión del precio del gas de la
fijación de precios en el mercado mayorista eléctrico.
No es
momento de parches, ni de volver a pedirle a la gente que posponga
sus urgencias; es tiempo de abordar los problemas desde su raíz. No
sirve, como ha hecho el jefe de la diplomacia europea, Josep
Borrell, pedir a las familias de la Unión Europea que bajen la
calefacción en sus casas para consumir menos gas ruso.
Podemos
considera que el coste de esta crisis no puede recaer una vez más
sobre sobre la gente: es hora de que las grandes empresas y las
grandes fortunas aporten lo que les corresponde. El nuevo escudo
social y verde debe servir para aprobar una reforma fiscal
progresiva que sostenga nuestro Estado del Bienestar y debe actuar
con urgencia sobre los injustificables beneficios de las eléctricas,
que en tiempos de guerra multiplican sus ganancias gracias a un
mercado eléctrico diseñado a su medida.
Asistimos
a un shock económico, social y político causado por la guerra y las
sanciones económicas contra Rusia, que conllevarán a una reducción
de las cantidades de gas y petróleo exportadas, un incremento de
precios de los combustibles fósiles y una reducción de la oferta de
otras materias primas (aluminio, cereales, fertilizantes, aceite de
girasol, algunos semiconductores...), así como avance de los
planteamientos políticos más reaccionarios, que siempre se hacen más
fuertes en situaciones de conflicto bélico.
Todo
esto, sumado al impacto del aumento de los precios de la energía que
ya se venía produciendo, va a tener un impacto directo en nuestro
sector primario, especialmente en las pequeñas y medianas
explotaciones agrícolas y ganaderas. La política económica española
ante el reto que supone la crisis de la guerra en Ucrania debe ser
económica, pero también es social y política. Hay que tomar medidas
para proteger la economía, hay que actuar para evitar que las
personas más vulnerables paguen el coste de la guerra.
Es
necesario prorrogar las medidas del escudo social que se puso en
marcha para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales
de la pandemia, como por ejemplo la prohibición de cortar los
suministros básicos o la suspensión de los desahucios, y también
recuperar algunas que han decaído recientemente, como las prórrogas
a los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos y evitar
subidas abusivas. El incremento de los precios puede situar la
inflación por encima del 6-7% en España durante el 2022, e
impactaría a través de dos vías sobre los hogares y empresas.
El
incremento de costes asociado a los mayores precios de la energía y
otras materias primas, junto con la mayor incertidumbre, podría
reducir el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Si
esta reducción es profunda y duradera, se podría llegar a
cortocircuitar la recuperación económica y la creación de empleo. La
posibilidad de que los bancos centrales aumenten los tipos de
interés con el objetivo de frenar la inflación también puede
conducir a alimentar esta espiral. Las familias que tengan hipotecas
pueden ver sensiblemente incrementada la mayor factura que pagan
cada mes y las empresas tendrían muchas más dificultades para
financiar sus operaciones. Por no hablar de que una subida en los
tipos de interés podría tener efectos en el servicio de la deuda
pública, dejando menos espacio a la inversión social, afectando a la
capacidad de consumo de las mayorías sociales y contribuyendo al
mismo círculo vicioso.
A los
efectos macroeconómicos generales que tienen la capacidad de
impactar en todos los sectores sociales y productivos, tenemos que
tener en cuenta como afectan a sectores específicos de la economía.
Ucrania es uno de los principales productores de cereales,
oleaginosas y proteaginosas de Europa, y buena parte de los piensos
animales que España importa para mantener funcionando su sector
ganadero provienen de este país. Asimismo, Rusia es uno de los
mayores productores de las materias primas necesarias para fabricar
fertilizantes, los cuales dependen fuertemente del precio del gas.
La líder
de Podemos Ione Belarra, defendió ante el Consejo Ciudadano Estatal
de su formación, el NO a la guerra y el rechazo al envío de armas,,
insistiendo en la necesidad de que la UE y los organismos
internacionales se involucren en el diálogo entre Rusia y Ucrania.
"Hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave,
pero creo firmemente que es el camino correcto. Hemos defendido las
vías diplomáticas y pacíficas como medida más eficaz para acabar
cuanto antes con la guerra en Ucrania".
Frente a
la apuesta por el individualismo y el fervor belicista, la mejor
política es aquella que nos cuida y nos permite seguir avanzando
solidariamente. La solución a esta crisis no pasa ni por poner
parches ni por aplazar una vez más los problemas de las mayorías
sociales, sino afrontarlos de forma decida y desde su raíz. El
Estado tiene que dar de nuevo un paso al frente, como lo hizo
durante la pandemia, para construir un nuevo escudo social y verde
que proteja a hogares y empresas.
