Hoy como
ayer, es necesaria una coalición amplia por la izquierda, que se
enfrente políticamente a la derecha, no sólo frente a las elecciones
en Andalucía, sino en las próximas elecciones generales. El 16 de
febrero de 1936, el Frente Popular ganó las últimas elecciones que
se celebrarían durante la Segunda República antes del golpe de
Estado fascista. No se celebraron otras en libertad hasta el 15 de
junio de 1977, hace ahora cuarenta y cinco años.
El Frente
Popular constituía una nueva fórmula de alianza de las fuerzas de la
izquierda, tras las derrotas sufridas en Europa y la llegada de
Hitler al poder. Por aquel entonces, los socialistas, con Largo
Caballero a la cabeza, se negaron a colaborar con los republicanos
de izquierda de clase media representados por Manuel Azaña. Se
abandonó la vía parlamentaria en favor de la vía revolucionaria para
alcanzar el socialismo mediante la violencia, desplazando a Prieto y
a Besteiro de la dirección de la UGT y del PSOE. La situación
facilitó la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y
la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. La izquierda
republicana trató de restaurar su alianza con los socialistas y tuvo
una respuesta favorable por parte de los más moderados como
Indalecio Prieto.
La
derecha en España ha dominado históricamente los resortes del
Estado. Desde el fin de la guerra en 1939 –provocada por ellos para
defender sus intereses– hasta hoy, no ha dejado de estar en el
poder. Controló la Transición a la democracia y pese a lo que
pudiera parecer, se mantuvo en el poder económico durante los
gobiernos socialistas. Ahora domina todo y quiere seguir
dominándolo. Utilizan la estrategia del miedo en su provecho.
Prefieren retornar a la estructura totalitaria del Estado franquista
que heredaron, modernizando la estructura sin tocar su ideario.
Los
principales problemas que percibimos los españoles, sufriéndolos,
son el paro, la corrupción y los de índole económico, seguido por
los políticos y la política en general. Pero hay otro mayor y está
más o menos encubierto: la herencia del franquismo, que sigue
dominando los designios del pueblo, a través de las políticas
antisociales y represivas de los gobiernos del Partido Popular,
ahora con la ayuda de Vox. Heredó las instituciones y su forma de
ser y actuar, porque son los mismos y siguen en el empeño.
Frente a
la unidad que presenta la derecha en defensa de sus intereses
patrimoniales e ideológicos, los partidos de izquierda se han
caracterizado por marcar sus diferencias. Por si mismo no es
negativo, si fortalece el debate y encuentra la fórmula para superar
la situación de injusticia que soporta la clase trabajadora y la
ciudadanía en general. Por el contrario, la desunión, propicia que
la derecha se mantenga en el poder y consiga sus fines. La división
de la izquierda tiene una larga historia, que ya se manifestó
durante la guerra española, con las luchas entre comunistas,
anarquistas y socialistas. Hoy, mientras el PP se aglutina en un
amplio espectro, con liberales, democristianos, conservadores,
franquistas y la extrema derecha; la izquierda sigue dividida.
Unidos Podemos rompió la tendencia, que ahora parece desquebrajarse.
Un
componente esencial del pensamiento de izquierdas consiste en su
actitud crítica. La izquierda cuestiona al poder, mientras que la
derecha se dedica a justificar el orden social, dirigiendo sus
esfuerzos a defender el sistema establecido o reformarlo para su
continuidad: cambiarlo todo para que nada cambie. La vocación ética,
de crítica rigurosa, es común en la izquierda, hasta el punto de
volverse en su contra. Según Max Weber, la ética de las convicciones
tiende a aplicar los principios morales de modo absoluto,
despreocupándose de las consecuencias que provoca la conducta.
En 1936, se constituyó una coalición
electoral, formada por los principales partidos republicanos y de
izquierda, con el objetivo de presentarse a las elecciones
generales, que ganó el Frente Popular. El primer gobierno de la
República en 1931, pretendió modernizar el país y promover la
justicia social,
objetivos que el gobierno del Frente Popular retomó.
Nada fue fácil; los sindicatos, CNT y un sector del socialismo
vinculado a UGT, se lo pusieron difícil. Tan grande fue la oposición
de la derecha capitalista y caciquil, junto con la de iglesia
católica, que dieron un golpe de estado que provocó una guerra; la
ganaron con la ayuda del capital internacional, la Italia fascista y
la Alemania nazi. Los comportamientos de la derecha siguen siendo
parecidos a los de entonces; defienden sus privilegios, por encima
de los intereses de la mayoría social.
El
programa de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas
(primer bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña
como Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar
el sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones
laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación
de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes
religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército
sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la
Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de
conflictos.
La
reforma agraria era imprescindible si se quería acabar con el hambre
y el atraso histórico. Los campesinos vivían en situación de
esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la
tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de
vida, escasa alimentación, y jornadas de sol a sol. Los dueños de la
tierra, grandes latifundistas, además de caciques señoritos, no
entendían ni de gastos, ni de inversiones y no eran partidarios de
la modernización del campo.
Ante la
realidad que nos espanta, los partidos políticos tradicionales y las
nuevas formaciones surgidas con iguales propósitos, deberían hacer
un esfuerzo para superar contradicciones históricas. Es necesario
llegar a un compromiso por encontrar elementos comunes ideológicos y
abundar en una misma acción contra la derecha antisocial y
reaccionaria, que se mantiene en el poder desde hace demasiado
tiempo.
Largo
Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral,
que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor
control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del
sistema económico y de relaciones de clase. Era un proyecto
coherente con los principios marxistas del socialismo español, que
no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad,
pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos.
Se aprobó
la Ley de Contratos de Trabajo, se organizó la negociación
colectiva, y los Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje
vinculante. Se estableció la Inspección de Trabajo, se impulsaron
los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de Retiro
Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco millones de
trabajadores). Se estableció el Seguro de Maternidad, y el Seguro de
Accidentes de Trabajo. La CNT fue crítica y continuó con la
convocatoria de huelgas, al entender que las reformas, no solo no
beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente
beneficiaban a UGT.
El pueblo llano, representado en las
organizaciones republicanas, de izquierda y sindicales, fueron
capaces de formar un Frente Popular,
sin perjuicio de dejar a salvo los particulares postulados de sus
doctrinas. En su Manifiesto declaraban
ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia
política y la ofrecían a la consideración de las restantes
organizaciones republicanas y obreras, por si estimasen conveniente
integrarse en el bloque republicano y de izquierdas. La conspiración
se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña.
Entre
1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas
de maestros, con mejores salarios. El experimento más notable, fue
la creación de las misiones pedagógicas, ligado a la Institución
Libre de Enseñanza, que llevó «el aliento del progreso» a los
pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación
de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura,
que era patrimonio de una minoría, al pueblo, y promover la
alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La
reforma del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir
el número de unidades militares, modernizar la dotación de material
y la mejor formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de
honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar
de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y
tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que
identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la
patria, bajo la jurisdicción militar.
El golpe de estado se dio contra la legitimidad de la República.
Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional;
socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical;
ideológicamente totalitario; económicamente capitalista;
militarmente absolutista; y moralmente inhumano. Hoy harían lo mismo
si fuera necesario.
Algunos
de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia
hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo
contrarreformita, ejerciendo el poder para beneficio de sus propios
intereses, muy alejados de unos compromisos de Estado.
La
necesidad, la razón, la dignidad y la justicia social exigen que la
desigualdad desaparezca y éste debe ser un objetivo común; como debe
ser superar unidos la situación de crisis social, política e
institucional que sufrimos.
