El Tribunal
Supremo ha dictado sentencia anulando la sanción impuesta por el
Ejército de Tierra al cabo Antonio Marco Santos, por suscribir en 2018
un manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas. El Supremo
considera que le amparaba la libertad de expresión y que decir Salud y
República no vulnera la neutralidad política.
La sentencia de, la Sala de lo Militar estima el
recurso de quien había sido sancionado a multa como autor de dos
faltas graves después de apoyar el
Manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las
Fuerzas Armadas, así como por las
declaraciones que ofreció en una entrevista, en la que explicó su
respaldo a dicho texto como respuesta a uno anterior denominado
Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco
Bahamonde. Soldado de España, promovido por militares retirados y en
la reserva.
Es de una enorme emoción y alegría comunicar que
el Tribunal Supremo ha anulado la sanción a nuestro compañero Marco
Santos. dicen los firmantes del Manifiesto Contra el Franquismo en las
Fuerzas Armadas, ya que considera que le ampara la libertad de
expresión. Además, entiende que su conducta no supone en absoluto una
amenaza para la disciplina y la unidad en las Fuerzas Armadas. La
sentencia es una gran victoria contra el franquismo cotidiano en las
Fuerzas Armadas, y es
fruto del extraordinario coraje y determinación que Marco ha
demostrado alzando su voz, cara a cara,
contra el franquismo y en defensa del espíritu democrático y
republicano, pese a las adversas circunstancias con las que el
Ministerio de Defensa le ha pretendido asfixiar.
Las
sanciones a las que hace referencia la sentencia del Supremo (multa
económica de 12 y 10 días)-, fueron impuestas por el general jefe de
la Fuerza Logística y confirmadas por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército, y por el Tribunal Militar Central, que consideró que había
cometido las faltas graves de emitir en público expresiones falsas o
contrarias a la disciplina de las FFAA que infringían su deber de
neutralidad política.
Sobre la
expresión Salud y República, el Supremo indica que esa es una
expresión de despedida o saludo que, por sí misma, no puede
considerarse contraria a la neutralidad política; y tampoco observan
dolo alguno, en sus explicaciones a un medio de comunicación, donde
realizó una serie de juicios de valor personalísimos y comentó, con
mayor o menor fortuna en la expresión, algunas de sus vivencias en las
Fuerzas Armadas, no apreciándose que tuviera intención alguna de
falsear hecho o dato alguno.
El Manifiesto respuesta colectiva y personal, en
contra del franquismo en las Fuerzas Armadas, contra la
Declaración de militares franquistas en defensa del general Francisco
Franco. lo suscribieron un grupo de
militares y viudas de militares demócratas, en el que mostraban su
rechazo total, sosteniendo que: No somos portadores de una Moral
superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos
debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo
español.
El Manifiesto respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo
en las Fuerzas Armadas, constaba de dos
puntos: 1. El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno,
sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de
estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República
Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e
inclemente durante casi cuarenta años; y 2. Los militares españoles
somos funcionarios servidores del Estado, tenemos nuestra conciencia
individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho
alguno a presionar como colectivo al Estado democrático.
El caso del cabo Marco Santos no es el único en
el que se persigue a los defensores de la democracia. La esencia de la
cúpula del Ejército es opresora y heredera del franquismo. Luis
Gonzalo Segura, expulsado del ejército después de 13 años de servicio,
ha sido perseguido profesionalmente y personalmente desprestigiado.
Estuvo en huelga de hambre durante 22 días para protestar por su
situación, acusado de indisciplina. Así se las gasta el Ejército:
por denunciar abusos en las Fuerzas Armadas en una novela, ingresó en
prisión sin un juicio previo. Alguien tenía
que dar un paso al frente y denunciar. Podemos llevó el caso al
Parlamento Europeo, porque se
ha violado su derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo,
que constituyen los pilares del Estado de Derecho.
Dentro del
Ejército hay ciudadanos desprovistos de sus derechos fundamentales. Es
preciso reformar las estructuras del Ejército, en múltiples aspectos.
Uno de los principales está relacionado con la democracia interna. No
vale el ordeno y mando. La actividad del jefe de las FFAA tiene que
someterse al control parlamentario, como a referéndum la participación
de las FAS en misiones exteriores. Hay que suprimir los privilegios
dentro del Ejército, como prebendas por el cargo, viviendas, coches
oficiales y supresión de los roles de superioridad subordinación, así
como homogeneizar el sistema de ascensos para todos los militares.
Es
necesario reformar el sistema judicial militar. Los altos mandos y la
propia jurisdicción son jueces y parte. No existe ni imparcialidad ni
independencia, sino todo lo contrario. Tiene que desaparecer la
justicia militar —sin ningún tipo de duda en tiempo de paz—, poniendo
fin al régimen disciplinario de castigo y privación de libertad. Las
sanciones militares deben ser administrativas y con todas las
garantías legales, como ocurre con el resto de cuerpos de
funcionarios, y aplicar el Código Penal cuando se haya cometido
delito. Que existan tribunales ordinarios, que juzguen los casos
militares, con jueces especializados.
Como en
cualquier otro ámbito público, la transparencia debe ser la forma de
proceder y tolerancia cero con la corrupción. Hay que exigir el máximo
control del gasto en el uso de material militar o dinero público para
disfrute particular. Hay que aplicar el control de la contratación
pública sometida a la ley de Contratos del Sector Público, con
auditorias externas, que eviten toda posibilidad de desviar fondos
para investigación civiles a empresas de defensa. Hay que poner fin a
las puertas giratorias, que permiten a los oficiales, cuando pasan a
la reserva, trabajar en empresas que sirven a Defensa.
La democracia no ha llegado al ejército. Es una
institución protegida por la clase política y por los medios de
información. Poca crítica se lee o escucha contra la institución que
tiene por misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional
(Art. 8 CE). Una institución obsoleta, cuyas raíces se hunden en lo
más granado del franquismo, no puede tener como misión la que la
Constitución le otorga. Para el Ejército la libertad de expresión
pondría en peligro la subordinación, la disciplina y la autoridad del
mando.
El Ejército es un Estado dentro del Estado. Las Fuerzas Armadas deben
ser de todos y no de unos pocos, deben ser
modernas y transparentes y no obsoletas y herméticas, denunció el ex
teniente Segura. La clase dirigente militar, es ultraconservadora y la
libertad de expresión comedida a las suyas. Le expulsaron porque las
manifestaciones realizadas afectan a la disciplina, pero no porque
fuesen aseveraciones falsas.
Santos,
agradece a la gente que ha luchado a su lado, se auto declara
republicano y le gusta rubricar con un Salud y República, apelando a
los principios de igualdad, libertad y fraternidad, que el Ejercito ve
como una ofensa. La lucha sigue.
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