Se
cumplen 20 años del capítulo más negro de la política madrileña en
democracia: el llamado Tamayazo; la traición de dos diputados
electos, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, a Rafael Simancas
cuando todo parecía que iba a ser investido como presidente de la
Comunidad de Madrid. El caso constituyó una crisis institucional sin
precedentes. El escándalo provocó la repetición de elecciones que
ganó por mayoría absoluta Esperanza Aguirre.
Eduardo
Tamayo y María Teresa Sáez no acudieron a la votación y sin sus
votos, el PP superaba en uno a los de PSOE e IU, que tenían previsto
un Gobierno conjunto. El socialista Francisco Cabaco iba a ser
elegido presidente de la Asamblea de Madrid, pero la ventaja
permitió que el cargo fuese a parar a la parlamentaria popular
Concepción Dancausa, actual Consejera de Familia, Juventud y
Política Social.
Tras dos
legislaturas de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón dio el paso a la política municipal y los populares
eligieron como cabeza de cartel para la Asamblea a Esperanza
Aguirre. El 25 de mayo de 2003, las elecciones autonómicas,
arrojaron una votación muy ajustada y una nueva victoria
conservadora (55 diputados). La suma de PSOE (49) e Izquierda Unida
(7) daba pie a un acuerdo progresista y, por tanto, a un cambio de
gobierno, encabezado por Rafael Simancas. La derecha de siempre no
permitió que un joven socialista conformara un gobierno progresista
junto a los comunistas de Izquierda Unida y comenzaron el derribo de
la operación democrática, como lo están haciendo ahora y lo han
hecho siempre.
Tras la
constitución de la Cámara regional y tal y como establece el
Estatuto de Autonomía de Madrid, la presidenta de la Asamblea
regional inició una ronda de consultas con PP, PSOE e IU, a los
efectos de proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad.
Celebrada dicha ronda, se constató que Rafael Simancas era el único
con probabilidades reales de ser investido, ya que contaba con el
apoyo del PSOE y de IU.
Tamayo y
Sáez no estaban de acuerdo con el pacto de gobierno que se estaba
fraguando entre PSOE e IU. Simancas había denunciado una trama
inmobiliaria con el objetivo de evitar un gobierno socialista y así
beneficiar al PP. Tras el Tamayazo, la Asamblea conformó una
comisión de investigación y el caso llegó a la vía judicial. Ni
Simancas ni Aguirre fueron capaces de obtener los votos necesarios
para conformar gobierno, por lo que la Comunidad de Madrid se vio
abocada a la repetición electoral por primera y única vez en su
historia. El 26 de octubre, el PP alcanzó la mayoría absoluta (57
diputados) y Aguirre se convirtió en la presidenta regional.
En la
trama del Tamayazo, hay un personaje oscuro, José Luis Balbás, jefe
de la corriente interna socialista Renovadores por la Base que ayudó
a aupar a José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la Secretaría
General del PSOE. Fue expulsado del partido por su "evidente
complicidad" con Tamayo y Sáez. La razón aducida por los dos
tránsfugas para su deserción fue el "pacto" entre PSOE y IU en el
Gobierno regional y el incumplimiento de Simancas de un supuesto
acuerdo con la corriente socialista dirigida por Balbás.
El economista y empresario José
Luis Balbás, presunto cerebro del Tamayazo, es para los
investigadores de la Operación Nicolay,
quien mueve en parte los hilos del pequeño Nicolás. Tres operaciones
se han investigado: dos negocios en Guinea Ecuatorial y la venta de
una colección de obras de arte valorada en más 540 millones de
euros. Balbás también estaría detrás de la creación de la empresa
Gómez Nicolás & Acero y BellónGroup relacionada con la seguridad
ferroviaria a nivel internacional; y de los contactos establecidos
por el joven con el partido político Ciutadans.
Fuentes
de la investigación indicaron a Público que Francisco Nicolás y José
Luis Balbás se conocieron ya en los primeros pasos del muchacho en
el entorno del Ayuntamiento de Madrid y de FAES, aunque la relación
se estrechó a medida que Nicolás pudo proporcionar contactos
políticos y empresariales que estaban aún sin malear. El papel de
Balbás en esta singular pareja era el de aportar a la relación
contactos internacionales e ideas de negocio.
Los
negocios oscuros de Tamayo siguieron después de ser expulsado del
Partido Socialista de Madrid, Tamayo fundó la formación Nuevo
Socialismo para concurrir a la repetición de los comicios
autonómicos de 2003, en los que apenas cosechó 6.000 votos, y siguió
en la arena política hasta 2008. Sus negocios inmobiliarios le
llevaron a Guinea Ecuatorial. Allí tuvo problemas con la justicia y
tuvo que salió del país. En noviembre de 2019 el Tribunal Supremo no
admitió una querella de Tamayo contra Simancas al estimar que las
declaraciones que hizo el dirigente socialista sobre el Tamayazo
están protegidas por la libertad de expresión.
El
popular Francisco Granados, presidente de la comisión de
investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid, sostuvo que
todo respondía a una "traición" interna en el PSOE, pues Tamayo y
Sáez consideraban que no se cumplió lo que les habían prometido. Los
socialistas, criticaron las trabas del PP para obtener información,
al considerar que se trataba de una trama inmobiliaria y urbanística
que favorecía los intereses del Partido Popular.
Desde el principio, el PSOE afirmó que los dos
diputados habrían recibido dinero de una trama inmobiliaria y
urbanística con el objetivo de beneficiar al PP. El
empresario Bravo Vázquez admite que el día de la votación reservó un
hotel para Tamayo y Sáez, donde se refugiaron y que hablaron antes
de la traición. El Partido Popular por su
parte achacó la ausencia a un problema interno entre distintas
corrientes del PSOE. Tamayo, por su parte, afirmó en repetidas
ocasiones estar en contra de un pacto con IU, negando las
acusaciones de corrupción.
Modesto Nolla, portavoz socialista en la
comisión de investigación, aseguró tiempo después que se puso de
manifiesto que había "muchas contradicciones", "cosas sucias" y
"contactos entre Tamayo" y el abogado Esteban Verdes. El PSOE se
querelló contra él y contra el exsecretario general del PP de Madrid
Ricardo Romero de Tejada, al quien Simancas acusó de ser "el capo"
de la trama.
Según Nolla, las personas supuestamente implicadas "no eran fiables"
y "mentían". Aseguró que días antes de la
fallida investidura Tamayo conversó con los empresarios de la
construcción Francisco Bravo y Francisco Vázquez relacionados según
el PSOE con el tránsfuga.
La
exdiputada regional de Izquierda Unida Caridad García afirmó que la
comisión "no sirvió para nada", ya que los populares estaban
"implicados hasta las cejas" y no permitían que comparecieran
aquellas personas "que consideraban próximas a ellas". En su
opinión, el PP no les facilitó la documentación necesaria, estuvo en
connivencia con Francisco Bravo y Francisco Vázquez. Ellos lo
negaron todo, desde la relación con el PP hasta la trama
urbanística.
Para
Simancas, en la actualidad secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes y Asuntos Constitucionales, "no hay razones políticas"
que justifiquen la "indignidad" en la que incurrieron Tamayo y Sáez,
y confía en que la "porquería" que hay detrás salga a la luz. El 18
de septiembre de 2018, en un cara a cara de Simancas con el
expresidente de Gobierno José María Aznar, en la comisión de
investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del
PP, el diputado socialista le acusó de dar indicaciones al ministro
de Justicia, al fiscal general del Estado y al delegado del Gobierno
para "evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel
gobierno".
El tránsfuga socialista Eduardo Tamayo plasmó
con su puño y letra un esquema sobre la estructura y ejecución del
Tamayazo,
según infoLibre. Los manuscritos consisten
en cuatro folios fotocopiados, en los que Tamayo desvela la
organización del complot y anota nombres de políticos y empresarios
involucrados. José Luis Balbás, Dionisio Ramos y Ricardo Romero de
Tejada son tres personas a las que Tamayo señala en sus papeles. En
octubre de 2018 Tamayo afirmó en una entrevista a Telemadrid que se
ausentó de la votación por desavenencias con la cúpula del PSOE de
Madrid y del PSOE nacional.
El caso
marcó un antes y un después en la historia de los socialistas
madrileños, que nunca han conseguido gobernar en la Comunidad de
Madrid, por lo que las consecuencias políticas fueron relevantes
Tanto el PSOE como el PP han procurado evitar el tema, y el caso fue
apartado del debate político tras los segundos comicios.
Fue un
escándalo político y un desastre emocional entre los militantes
socialistas, que habíamos vivido intensamente aquellas elecciones
autonómicas. Ya nada fue igual. Todo cambió. Hoy sigue habiendo
lagunas y rincones oscuros sobre como ocurrió la traición, quién la
provocó y cuanto fue la bolsa que recibieron los traidores, junto a
quienes la pagaron. Conocemos a quienes se favorecieron del suceso:
el Partido Popular y sus políticas contra todo lo público,
utilizando la corrupción sistemática para favorecer a unos pocos,
los de siempre.
