Fue el día
24 de enero de 1977, en Madrid, cuando en el despacho de abogados
laboristas de Comisiones Obreras, un grupo de terroristas fascistas
asaltaron la sede en la calle de Atocha número 55Asesinaron a cinco
personas y dejaron gravemente heridas a otras cuatro. La dictadura
franquista seguía viva y no iba a consentir que la democracia se
estableciera en España.
Lo ocurrido
fue una operación diseñada desde los despachos del régimen franquista,
representantes de lo más granado de la ultraderecha, para sembrar el
terror entre los luchadores contra el franquismo y por las libertades.
La provocación y el odio de los asesinos contra la democracia que
empezaba a florecer, cercenaron la vida de unos abogados laboralistas
comprometidos con la justicia social. Franco había muerto en 1975 y
las nuevas autoridades, parecía que querían poner fin a la dictadura
de forma controlada. Se incrementaron las movilizaciones y la voz del
pueblo empezó a escucharse por las calles.
En la matanza de Atocha, los abogados
asesinados fueron: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira y Javier
Sauquillo. También mataron al estudiante de Derecho Serafín Holgado y
al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron
gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta
Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
Tras la dimisión de Arias Navarro, es nombrado
presidente del Gobierno Adolfo Suárez, quien entiende que la solución
a la situación que vive el país −aislada de Europa y de los países
democráticos− pasa por la apertura. Se convoca un referéndum para el
15 de diciembre de 1976 con la pregunta: ¿Aprueba el Proyecto de Ley
para la Reforma Política?, el 77,8% del pueblo censado acudió a votar
y el 94,17% de los votantes dijo Sí. Con este resultado, se promulgó
la
Ley para la reforma política de 4 de enero de 1977.
La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la
Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, enunciaba su
artículo 1. También se establecía que la potestad de elaborar y
aprobar las leyes residía en las Cortes.
Mostrada la
voluntad a favor de la democracia, dio comienzo la campaña organizada
de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la
ultraderecha, para provocar una intervención militar y un golpe de
Estado, como así ocurrió el 23F de 1981 y algún que otro intento más.
Cuarenta días después de la celebración del referéndum, los fascistas
perpetraron la matanza de Atocha.
Los
terroristas llamaron al timbre del despacho entre las 22:30 y 22:45;
buscaban al dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general
del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas
huelgas, que de alguna forma desarticularon a la cúpula franquista del
transporte. Al no encontrarlo en el despacho, decidieron matar a los
presentes. Eran dos jóvenes con armas de fuego con quienes iba una
tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y
registrar los despachos. Una de las abogadas del bufete, Manuela
Carmena (quién después fuera alcaldesa de Madrid), logró evitar el
atentado porque Benavides le había pedido su despacho para una
reunión.
Unos días
antes, habían asesinado al estudiante Arturo Ruiz, en el transcurso de
una manifestación, convocada a favor de amnistía para los presos
políticos. También fue asesinada por la policía Mariluz Nájera, por un
bote de humo lanzado a corta distancia que le impactó en la frente.
Por la mañana del día 24, conocíamos el secuestro del Teniente general
Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, por
los GRAPO. En aquella fecha, también llevaba secuestrado desde hacía
dos meses, José María de Oriol, Presidente del Consejo de Estado. Toda
una escalada de tensión provocada, hasta llegar a la noche sangrienta
del lunes 24 de enero.
El Tribunal
dictó sentencia el 5 de marzo de 1980, considerando que los procesados
Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte
Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá,
Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez constituían un grupo activista
e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y
totalitaria, disconformes con el cambio institucional que se estaba
operando en España. Se condenó a Fernández Cerrá y García Juliá a un
total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un
total de 73 años. Fue un juicio que se hizo al franquismo y el primero
en el que se condenó a franquistas, por delito de asesinato y no
terrorismo.
Al entierro
de las víctimas de la matanza de Atocha asistimos más de cien mil
personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda
después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y
sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de
solidaridad en todo el país, además de un paro nacional el día después
del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja de que
las fuerzas de seguridad protegieron a los miembros de un partido
todavía ilegal, contribuyendo en buena medida para la legalización del
PCE.
La matanza
de Atocha es el momento más grave de los distintos sucesos violentos
que se fueron sucediendo, poniendo en peligro un cambio político y
social en el país, con atentados de ETA, el GRAPO y de otras
organizaciones, como el Movimiento por la Autodeterminación e
Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan
las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la
dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud
social.
Quedan
dudas de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los
atentados, si era un crimen de Estado en plena Transición. El juez de
la Audiencia Nacional, Rafael Gómez-Chaparro, se negó a investigar más
allá de los encausados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada,
que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito
prescribió en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por
Semana Santa que el juez Gómez-Chaparro le concedió en abril de 1979,
contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la
actualidad. El juicio de los asesinos de Atocha, la mayoría de los
criminales próximos a Falange Española, fue la primera vez que la
extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada.
El
periódico italiano Il Messaggero publicó en marzo de 1984 que
neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue
respaldada en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que
Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización
Gladio, una red clandestina anticomunista dirigida por la CIA, había
participado en la matanza.
Los
abogados, el estudiante y el administrativo fueron asesinados, en una
matanza que dejó a cuatro personas más heridas, supuso uno de los
puntos de inflexión de la transición política, que estuvo marcada por
la violencia descontrolada de militantes de partidos de extrema
derecha y distintos elementos de lo que hoy se llaman cloacas
policiales y entonces se llamaban simplemente cuerpos policiales.
Durante el proceso, llamó la atención la presencia de agentes de
paisano dando apoyo a los acusados.
Cuarenta y
siete años después de la matanza, en la plaza de Antón Martín, muy
cerca de Atocha 55, El Abrazo, una escultura en bronce del pintor
valenciano Juan Genovés recuerda a los jóvenes abogados laboralistas
asesinados.
En recuerdo
y homenaje a aquellos abogados que dieron su vida por sus ideales en
una España que estaba creando su futuro, para que no se repitan nunca
más hechos terroristas como éste. |