Los
ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta petición manifestamos nuestro
desconcierto, y consiguiente indignación, ante la
incapacidad de los partidos políticos para acordar la investidura de un
candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno
que posibilite la formación de un gobierno de la nación
que dé respuesta a los acuciantes problemas a los que se enfrenta
nuestro país y que no pueden esperar más, poniendo en marcha un paquete
de medidas urgentes que recuperen los derechos sociales y económicos
hurtados en la última legislatura, disposiciones apremiantes contra la
corrupción, por la regeneración democrática y un plan de emergencia
social contra los que peor lo están pasando.
Ante una
eventual repetición de las elecciones,
queremos trasladar a
los partidos políticos
nuestro desacuerdo y les exigimos que asuman su responsabilidad
ante lo que consideramos un gravísimo
incumplimiento del mandato electoral de los ciudadanos y
ciudadanas en las urnas
y por los nuevos gastos en los que incurriría el erario público
en un momento en el que aún estamos inmersos en una
larga y complicada crisis económica.
Como
consecuencia de lo anterior, le anunciamos nuestra voluntad de
presentar: Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la Ley
Electoral, en tiempo y forma de acuerdo con la legalidad vigente, que
haga recaer sobre los partidos y diputados y senadores elegidos en las
urnas el 20-D de los distintos grupos parlamentarios, la responsabilidad política, fruto de su incapacidad o seguidismo,
para acordar la gobernabilidad del país
a partir de lo decidido por el voto popular, de manera
que si en el caso de que cumplido el plazo fijado en la Constitución
Española se debieran convocar nuevos comicios, se considerarían
inhabilitados cada uno de dichos parlamentarios para volver a
formar parte de las candidaturas de cualquier lista electoral en las dos
próximas legislaturas.
Igualmente, en línea con el no acuerdo,
los Grupos Parlamentarios
asumirían la responsabilidad económica derivada de su incapacidad
política
manifiesta e instarían a las tesorerías de sus respectivos
partidos políticos a:
Ingresar en las arcas públicas, en función del porcentaje de votos
obtenidos el 20-D, los gastos generados por el Estado para la puesta en
marcha y realización de la campaña electoral que hubo.
Reintegro de lo percibido por cada partido por los votos y escaños de
diputados y senadores alcanzados.
Montante íntegro de los emolumentos cobrados por sus señorías y grupos
parlamentarios desde la toma de posesión hasta el cese.
El
total ingresado tendría carácter finalista y sería destinado a la
financiación por el Gobierno en funciones de la nueva convocatoria
electoral anticipada y de los gastos iníciales de la nueva legislatura
