Es un
clamor entre los partidos políticos la necesidad de reformar la
Constitución. También seis de cada diez españoles están a favor. La
cuestión es que no hay acuerdo sobre los aspectos a enmendar. Algunos
pretendemos que la enmienda sea a la totalidad; comenzando con el
artículo 1.3, en el que se declara que «La forma política del Estado
español es la Monarquía». Si, ya se que una República no garantiza el
mejor gobierno, pero si que no haya monarquía.
En 1978, el
Estado quedaba configurado como una «monarquía parlamentaria». Fui uno
de aquel 67,11% de votantes (hubo una abstención del 32,89%) en el
referéndum del 6 de diciembre. El 88,54% dijimos sí a la Constitución,
frente al 7,89% que la negó. No reniego del sentido de mi voto, lo que
no quiere decir que acepte ni lo sucedido desde entonces ni la
realidad injusta que hoy vivimos. Abogo decididamente por una nueva
Constitución, que supere la del 78 heredera del Estado totalitario.
Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud
y bienestar. Luego las cosas no han sido como hubiéramos deseado que
fueran, aunque estamos a tiempo de que lo sean.
La monarquía es la antítesis de la democracia,
«el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de la clase
trabajadora y de la mayoría social». La cuestión catalana y la crisis
de la monarquía ha cohesionado un bloque, capitaneado por los llamados
partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), que está
imprimiendo al sistema una deriva hacia políticas que podríamos
calificar de reaccionarias, como la ley Mordaza y otras medidas que
aplican con saña contra quienes luchamos por los derechos y libertades
(Manifiesto
republicano para la jornada del 6 de diciembre).
La política del Gobierno del PP, con el apoyo decidido del PSOE y C's,
sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una
Segunda Transición, que intentan llevar a término con una reforma
constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el
conjunto de la sociedad sea derrotada durante otros cuarenta años.
Hemos conocido por el diario El Mundo, que
seis de cada diez españoles consideran necesario reformar la
Constitución (61,6%). Además el sondeo
indica que el 68,5 % de los encuestados creen que los partidos
políticos no se pondrán de acuerdo a la hora de modificar la Carta
Magna, una opinión que comparten sobre todo los votantes de Unidos
Podemos (81,2 %) y los electores menores de 29 años (84,1 %). Sólo el
19,0% de los encuestados confían en que los partidos políticos
alcancen un consenso para la reforma. Es significativo que un 48,9% de
los votantes del PP son partidarios de la reforma constitucional, pese
a que ni Rajoy ni la dirección del PP muestren gran entusiasmo. Los
electores de Ciudadanos (71%) sí apuestan por los cambios.
M. Rajoy, dice que
el compromiso con el PSOE para reformar la Constitución era solo «para
hablar» y que la reforma de la Constitución
«no puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidarla»,
refiriéndose al procès en Catalunya. El Gobierno, aún con sus
contradicciones, no cierra la puerta a la modificación de la Carta
Magna y admite que puede promover una regresión autonómica, que
suponga que «el
Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales»,
promoviendo la devolución de competencias autonómicas al Estado. Para
el ministro Catalá, el desafío secesionista en Catalunya ha abierto
una nueva etapa que, a su juicio, supone que «algunas políticas, que
tuvieron sentido en el momento inicial del Estado de las autonomías,
ahora se han puesto de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado
disonante». ¡Madrecita que me quede como estoy! Si han sido capaces de
atacar algunos derechos y libertades, lo de las competencias a las
CCAA, será un paseo militar.
Los
acontecimientos en Cataluña evidencian la herencia del franquismo. Se
han pisoteado derechos fundamentales, como la libertad de expresión,
opinión, reunión y manifestación. El Estado ha hecho uso de la
represión y violencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y
acallar su voz. Ha encarcelado a representantes políticos y sociales
por su acción pacífica en defensa de sus derechos políticos. Se ha
aplicado el artículo 155, atentado antidemocrático, que elimina la
representación legítima del pueblo de Catalunya y les condena a la
condición de «presos políticos».
Y es que la Constitución de 1978 se hizo de
urgencia y no se remató. Alfredo Pérez Rubalcaba pide reformar la
Constitución para atajar la crisis territorial, al ser un modelo
inacabado, tratar sobre las competencias incompletas e «incorporar los
derechos sociales perdidos» En su artículo
Tan difícil como necesaria, aborda la
reforma para resolver las tres crisis simultáneas que padecemos:
económica, política y territorial. Rubalcaba señala que cuando los
socialistas plantearon una reforma constitucional, lo hicieron para
salir del paso de la crisis territorial que se estaba incubando. A su
juicio, hay que «constitucionalizar
algunos derechos y desconstitucionalizar otras medidas».
Con la crisis económica como justificación, el Gobierno de Rajoy llevó
a cabo medidas excepcionales que se deben revertir. «Según el
diccionario de la RAE, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo», y
ni derechos ni empleo ni prestaciones sociales se han vuelto a tener.
Propone clarificar la distribución de competencias y reformar el
Senado en el que las CCAA puedan participar directamente en el proceso
legislativo, así como crear un sistema de financiación «transparente,
justo y solidario».
De la propuesta de reforma constitucional que
hace Pedro Sánchez mejor no hablar. El objetivo es la modernización
del modelo territorial, como respuesta el desafío independentista en
Catalunya y reconocer la «plurinacionalidad» de España, como «nación
de naciones». La propuesta requeriría una reforma del artículo 2 del
Título Preliminar («La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones»). Habría que reformar en su totalidad el
Título VIII,
De la Organización Territorial del Estado; y
aplicar el artículo 168: disolución de las Cortes, convocatoria de
elecciones y referéndum sobre el asunto. Demasiado trámite para no
resolver nada ni la cuestión catalana.
La cuestión catalana y la aplicación del
artículo 155, con el apoyo explicito de Pedro Sánchez, ha sido el
detonante, para que Unidos Podemos abandone la comisión de estudio no
permanente para abordar la cuestión territorial propuesta por el PSOE.
«El PSOE no puede abrir el melón constitucional desde el apoyo al
155». Tanto Podemos como IU, defienden la necesidad de abrir un
amplio proceso constituyente y refundar consensos
no solo territoriales, sino también sociales, de regeneración
política, independencia judicial, lucha contra la corrupción y
reversión del 135.
La
monarquía, su Constitución, sus instituciones y leyes, no solo han
manifestado su incapacidad para dar una solución democrática a las
demandas del pueblo, a los problemas políticos y a las demandas
populares, sino que también han sido incapaces de impedir y eliminar
las penurias y sufrimientos de millones de personas. Poco se ha hecho
contra la pobreza y desigualdad creciente; pocas medidas contra el
paro y la precariedad laboral. Nada contra el exilio forzoso de
centenares de miles de jóvenes o solucionar el problema de la
vivienda. Y que decir de la vergonzosa corrupción.
La semana culminó conociendo que el Partido
Popular, se ha convertido en la
primera formación política que se sentará como acusada ante la
Justicia, por la destrucción de los discos
duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Francisco
Camps
es citado a declarar como investigado (imputado) por la Fórmula 1 en
Valencia. El fiscal que llevaba el caso Lezo
dejó un escrito en el que pedía la imputación de Aguirre y Gallardón
por prevaricación y malversación de fondos públicos
en la construcción de un campo de Golf en pleno centro de Madrid. Por
esto y todo lo demás nos merecemos otro Sistema, por justicia y
dignidad; porque el actual no nos protege. Sería el momento para que
la oposición exigiera la dimisión en pleno del Gobierno.
El Estado,
sus instituciones, los partidos, permiten estas tropelías y otras
actuaciones antidemocráticas, apelando a la Constitución, a la
legalidad, a la ley. Ellos son quienes las han hecho, quienes las
aplican y quienes se las saltan en su propio provecho e interés y en
contra el pueblo soberano. Se cambió la Constitución en 15 días para
favorecer a la banca y en perjuicio de los servicios públicos y gastos
sociales, poniendo la soberanía a los pies de la Unión Europea. Se ha
impedido la aprobación de una ley de dación en pago; se han aprobado
reformas laborales que no han eliminado el paro, condenando a cada vez
más trabajadores a salarios de hambre; reformaron las pensiones que
nos obliga a los mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; hacen
leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores y
menos a los ricos y grandes empresas. ¡Ellos y sus leyes! Y de la
división de poderes hablaremos otro día.
No es
reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo
para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del
Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma
política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado
federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los
derechos económicos y sociales, configurando un auténtico Estado
social y democrático. No debe ser una reforma de adaptación, sino una
ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado
resultado, ahora está agotado.
El sistema
político diseñado en la Constitución de 1978 hace aguas. Ha sido
incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y
democrático de derecho. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que
ponga fin a los postulados de la Transición, que cuestione la forma
política de Estado (artículo 1.3 CE). El acceso a la Jefatura del
Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no
puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y
democrática concurrencia ciudadana. No cabe que la persona del jefe
del Estado (ahora el rey) sea inviolable y no sujeta a
responsabilidad.
Ante este 6
de diciembre, apuesto por un referéndum sobre la forma política del
Estado; por la equiparación de los derechos económicos, sociales y
culturales con los derechos civiles y políticos. «Contra la
Constitución del 78 y por la República».