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Que se desclasifiquen
los documentos secretos del 23-F |
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"Para
Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el rey". La
afirmación pertenece a Pilar Urbano, autora de La gran
desmemoria, el libro en el que la periodista y escritora
acusa al monarca de estar al corriente de la
llamada Operación Armada
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23-F de 1981.
Golpe de Estado |
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35 años después,
¿dónde están hoy sus protagonistas? |
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23-F: 35 años después,
¿dónde están hoy sus protagonistas?
Se cumple el 35 aniversario del
intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, una fecha que
recuerdan todos los que la vivieron e, incluso, lo que hicieron
durante las 18 horas que el Congreso estuvo secuestrado.
Público - EFE
Mañana se cumple el 35 aniversario
del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, una fecha
que recuerdan todos los que la vivieron e, incluso, lo que hicieron
durante las 18 horas que el Congreso estuvo secuestrado. La mayoría
de los personajes claves de aquella jornada histórica han
desaparecido de la escena política o han fallecido, pero cuando
llega la fecha aún rememoran lo acaecido aquel día, a pesar de la
fragilidad de memoria que tienen los españoles con los sucesos
políticos.
A 18.23 horas, el teniente coronel de
la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió al frente de 200 guardias
civiles en el hemiciclo, donde se votaba la investidura de Leopoldo
Calvo Sotelo. Tejero, sentenciado a 30 años de prisión por un delito
de rebelión militar, fue el último de los condenados en salir de la
cárcel, en la que permaneció quince años y nueve meses, y es de los
pocos golpista que continúa vivo.
Jaime Milans del Bosch, capitán
general de la II Región Militar, que impuso el estado de excepción
en Valencia, el general de división del Ejército de Tierra, Alfonso
Armada y el Jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete,
José Ignacio San Martín, son algunos de los ya fallecidos.
El presidente en funciones en ese
momento, Adolfo Suárez, y el que iba a ser investido también han
muerto, así como otros protagonistas: el secretario general de la
Casa de Su Majestad el Rey, Sabino Fernández Campo, el
vicepresidente del Gobierno y teniente general del Ejército, Manuel
Gutiérrez Mellado, el secretario del PCE y único diputado que
permaneció sentado, Santiago Carrillo, o el presidente de Alianza
Popular, Manuel Fraga.
El
presidente en funciones en ese momento, Adolfo Suárez, y el que iba
a ser investido también han muerto, así como otros protagonistas
Cuando media España oyó en la radio o
vio la televisión la irrupción de Tejero en el Salón de Plenos y su
grito de "todos al suelo", el presidente del Congreso era Landelino
Lavilla y llamaba a votar al diputado socialista Manuel Núñez
Encabo.
Todo el mundo recuerda a Gutiérrez
Mellado, que se fue hacia ellos y fue zarandeado por Tejero,
mientras varias ráfagas de subfusiles acribillaron la cúpula del
hemiciclo y Suárez intentaba socorrerle. Horas después, tres
escuadrones con blindados ocupaban las instalaciones de RTVE en
Prado del Rey, por lo que TVE no informa sobre lo que ocurría y
Radio Nacional sólo emitía música, hasta que a las 21.00 los
militares se retiran.
Poco antes, Tejero ordena la salida
del hemiciclo y los recluye en diversas dependencias del Congreso a
Suárez, Gutiérrez Mellado, el entonces ministro de Defensa, Agustín
Rodríguez Sahagún, el secretario general del PSOE, Felipe González,
Santiago Carrillo y el vicesecretario de los socialistas, Alfonso
Guerra.
A la 01.14 horas, el Rey Don Juan
Carlos, con uniforme de capitán general, dirige un mensaje a los
españoles a través de la radio y la televisión, en el que ordena el
mantenimiento del orden constitucional. Poco caso hizo el comandante
de infantería Ricardo Pardo Zancada, que acude, posteriormente, al
Congreso y se suma al golpe con 113 hombres de la Policía Militar de
la Brunete.
No obstante, la suerte está echada,
desde las 10.30 del día 24, una decena de guardias civiles comienza
a entregarse a la Policía Militar y en torno a mediodía salen el
Gobierno, los diputados y los periodistas encerrados. Sobre las
12.30 horas Tejero se entrega y abandona el Congreso junto a los
guardias civiles implicados en el asalto
Treinta años después de lo sucedido, el Congreso publicó un acta con
los pormenores de lo ocurrido, escrita por los cuatro secretarios de
la Mesa
Treinta años después de lo sucedido,
el Congreso publicó un acta con los pormenores de lo ocurrido,
escrita por los cuatro secretarios de la Mesa a petición de Lavilla,
quien se ofreció a Tejero esa madrugada para quedarse hasta el
final, dada la calma que existía fuera del Congreso y permitiera
salir a los demás.
Heridos y evacuados
Los héroes y antihéroes de aquella
jornada están muy presentes en la memoria colectiva, pero quizás no
recuerden tanto que dejó algunos heridos y evacuados. Ocho diputados
-Fernando Sagaseta, Asunción Cruañes, Gabriel Cisneros, José Antonio
Trilla, Faustino Múñoz, José Rodríguez, Francisco Javier Sanz y
Francisco Vázquez- recibieron asistencia por parte de los también
diputados y doctores Donato Fuejo y Carlos Gila, así como por la
médico Carmen Echave, que estaba en la tribuna de invitados y
atendió a varios de ellos.
De
los heridos, Cruañes, Muñoz, Rodríguez, Vázquez y Cisneros fueron
conducidos a centros hospitalarios
Además, ella salió del Congreso a por
medicinas y volvió con información para los diputados. Los
lesionados sufrieron contusiones o heridas a causa del tiroteo
inicial, del rebote de los casquillos o del desprendimiento de
cristales y escayola.
De los heridos, Cruañes, Muñoz,
Rodríguez, Vázquez y Cisneros fueron conducidos a centros
hospitalarios, aunque éste, después de ser asistido por primera vez,
se incorporó a su escaño y fue desalojado de nuevo por sentirse
indispuesto otra vez. El senador David Pérez Puga también fue
desalojado, mientras que el diputado Jesús Aizpun se negó, pese a
que padecía afecciones cardiacas.
También tuvieron que ser atendidos
tres invitados, que sufrieron cortes o contusiones en el tiroteo
inicial. Precisamente con los tiros y su número ha habido polémica
en estos años, ya que algunos han desaparecido y otros han aparecido
debido a las diversas obras que se han practicado en el Palacio.
En las del verano de 2013
"desaparecieron" cinco impactos, pero se descubrieron otros ocho, lo
que viene a ser una ráfaga de metralleta de los hombres de Tejero.
Los técnicos del Congreso señalaron que había ocho tiros de más y
constataron que ya no estaban diez de los impactos originales.
En un detallado informe fechado en
diciembre de 1981, el arquitecto conservador del Congreso
contabilizaba 37 impactos, ahora quedan 35, entre ellos, esos ocho
que no se conocían hasta ese verano. La respuesta a esa "perdida"
sería las sucesivas obras que se han llevado a cabo en el hemiciclo
en esos años, ya que desde 1988 se han acometido importantes
remodelaciones del Salón de Plenos.
Fuente:
Público
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o La
Ley de Secretos, de 1968, no prevé la desclasificación periódica de
archivos ni la existencia de listados sobre qué documentos
permanecen ocultos ni por cuánto tiempo
o Los
expertos piden una reforma de esta norma que pondere el
presunto daño a la seguridad del Estado frente al interés público
del acceso a la información
La
documentación oficial
de la investigación judicial que se llevó a cabo
para esclarecer el golpe de Estado promovido por el teniente coronel
Antonio Tejero se encuentra bajo secreto. Y así seguirá, si no es
desclasificada antes, hasta el año 2031.
Una ley aprobada en la época de Franco impide conocer
con exactitud qué pasó en uno de los momentos claves desde la
reinstauración de la democracia en España. Se trata de la
Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968.
Desde entonces esta norma sólo fue modificada una vez –y de forma
parcial– en 1978, antes de la aprobación de la Constitución. En su
artículo 2, esta ley establece que son "materias clasificadas" los
asuntos, documentos o informaciones
"cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner
en riesgo la seguridad y defensa del Estado".
Esas materias, a su vez, son calificadas de secretas o reservadas
según el grado de protección que requieran.
La competencia sobre quién puede dictar esa reserva
recae únicamente sobre dos instituciones: el
Consejo de
Ministros y el Estado Mayor de la
Defensa.
Además, los ministerios de Defensa, Exteriores e Interior también
gozan de esa potestad siempre que haya un acuerdo previo del
Ejecutivo. Pero lo "grave", tal y como explica a
infoLibre
Carlos Sanz,
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid, es que no existen listados
sobre qué documentos están clasificados ni por
cuánto tiempo.
Es decir, es imposible saber qué documentos
reservados del 23-F serían susceptibles de desclasificación. "Hay suposiciones sobre información que puede haber existido
pero su existencia no se puede demostrar. Por ejemplo se cree que
puede haber grabadas centenares de horas de
conversaciones mantenidas aquel día entre el Congreso y el exterior,
tal y como han asegurado periodistas de investigación, pero no hay
certeza de ello. Es un primer obstáculo a la hora de hacer cualquier
demanda de información", señala Sanz.
Este historiador alude a la proposición no de
ley que el grupo de Izquierda Plural presentó en el Congreso durante
la pasada legislatura y en la que pedía la desclasificación de todos
los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en
poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia,
relacionados con ese momento de la historia de España. "Pero
el primer escollo
es que ni siquiera un grupo parlamentario puede
hacer una relación de los documentos a desclasificar", se queja
Sanz.
Acceso a la información
La legislación española tampoco prevé el establecimiento de
mecanismos
por los que los ciudadanos puedan pedir la
desclasificación de los secretos, una cuestión que consagran los
convenios europeos de transparencia y de garantía en el acceso a
la información que España ha rubricado pero a los que no da
cumplimiento. Otra anomalía es la no existencia de mecanismos
automáticos de desclasificación como sí hay en otros países, tal y
como denuncia
Susana Sánchez Ferro,
profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de
Madrid.
Pero hay más. Sánchez Ferro apunta como
otra deficiencia de la situación española la no
existencia de un sistema en el que
se pondere el daño
que se puede hacer a la seguridad del Estado
frente al interés público del acceso a esa información. "La realidad
es que prácticamente todo puede ser clasificado y el único control
que existe es el de la Comisión de Gastos Reservados, conocida como
de secretos oficiales. Sin embargo, hay tal cantidad de información
que se puede clasificar que es complicado que los diputados la
puedan analizar con detenimiento".
Por eso, respecto al 23-F, Sánchez Ferro
considera que se debería tener en cuenta si ese supuesto riesgo a la
seguridad del Estado que justifica el mantenimiento en secreto de
documentos relacionados con ese acontecimiento
es "actual". "Mucha
de esa información tiene un interés histórico evidente
y podría desclasificarse perfectamente manteniendo
a la sombra cuestiones como las fuentes, los confidentes, los medios
de trabajo de los servicios de inteligencia... El problema es que
como no hay mecanismos de revisión automática ni sistemática de los
documentos clasificados se produce una acumulación que hace que sea
complicado y costoso acceder a esa desclasificación".
Ley de Transparencia
Hace dos años, un libro publicado por
la periodista Pilar Urbano
en el que
esta acusaba al rey Juan Carlos I de estar al corriente de la
llamada Operación Armada, cuya
meta habría sido poner a este general en la presidencia de un
gobierno de concentración cuyo vicepresidente era Felipe González,
volvió a poner el foco en la opacidad que rodea al 23-F. El programa
Salvados de
LaSexta también denunció
a través de un falso documental
lo
poco que se conoce de forma clara todavía sobre este hecho. Sin
embargo, poco ha cambiado desde entonces.
La Ley de Transparencia, que entró en vigor a
finales de 2014, aborda de una manera tangencial y regresiva este controvertido asunto. De
hecho, en su artículo 14 detalla que el derecho al acceso a la
información "podrá ser limitado cuando acceder a la información
suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las
relaciones exteriores, la seguridad pública, […] los intereses
económicos y comerciales, la política económica y monetaria […], la
garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos
de toma de decisión, o la protección del medio ambiente". No
precisa, no obstante, en qué circunstancias está restringido el
acceso a estas materias reservadas.
El problema, según Sánchez Ferro, es que
el ítem es "muy amplio" y "no concreta el perjuicio".
Es decir, da igual que ese daño sea leve o grave, basta con que la
autoridad entienda que hay un perjuicio para que se deniegue el
acceso. Y una vez denegado el particular tiene que acceder a los
tribunales –que han sido tradicionalmente muy garantistas– para que
intentar que se le facilite el acceso a esa información. Esta
experta sí valora que la Ley de Transparencia establezca la
posibilidad de clasificar documentos sólo de forma parcial, algo que
era
imposible hasta su
aprobación.
Fuente:
Elena Herrera infoLibre
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23-F de 1981. Golpe de Estado
El golpe de Estado de 1981 en España,
también conocido como 23F fue un golpe de Estado perpetrado el 23 de
febrero por algunos mandos militares.
Los episodios centrales fueron el
asalto al Palacio de las Cortes por un numeroso grupo de guardias
civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio
Tejero, durante la sesión de votación para la investidura del
candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de
la Unión de Centro Democrático, y la ocupación militar de la ciudad
de Valencia en virtud del estado de excepción proclamado por el
capitán general de la III Región Militar Jaime Miláns del Bosch.
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Antecedentes
El
golpe de Estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con
los acontecimientos vividos durante la Transición Española. Cuatro
elementos generaron una tensión permanente, que el gobierno de UCD
no logró contener: los problemas derivados de la crisis
económica, las dificultades para articular una nueva organización
territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por
ETA y la resistencia de
ciertos sectores del
ejército a aceptar un sistema democrático.ç
Los
primeros síntomas de malestar en el
ejército aparecieron en abril de 1977, cuando con motivo de
la legalización del PCE, el día 9 de ese mismo mes, Sábado Santo,
dimitió el almirante Pita
da Veiga, ministro de Marina, y el Consejo Superior del Ejército
emitió una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha
legalización, aunque la acatase. En noviembre de 1978
tuvo lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una
intentona golpista por la cual su principal responsable, Antonio
Tejero, fue condenado a siete meses de prisión.
Mientras crece la voluntad golpista en sectores del
ejército y de la extrema derecha, el
gobierno progresa en el inicio de la década hacia una
profunda crisis, que durante 1980 se volverá cada vez más
insostenible. Entre los principales acontecimientos destacan la
dimisión del ministro de Cultura, Manuel Clavero, el 15 de enero, la
remodelación del gobierno
el 3 de mayo, la moción de censura presentada contra Adolfo Suárez
por parte del PSOE
los días 28-30 de mayo, la dimisión el 22 de julio del
vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, que produce
una nueva remodelación en septiembre, y la elección en octubre de
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como portavoz del grupo
parlamentario centrista, candidato alternativo al oficial (Santiago
Rodríguez-Miranda) promovido por Suárez.
La
debilidad creciente de Suárez
en el seno de su propio partido propicia la presentación de
su dimisión como
presidente del Gobierno y
de UCD el 29 de enero de
1981, en una intervención televisiva, tras la cual los
acontecimientos se precipitan. El 1 de febrero, el Colectivo
"Almendros" publica en El Alcázar un artículo claramente
golpista; del 2 al 4 de febrero,
los reyes viajan al País Vasco y visitan la Casa de Juntas de
Guernica, donde los diputados de
Herri Batasuna les
reciben con un fuerte abucheo y varios incidentes, y el 6 de febrero
aparece asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz,
José María Ryan, secuestrado unos días antes, mientras se
sigue sin noticias de otro industrial secuestrado, Luis Suñer.
En medio de
este tenso clima, se ponen en marcha los procesos de sustitución de
Suárez. Entre los días 6 y 9 de febrero tiene también lugar el II
Congreso de UCD
en Mallorca, donde el partido aparece descompuesto y es
elegido como presidente Agustín Rodríguez Sahagún, y el día 10,
Leopoldo Calvo-Sotelo es nombrado candidato a
presidente del
Gobierno.
El
periodista Emilio Romero Gómez
publicó días antes del golpe un artículo en el diario ABC
en el que criticaba duramente al dimitido Adolfo Suárez,
defendía la necesidad de 'un golpe de timón' y proponía al general
(posteriormente implicado en el golpe) Alfonso Armada como posible
candidato a Presidente del Gobierno.
En
este enrarecido escenario, el día 19, Calvo-Sotelo
presentaba su
gobierno, pero en la votación del día 20 no obtuvo la mayoría
necesaria para la investidura, por lo que debía producirse una nueva
votación el día 23, día que elegirían los golpistas para su
tentativa de golpe de Estado. Una tentativa en la que iban a
confluir las voluntades de un golpe duro, promovido por el capitán
general Jaime Milans del Bosch
y uno blando promovido por el general Alfonso Armada, en
aquel momento hombre de confianza del Rey.
Desarrollo del golpe de
Estado
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General Alfonso Armada |
General Milans del Bosch |
En
el golpe
del día 23 coinciden las distintas tramas golpistas que
operaban desde el inicio de la Transición, mediante una acción
coordinada.
A las seis en
punto de la tarde empieza la votación nominal para la
investidura
de Leopoldo Calvo-Sotelo
como Presidente del Gobierno. A las 18:22 horas, cuando iba a
emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, se inicia
la operación "Duque de Ahumada", en referencia al fundador de la
Guardia Civil. Según el plan trazado, un grupo de guardias civiles,
subfusil en mano, irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los
Diputados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero. Éste,
desde la tribuna, gritó «¡Quieto todo el mundo!» (Sic) y dio
orden de que todos se tirasen al suelo.
Como
militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente
del Gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado
se levantó, se dirigió al teniente coronel Tejero y le ordenó
que se pusiera firme y le entregase el arma. Tras un brevísimo
forcejeo y para reafirmar su orden, Tejero efectuó un disparo que
fue seguido por unas ráfagas de los subfusiles de los asaltantes.
Estos disparos provocaron heridas a algunos de los visitantes del
palco superior. Sin inmutarse, con los brazos en jarras, el anciano
general permaneció indiferente al sonido de las armas. Mientras la
mayor parte de los diputados obedecía las órdenes de Tejero, el
diputado Carrillo y el presidente Suárez
se mantuvieron sentados en sus escaños. Suárez incluso hizo
ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado. Durante el asalto, un ayudante
de uno de los diputados sufrió un ataque de ansiedad y golpeó a un
presente en la nariz.
Doña
Carmen Fernández de Córdoba y Calleja, sobrina del
teniente general
Gutiérrez Mellado se
considera la primera civil en abandonar el hemiciclo.
Pedro Francisco Martín, operador de
Televisión Española, grabó más de media hora del momento,
aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable
sobre la tentativa de golpe de Estado. Con la toma del Hemiciclo y
el secuestro de los poderes ejecutivo y legislativo, se intentaba
conseguir el llamado "vacío de poder", sobre el cual se pretendía
generar un nuevo poder político. Más tarde, cinco de los diputados
fueron separados del resto: el presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez González, el ministro de Defensa
y presidente de UCD,
Agustín Rodríguez Sahagún, el líder de la oposición, el
socialista Felipe González Márquez, el segundo en la lista del PSOE,
Alfonso Guerra, y el líder del Partido Comunista de España, Santiago
Carrillo.
Aquella noche es recordada como «la noche de los transistores»,
debido a que la Cadena SER
continuó emitiendo y una buena parte de la población la pasó
conectada a la radio siguiendo los acontecimientos.
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Teniente coronel Antonio
Tejero Molina |
Poco
después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia
el Capitán General
de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, quien desplegó la
División Motorizada "Maestrazgo", con 1800 efectivos, decenas de
vehículos militares y tanques a las calles, desde el puerto de
Valencia hasta el
centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios
institucionales, como el Ayuntamiento
o las Cortes valencianas. Declaró el
estado de excepción
e intentó convencer a otros militares de secundar la acción.
Aquella noche la ciudad estuvo rodeada de militares con blindados y
otros camiones del ejército que habían salido de las bases de Bétera
y Paterna. Una columna
blindada se dirigió a la base aérea de Manises para convencer a su
comandante de que se sumase al golpe, pero este no solo no lo hizo,
sino que amenazó incluso con desplegar dos aeronaves con misiles
contra los tanques, optando estos por regresar.
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Los tanques ocupan Valencia |
Cerca de dos horas después del asalto del teniente coronel Tejero al
Parlamento, Juan García Carrés le transmitió lo siguiente:
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la
IIª Región Militar (Sevilla, Pedro Merry Gordon),
-
la
IIIª
(Valencia, Jaime Milans
del Bosch),
-
la
IVª
(Barcelona, Antonio
Pascual Galmes) y
-
la
Vª
(Zaragoza, Antonio Elícegui Prieto)
se
habían sublevado.
Poco después
le dijo que la
Iª
(Madrid, Guillermo
Quintana Lacaci) y las Capitanías Generales de Baleares (Manuel de
la Torre Pascual) y de Canarias (Jesús González del Yerro) eran
dudosas. La VIIª Región Militar (Valladolid, general Campano) y el
Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo, Capitán General Juan
Carlos Muñoz-Delgado y Pintó, le transmitieron al Rey de España que
estaban a su disposición para lo que él quisiera.
La Vª Región
Militar (Zaragoza), bajo el mando del teniente general
Elícegui Prieto,
adquiere una importancia especial porque ese día se encontraban en
la capital aragonesa
varias unidades de la División Acorazada Brunete realizando
prácticas de tiro. Pero ninguno de estos capitanes generales
apoyaría firmemente el golpe. El único capitán general que se
sublevó fue Jaime Milans del Bosch, quien sacó 1800 hombres, decenas
de vehículos militares y 40 tanques a las calles de Valencia.
A
las nueve de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior
informaba de la constitución de un gobierno provisional con los
subsecretarios de todos los ministerios, presidido por
Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, para
asegurar la gobernación del Estado y en estrecho contacto con la
Junta de Jefes de Estado Mayor. Entretanto, otro general golpista,
Torres Rojas, fracasaba en su intento de suplantar en el mando de la
División Acorazada Brunete
al general Juste, jefe de la misma, abortándose la pretensión
de ocupar los puntos estratégicos de la capital, entre ellos la sede
de Radio y Televisión, y la difusión de un comunicado relatando el
éxito del golpe.
La
negativa del rey
a apoyar el golpe permitió abortarlo a lo largo de la noche.
El propio monarca (en tanto Sabino Fernández Campo y Alfonso Armada
Comín jugaban al gato y al ratón) se aseguró mediante gestiones
personales y de sus colabora dores la fidelidad de los mandos
militares, aunque algunas fueran ambiguas, como por ejemplo la
respuesta del capitán general de Baleares, Manuel De La Torre
Pascual (amigo personal de Pedro Mas Oliver, teniente coronel
ayudante de campo de Milans del Bosch) al presidente del entonces
ente balear pre-autonómico (CGI) Jerónimo Alberti: «Estamos atentos
pero tranquilos, aunque dispuestos a sacar las tropas a la calle, si
la situación lo requiere». También destacó la actitud del presidente
de la Generalidad de
Cataluña, Jordi Pujol, quien poco antes de las diez de la noche
transmitía a toda España por las emisoras de
Radio Nacional y Radio Exterior una alocución donde llamaba a
la tranquilidad. Hasta la una de la noche tuvieron lugar gestiones
desde el Hotel Palace, en
los alrededores del Congreso, lugar elegido como centro de
operaciones por el general
Aramburu Topete, entonces director general de la
Guardia Civil (teniendo bajo sus órdenes directas a mandos
del Cuerpo, como el coronel jefe de Madrid
Constantino Gómez González) y el general Sáenz de Santa
María, a su vez director general de la
Policía Nacional.
El
monarca también contó con la ayuda de Sabino Fernández Campo, en
aquel momento secretario general de la Casa del Rey, que ayudó al
rey realizando llamadas a diversos sectores militares como
capitanías generales, estado mayor, etcétera.
Por allí
también deambuló el general Alfonso Armada, parte del plan golpista,
quien pretendía sibilinamente, simulando negociar con los
asaltantes, proponerse como solución de compromiso. Su secreto plan
de golpe emulando al
general francés De Gaulle, fracasa al negarse
Tejero
a que presidiera un gobierno del que también formarían parte
socialistas y comunistas. Más tarde, descubiertos sus planes, sería
relevado de su puesto de Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército
por su implicación en la trama golpista.
A la
medianoche, Alfonso
Armada se presentó en el
Congreso con un doble objetivo: convencer al teniente coronel
Tejero para que
depusiera su actitud y asumir él mismo el papel de jefe del Gobierno
a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional.
Pero Armada, siendo la «autoridad competente» esperada por Tejero no
le propone una junta militar presidida por Milans, o un gobierno en
el que Milans fuera ministro de defensa, sino una lista de políticos
de todos los partidos, con:
-
Felipe González como
vicepresidente para Asuntos Políticos
-
Gregorio Peces-Barba
(Justicia)
-
Enrique Múgica (Sanidad)
-
Javier Solana (Transportes)
-
Jordi Solé Tura (Trabajo)
-
Ramón Tamames (Economía).
-
Manuel Fraga (Defensa)
-
Pío Cabanillas (Hacienda)
-
José Luis Álvarez
(Obras Públicas)
-
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Educación)
-
Agustín Rodríguez Sahagún
(Industria)
-
Carlos Ferrer Salat (Comercio)
-
Luis María Ansón
(Información)
-
Antonio Garrigues Walker (Cultura)
-
José María López de Letona (Vicepresidente para Asuntos
Económicos)
-
José María de Areilza
(Asuntos Exteriores)
-
El
general José Antonio Sáenz de Santamaría
(Autonomías)
-
El
general Manuel Saavedra Palmeiro
(Interior).
«Yo
no he asaltado el Congreso para esto,» le respondió airadamente
Tejero. Tras una agria discusión, el teniente coronel despachó
violentamente al general Armada sin dejar que se dirigiera a los
diputados. Perdida toda opción sobre su «solución», Armada salió del
Palacio de las Cortes refiriéndose a Tejero: «este hombre está
completamente loco».
A la
una y catorce minutos de la madrugada del día
24 de febrero, el Rey
intervino en televisión, vestido con uniforme de Capitán
General de los Ejércitos para situarse contra los golpistas,
defender la Constitución española, llamar al orden a las Fuerzas
Armadas en su calidad de
Comandante en Jefe y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de
ese momento el golpe se da por fracasado. Milans del Bosch, aislado,
canceló sus planes a las cinco de la mañana y fue arrestado,
mientras que Tejero
resistió hasta el mediodía del día 24. Sin embargo, ya durante la
mañana del día 24 fueron liberados los diputados.
Reacciones internacionales
Nada
más producirse el asalto al Congreso, el golpe fue condenado con
toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea (más
tarde, Unión Europea),
con quienes España
estaba negociando una adhesión que se produciría finalmente
en 1986. De entre todos los estados miembros conviene destacar por
su energía la protesta del Reino Unido y especialmente la entonces
Primera Ministra,
Margaret Thatcher, que calificó la sublevación militar como «un acto
terrorista».
Por
su parte, Estados Unidos
se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso. Sin embargo,
durante el juicio, Tejero
afirmó que «tanto el gobierno de
EE. UU. como el
Vaticano habían sido
sondeados por el general Armada». Tras la entrada de Tejero en el
Hemiciclo, el Secretario
de Estado norteamericano, el general Alexander Haig, se limitó a
decir que «El asalto al Congreso de los Diputados es un asunto
interno de los españoles», lo que le valió severas críticas
internacionales. Una vez fracasado el golpe, Estados Unidos cambió
el tono de sus declaraciones radicalmente: «Tenemos que
congratularnos de que en España
haya triunfado la democracia».
Según Santiago Carrillo,
el Vaticano «también conocía lo que iba a pasar». El día 23 el
episcopado español se
encontraba reunido en
asamblea plenaria, pero
no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando condenó el golpe ya
fracasado. También según Carrillo, un asistente a la asamblea, que
no era obispo sino cura, trató de conseguir que ese mismo día la
asamblea hiciera una declaración contra el golpe y a favor de la
Constitución, pero no lo logró.
El juicio y las
consecuencias del golpe
Tras
el golpe
quedaron algunos interrogantes, especialmente referidos al
papel que jugó cada uno de los principales golpistas y especialmente
a las intenciones y apoyos de
Armada. Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de
un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA),
posteriormente declarada parcialmente inconstitucional, y que la
monarquía salió poderosamente reforzada entre la población y los
medios políticos.
En
el juicio seguido con posterioridad ante el
Consejo Supremo de Justicia Militar, conocido como el Juicio
de Campamento, fueron condenados a 30 años de reclusión, como
principales responsables del
golpe de estado,
Milans del Bosch, Alfonso Armada
y Antonio Tejero
Molina.
La
trama civil del golpe
nunca fue investigada de modo riguroso, siendo el único civil
condenado el exdirigente de los Sindicatos Verticales de la
dictadura franquista Juan
García Carrés.
Asimismo, no ha sido suficientemente aclarado el papel desempeñado
por el comandante del entonces denominado CESID, hoy Centro Nacional
de Inteligencia, José Luis Cortina, absuelto en el juicio por falta
de pruebas, si bien el capitán Gómez Iglesias, un subordinado suyo,
fue condenado por organizar la llegada de los guardias civiles
asaltantes al Congreso
utilizando vehículos, placas de matrícula falsas y equipos de
transmisiones pertenecientes a la escuela de agentes operativos del
CESID.
Tres meses antes del
golpe de estado del 23-F, el CESID avisó al presidente del Gobierno
y a algunos de sus ministros de una serie de operaciones en fase de
maduración para torcer el curso de los acontecimientos políticos....
Pero el plan del que se daban más detalles –y al que los autores del
documento concedían un alto grado de viabilidad e incluso le ponían
fecha: primavera de 1981– consistía en forzar la dimisión de Adolfo
Suárez como jefe del Gobierno y asegurar el apoyo parlamentario de
UCD y PSOE a un nuevo presidente, que sería “un general con
respaldo, pero no protagonismo político, del resto de la estructura
militar”, a fin de configurar un “Gobierno de gestión o de salvación
nacional”.
Por
su parte, el general
Carlos Alvarado confesó
tras la prescripción de los delitos juzgados por el 23-F su
participación en el intento de golpe de estado.
La
identidad del popularmente conocido como "Elefante Blanco", el
militar promotor del
golpe al que
Tejero esperaba en el
Congreso para
hacerse cargo del gobierno y que nunca apareció, no ha trascendido y
sigue siendo un misterio. Entre los nombres apuntados se encuentran
los de Alfonso Armada o Milans del Bosch, partícipes conocidos en el
golpe. Según otros, como Manuel Gutiérrez Mellado, el elefante
blanco era el general De Santiago.
Los
treinta condenados en el juicio fueron los siguientes:
Miembros de las Fuerzas Armadas
-
Jaime Milans del
Bosch y Ussía. Teniente General y
Capitán General de la III Región Militar. Condenado a 30 años,
indultado en 1990.
-
Alfonso Armada
Comyn. General de
División y 2 Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 6 años, ampliada
a 30 por el Tribunal Supremo, indultado en 1988.
-
Luis Torres
Rojas. General de División y Gobernador Militar de La Coruña.
Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo,
indultado en 1988.
-
Camilo Menéndez
Vives. Capitán de
Navío. Condenado a 1 año.
-
Diego Ibáñez
Inglés. Coronel de
Ingenieros y 2º Jefe de Estado Mayor de la III Región Militar.
Condenado a 5 años, ampliada a 10 por el Tribunal Supremo, muere
en 1987.
-
José Ignacio San
Martín López. Coronel de Artillería y Jefe de Estado Mayor de la
División Acorazada Brunete. Condenado a 6 años, ampliada a 10 por
el Tribunal Supremo, libertad condicional en
1986.
-
Pedro Mas Oliver.
Teniente Coronel de
Infantería. Condenado a 6 años.
-
Ricardo Pardo
Zancada. Comandante de
Infantería. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal
Supremo, indultado en
1989.
-
Carlos Alvárez-Arenas
Pardinas. Capitán de
Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
-
José Pascual
Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
-
Francisco Dusmet
García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de
empleo.
-
José Cid Fortea.
Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.
Miembros de la Guardia Civil
-
Miguel
Manchado García. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el
Tribunal Supremo, indultado en
1988.
-
Antonio Tejero
Molina. Teniente Coronel. Condenado a 30 años, libertad
condicional en 1996.
-
Vicente Gómez
Iglesias. Capitán. Agente del
CESID. Condenado a 6 años.
-
Jesús Muñecas
Aguilar. Capitán. Condenado a 5 años.
-
José Luis Abad
Gutiérrez. Capitán. Condenado a 5 años.
-
Enrique Bobis
González. Capitán. Condenado a 3 años.
-
Francisco Acera
Martín. Capitán. Condenado a 3 años.
-
Carlos Lázaro
Corthay. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
-
Juan Pérez de la
Lastra. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
-
César Álvarez
Fernández. Teniente.
Condenado a 1 año.
-
Pedro Izquierdo
Sánchez. Teniente. Condenado a 1 año.
-
Vicente Ramos
Rueda. Teniente. Condenado a 1 año.
-
Santiago Vecino
Núñez. Teniente. Condenado a 1 año.
-
Miguel Boza
Carranco. Teniente. Condenado a 1 año.
-
Jesús Alonso
Hernaiz. Teniente. Condenado a 1 año.
-
José Núñez Ruano.
Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
-
Vicente
Carricondo Sánchez. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
Civiles
-
Juan García
Carrés. Ex dirigente de los
Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años.
Hubo
tres procesados absueltos.
-
José Luis Cortina
Prieto. Comandante de Infantería. Jefe de la Agrupación Operativa
de Misiones Especiales del
CESID.
-
Juan Batista
González. Capitán de Artillería.
-
Francisco Ignacio
Román. Capitán de la Guardia Civil.
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La
heterogeneidad de la
indumentaria de los
asaltantes delataba la
debilidad de la
intentona de 1981
MIGUEL
ÁNGEL AGUILAR - 19/02/2016
Llegados
al 35 aniversario del
23-F recordemos que
aquel lunes por la tarde
se estaba sometiendo a
segunda votación la
investidura de Leopoldo
Calvo-Sotelo, candidato
de UCD a la Presidencia
del Gobierno, propuesto
por esa formación
política como reemplazo
al dimitido Adolfo
Suárez. El sábado
anterior, día 21, había
logrado 169 escaños. Es
decir, le habían faltado
siete para la mayoría
absoluta cifrada en 176,
que es la requerida en
el primer intento, a
tenor del
apartado 3 del artículo
99 de la Constitución.
En esta segunda que se
estaba celebrando
bastaba la mayoría
simple, garantizada sin
duda alguna. Había de
verificarse 48 horas
después de la primera,
conforme a la misma
disposición citada y
también de forma pública
y por llamamiento. En
ello se empleaba el
secretario primero de la
Mesa, Víctor Carrascal,
quien había ido
nombrando a los
diputados para que
respondieran sí, no o
abstención o tomar nota
de su ausencia.
Aquel 23
de febrero de 1981 el
llamamiento se estaba
realizando, conforme al
artículo 86 del
reglamento del Congreso,
por orden alfabético de
primer apellido y había
comenzado por el
diputado Antonio García
Miralles, porque así lo
determinó la suerte
dispuestos como ya
estábamos a evitar
ventajas nominativas. Se
llevaban registrados 43
síes, 31 noes, cuatro
abstenciones y dos
ausentes. Sobre las
18:20 horas votaba no el
socialista Manuel Núñez
Encabo, que hacía el
número 80, cuando,
pistola en mano,
irrumpió en el salón de
sesiones el teniente
coronel Antonio Tejero
secundado por guardias
civiles que empuñaban
armas largas. Lo
hicieron empujando una
de las puertas batientes
del hemiciclo, la que
queda a la derecha del
presidente. A los gritos
de “¡al suelo!”, “¡todos
quietos!” quedaba
interrumpida la sesión.
Se contravenía así lo
dispuesto en
el artículo 80 del
reglamento
según el cual
“las votaciones no
podrán interrumpirse por
causa alguna”. Lástima
que nadie de la
Presidencia tuviera
reflejos de parar el
golpe advirtiendo al
teniente coronel y a sus
hombres de que estaban
contraviniendo el
reglamento. Siguió gran
desconcierto porque no
había costumbre, como
hubiera apuntado Julio
Cerón.
En los
primeros momentos los
asaltantes intentaban
inocular miedo a los
diputados circunstantes
para obtener su
docilidad. Por eso
hicieron uso inmediato
de sus armas con
disparos a la cúpula del
hemiciclo. El estruendo
produjo el efecto de que
obedecieran el grito de
“¡al suelo!, ¡al suelo!”
con que les intimidaba
Tejero, y guardaran un
silencio total. Solo
quedaron sentados en sus
escaños Adolfo Suárez y
Santiago Carrillo, y en
pie, con los brazos en
jarras, impasible el
ademán, el general cuyos
oídos estaban hechos a
las descargas de la
artillería, que era su
arma de origen. Sentado
en el banco azul a la
derecha de Adolfo
Suárez, era aún
vicepresidente primero
del gobierno para
asuntos de defensa y
seguridad. Sintiéndose
desafiado, se levantó
del escaño para imponer
su autoridad y reducir a
Tejero.
A partir
de esos signos,
Gutiérrez Mellado
vaticinó una dudosa
disciplina si los planes
del asalto se alargaban
La
heterogeneidad de los
uniformes de los
asaltantes saltaba a la
vista, pero solo el
teniente general Manuel
Gutiérrez Mellado, quien
además de mirar entendía
con los ojos, procedió a
descodificar el
significado del
desbarajuste
indumentario y la
debilidad que traslucía.
Porque una indumentaria
variopinta, heterogénea,
desconcertante delataba
un reclutamiento
improvisado para una
ocasión sobrevenida.
Algunos guardias iban
con la bota alta de la
Agrupación de Tráfico;
otros, con bota campera
de las unidades rurales;
otros, con zapato y
calcetín negro reservado
para el servicio en las
ciudades. En cuanto a la
prenda de cabeza, unos
iban con tricornio;
otros, con boina propia
de las Unidades de
Intervención Inmediata y
de los GAR; otros, con
gorra de visera. Unos
iban con guerrera y
correaje; otros, con
anorak. Aquello parecía
la pasarela de los
uniformes en un almacén
de intendencia.
En favor
de la importancia de la
uniformidad pueden
aducirse valiosos
testimonios de
autoridad. Véanse las
palabras que Almudena
Grandes en su novela
Inés y la alegría
ponía en boca del
jefe de la unidad que el
2 de julio de 1944 haría
su entrada en el Valle
de Arán con el propósito
de iniciar la guerra de
vuelta, la que
recuperaría para la
Segunda República el
territorio perdido de
todas sus derrotas.
Escribe que formados en
la plaza de un pueblo de
Haute Garonne el que
estaba al mando les
decía “nuestro camino no
termina en París.
Nosotros no somos
soldados de fortuna. No
somos mercenarios, no
somos forajidos, no
somos bandoleros ni
salteadores de caminos.
¡Nosotros seguimos
siendo el Ejército de la
República Española!
Mañana vamos a salir de
este pueblo desfilando
como lo que somos y a
partir de este momento,
no quiero ver a un solo
soldado sucio,
despeinado o sin
afeitar. No quiero ver
un solo botón descosido,
ni un tirante suelto, ni
una bota con los
cordones al aire. Al que
no tenga un aspecto
digno de sí mismo y de
sus compañeros, lo
arrestaré”.
Más rotundo aún es
Rafael Sánchez Ferlosio
en la tribuna
La moral ecuménica y el
código de los caballeros
(véase
Ensayos y artículos,
Destino, 1992) cuando
describe cómo el ropero
militar ha pasado de la
máxima gala, ornato,
vistosidad y ostentación
a la total inapariencia,
a la mínima visibilidad,
a la más ascética y
excluyente de las
funcionalidades.
En
nuestro caso, el torpe
aliño indumentario de
los guardias civiles
indicaba que en vez de
formar parte de una
unidad orgánica, en cuyo
caso habrían ido con el
uniforme reglamentario
correspondiente, eran
una mera agregación
circunstancial
improvisada sobre la
marcha. Los asaltantes
ni eran de la Academia
de Cabos de Guadarrama,
ni del Colegio de
Guardias Jóvenes de
Valdemoro, ni de los
GAR, ni de Tráfico. Los
asaltantes llevaban
todos armas largas, pero
la falta de uniformidad
marcaba una diferencia
abismal en términos de
encuadramiento: la que
existe entre una unidad
orgánica y una mera suma
aleatoria integrada por
elementos de muy
distinta procedencia. El
general Gutiérrez
Mellado, a partir de
estos signos visibles,
vaticinó un
comportamiento dudoso en
el plano de la
disciplina en el caso de
que los planes del
asalto en vez de
cumplirse de modo
fulminante encontraran
resistencias imprevistas
de alguna duración.
El
pronóstico de las dudas
surgía del déficit de
encuadramiento que
aflora cuando el mando
se confía a unos
oficiales y suboficiales
superpuestos a unos
efectivos ante los
cuales solo pueden
mostrar las estrellas o
los galones de la
bocamanga, sin
ascendiente alguno ni
rastro de esa autoridad
indiscutida que solo
llegan a ganarse los
mandos naturales de una
determinada unidad. Ese
carácter extemporáneo de
quienes estaban al mando
dejaba abolida la
expresión interiorizada
de la disciplina, la que
se sintetiza en el
recurso a la primera
persona del singular del
pronombre posesivo por
parte de quienes han de
obedecer cuando se
refieren a sus
superiores. Por eso
dicen mi cabo, mi
sargento, mi brigada, mi
teniente, mi capitán.
Pero un mando
sobrevenido por
sorpresa, que no haya
compartido las tareas,
el rancho y las
adversidades, es difícil
que consiga activar la
obediencia debida como
un resorte mecánico.
Aceptemos
que la opacidad, la
oscuridad y el secreto
levantan atractivos que
nunca suscita la
transparencia.
Los
participantes en el
asalto en el transcurso
de los minutos iniciales
iban poniendo en
contraste la arenga que
les había dirigido
Tejero para subirlos a
los autobuses con la
visión de aquellos
diputados inermes a los
que amenazaban con sus
armas. Uno de los
guardias llegado a la
tribuna de prensa
empezó a gritar a sus
compañeros: “¡Subid
alguno, que estoy
solo!”. Allí, tras la
deserción mayoritaria
hacia el bar de quienes
ninguna sorpresa
esperaban de la votación
iniciada, apenas
resistían una docena de
periodistas. Gente como
Pilar Urbano, Pedro
Calvo Hernando, Víctor
Márquez Reviriego, Pilar
Narvión, Julia Navarro,
Susana Olmo o Rafael
Luis Díaz de la Cadena
SER, quien dejó abierta
la señal de audio para
que funcionara como
micrófono ambiente sin
insertar comentario
alguno que infundiera
sospechas. También
estaba el operador de la
cámara de Televisión
Española, agachado como
todos a los gritos de
“¡todos al suelo!”, que
abandonó la cámara
enfocada al centro del
hemiciclo. El guardia
ignoraba la función
decisiva que continuaba
prestando porque,
desatendida por su
operador, seguía
captando las imágenes.
Hasta que, nervioso,
asestó un culatazo al
visor sin más efecto que
el de desviar el tiro de
cámara, de modo que dejó
de enfocar la cabecera
del banco azul y la
tribuna de oradores, es
decir, el área donde se
centraban los
acontecimientos.
Subrayemos, en todo
caso, la importancia de
la memoria y del
entendimiento de los
periodistas, dos
facultades que les hacen
reconocer personajes
ignorados por el común
que de otra forma
pasarían inadvertidos. Y
aceptemos que la
opacidad, la oscuridad y
el secreto levantan
atractivos que nunca
suscitará la
transparencia. Así
sucedió durante aquellas
horas inciertas del 23
de febrero de 1981
cuando el candidato a
investir, el gobierno en
funciones y los
diputados permanecieron
secuestrados por unos
golpistas faltos incluso
de la debida
uniformidad.
Una
primera versión de este
trabajo apareció en el
volumen
La
transparencia engaña
(Biblioteca Nueva,
2015), que compendia las
ponencias del seminario
“¿Transparencia?”
celebrado en los cursos
de verano de la
Universidad Complutense.
Fuente:
https://www.ahorasemanal.es/23-f:-el-golpe-y-la-falta-de-uniformidad
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· El 23-F |
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Javier Tussell |
Durante la
transición española
a la democracia en
varias ocasiones se
planteó la posibilidad
de una
intervención militar
en sentido involutivo.
En realidad, la
tendencia en este
sentido de los altos
mandos militares fue muy
consistente y mucho más
peligrosa de lo que
durante la época se
admitió. Se daban todas
las condiciones en el
Ejército para que
existiera la posibilidad
de un golpe de Estado.
Durante el régimen
anterior había tenido un
relevante papel político
y existían también
algunos factores que
conducían a una
frustración y podían
propiciar su
intervención en la
política: a la muerte de
Franco,
el porcentaje del PNB
dedicado a la Defensa
era muy pequeño en
comparación con otros
países europeos, pero el
número de profesionales
de la milicia era
demasiado alto. A ello
se sumaba una
legislación en muchos
aspectos anticuada.
Gutiérrez
Mellado,
vicepresidente para
Asuntos de la Defensa,
fue una figura clave en
la transición. Sus
intervenciones siempre
insistieron en la
necesidad de alejar la
política de los
cuarteles, que debían
concentrarse en la
preparación técnica.
Durante su mandato
comenzó una importante
labor de modernización
de las fuerzas armadas.
En 1980 se modificó
parcialmente el Código
de Justicia militar y en
ese mismo año una ley
orgánica establecía los
criterios básicos de la
organización militar.
Mientras tanto se
pretendía el
rejuvenecimiento de los
mandos, se adoptaban las
medidas presupuestarias
para solucionar las más
apremiantes deficiencias
de la administración
militar y se elaboraba
un Plan Estratégico
Conjunto. De lo que cabe
dudar es de si fue
acompañada por una
política adecuada de
nombramientos.
Las trayectorias de los
que luego resultaron
conspiradores y fueron
juzgados y condenados
como tales no parece
equívoca. El teniente
coronel
Tejero,
el general Torres Rojas
y el teniente general
Jaime Milans del Bosch
eran conocidos por su
postura antidemocrática
y, en algún caso, por su
indisciplina. En
general, la política
seguida consistió en
relegar a puestos de
menor importancia a
quienes parecieran más
peligrosos y, de hecho,
cuando llegó el momento
decisivo, las
autoridades militares
clave permanecieron
fieles a la
Constitución.
Un caso especial es el
del general Alfonso
Armada que, por haber
estado muy cerca del
Rey, parecía fiel a él
aunque no ocultara su
actitud conservadora y
hubiera abominado de la
legalización del PCE.
Sin duda, la crisis
provocada por la
dimisión
de
Suárez
favoreció el clima
conspirador. Fue el
ambiente de finales del
año 1980 el que
principalmente sirvió
para incubar la
conspiración: algunas
personalidades aisladas
de la izquierda y la
derecha aludían a la
posibilidad de formar un
Gobierno de carácter
excepcional que tendría
a la cabeza un militar y
de ello se hacían eco
líderes parlamentarios.
Sugerencias de este tipo
se oyeron en reuniones
en las que estaban
incluso militantes
socialistas, en este
caso delante del propio
Armada. En líneas
generales toda la clase
política, desde el
Gobierno a la oposición,
se comportó de una
manera bastante
irresponsable, como
acabaría por demostrarse
el 23 de febrero: si
Suárez parecía llevar al
país a un callejón sin
salida,
González
no dudaba en afirmar que
en los últimos tiempos
la transición a la
democracia se había
detenido.
Mientras tenía lugar la
segunda votación para la
investidura del sucesor
de Suárez, en la tarde
del 23 de febrero de
1981, el teniente
coronel Tejero, con los
guardias civiles
transportados en cuatro
autobuses ocupó el
Congreso de los
Diputados,
secuestrándolos. La
entrada en el edificio
se hizo en nombre del
rey y en su mayoría los
guardias civiles que
participaron en la
acción no conocían los
propósitos de los
conspiradores y, por lo
tanto, carecían de la
convicción necesaria
para llevar a cabo el
golpe si encontraban
dificultades.
A partir de este momento
de triunfo inicial
habrían sido necesarios
varios requisitos para
que se convirtiera en
definitivo. En primer
lugar era preciso que
existiera una
sublevación militar en
la periferia que fuera
arrastrando a la
intervención de los
altos mandos militares,
pero los conspiradores
sólo consiguieron
inmediatamente el
control de la región
militar de Valencia
donde el general Milans
del Bosch asumió el
mando total. Lo decisivo
fue que los sublevados
fracasaron al no obtener
el apoyo del Rey. El
planteamiento del golpe
se basaba en la creación
de una situación
excepcional, avalada por
el monarca, para
reconducir la situación
a una normalización como
resultado de la cual el
régimen democrático
padecería la
supeditación a los altos
mandos militares. Pero
el Rey y sus
colaboradores, después
de informarse de lo
acontecido, tomaron una
postura diametralmente
opuesta a la que los
conspiradores esperaban.
Fue el propio Rey el que
recomendó la inmediata
reunión de la Junta de
Jefes de Estado Mayor y
uno de sus colaboradores
quien consiguió que las
unidades que habían
tomado Radiotelevisión
Española la abandonaran.
Durante la noche, el
monarca realizó más de
un centenar de llamadas
telefónicas para
asegurarse la fidelidad
a la Constitución de las
unidades; luego
admitiría que en algún
caso no le había bastado
hablar con generales
sino que había debido
hacerlo también con
coroneles.
Este cúmulo de
circunstancias detuvo el
desarrollo del golpe.
Sin autorización del
Rey, el general Armada
acudió al Congreso para
lograr ser aceptado como
una especie de solución
intermedia. Fue
perceptible entonces la
distancia entre un
Tejero que quería volver
a un Gobierno puramente
militar y un Armada para
quien era esencial la
obtención del apoyo
parlamentario para un
Gobierno presidido por
él. En cualquier caso,
resulta muy improbable
que el Congreso hubiera
llegado a aceptar la
fórmula propuesta por
Armada.
A partir de este
momento, la sublevación
había sido derrotada y
sólo faltaba saber si el
desenlace se produciría
sin derramamiento de
sangre. El momento
decisivo para la derrota
del golpe fue la
intervención del Rey en
televisión en contra de
la indisciplina militar.
Durante algunas horas
estuvo preparada una
intervención armada
sobre el Congreso pero
se aconsejó evitarla
para que no se produjera
una masacre. Milans, que
después de una
intervención personal
del rey había retirado
su bando y sus tropas,
aconsejó la rendición a
Tejero.
A la hora de hacer
balance acerca de por
qué fracasó la
conspiración hay que
mencionar, en primer
lugar, al monarca que,
con tan sólo haber
mantenido el silencio,
pudo dar lugar a otro
resultado del golpe de
Estado. Pero la victoria
de la legalidad
constitucional también
se debió a la actitud de
muchos altos mandos
militares que cumplieron
su deber constitucional.
Este fue el caso de los
generales Gabeiras,
primer jefe del Estado
Mayor; Quintana Lacaci,
gobernador militar de
Madrid; Aramburu Topete,
director general de la
Guardia Civil y Sáenz de
Santamaría, de quien
dependía la Policía
Nacional. El hecho de
que fueran ellos los que
ocuparan los puestos
decisivos no fue casual
y demuestra que la
política de
nombramientos seguida
había sido correcta. Un
tercer factor que
explica el fracaso del
golpe radica en las
deficiencias mismas de
la conspiración. La
ocasión aprovechada fue
excelente para provocar
el descabezamiento de la
autoridad civil en
España, pero explica
también la improvisación
con la que se actuó.
El
golpe no tenía un
liderazgo claro y sus
principales
protagonistas eran
incompatibles, no sólo
política sino
personalmente.
Finalmente, también fue
un factor importante en
la derrota de los
golpistas el hecho de
que su intentona no sólo
fue conocida
inmediatamente por la
totalidad de los
españoles sino que
pudieron oír su
retransmisión. La
inmensa mayoría de los
ciudadanos estuvo en
contra del golpe, con
una indudable sensación
de rubor. Derrotado
éste, las
manifestaciones
populares que se
celebraron con
posterioridad
demostraron que el
desencanto concluía con
el sólo hecho de ver en
peligro la democracia.
Resulta difícil
determinar las
consecuencias políticas
del intento de golpe de
Estado. A menudo se ha
afirmado que fomentó una
derechización de la
política española, pero
esto no parece correcto.
La verdad es que las
actitudes de los
principales dirigentes
políticos ante el golpe
de Estado no tuvieron un
reflejo en los
resultados electorales
posteriores: ni
Adolfo Suárez
ni tampoco
Santiago Carrillo
recibieron votos
proporcionados a su
gallardía en aquellos
momentos. Sin duda, el
intento de golpe sirvió
para desprestigiar
cualquier intento de
involución militar en la
política española. Pero
también llamó la
atención de todos acerca
del peligro de adoptar
posiciones
irresponsables. El
propio Rey recordó, en
un texto entregado a los
principales líderes
políticos, que ya no era
imaginable que de nuevo
él mismo pudiera
desempeñar un papel
semejante y tan crucial
en caso de una nueva
intentona golpista.
Fuente:
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7473.htm
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Políticos
y expertos coinciden en
que el derribo de la
intentona militar puso
fin al persistente ruido
de sables. Contribuyó a
un primer recorte
autonómico que luego
acabó diluyéndose.
JUANMA
ROMERO
20
febrero 2011
Pasan las
12 del mediodía. Los
diputados van
desalojando el
hemiciclo, de forma
ordenada. Fuera se
abrazan, responden a los
periodistas, algunos se
acercan al general
Alfonso Armada para
darle las gracias. Él
les replica con un gesto
desencajado, tenso. El
propio Adolfo Suárez le
dispensa un efusivo
saludo. Mientras, una
cámara ha grabado la
salida a hurtadillas de
algunos guardias civiles
por una ventana a la
altura de la calle. Van
entregándose. También lo
hará el teniente coronel
Antonio Tejero.
Esa
mañana, la del martes 24
de febrero de 1981,
acaba la pesadilla. El
secuestro, durante 17
horas y media, de 350
diputados, del Gobierno,
de periodistas, de
ujieres y personal del
Congreso. Fracasa el
golpe de Estado del
23-F.
¿Y
después, qué?
El fin de
la asonada militar no
dejó las cosas como
estaban. Tuvo
consecuencias, a corto y
medio plazo. Positivas y
negativas. La
consolidación de la
democracia, la
aceleración de la
desintegración del
partido gobernante, la
Unión de Centro
Democrático (UCD), la
ampliación de la
victoria electoral del
PSOE en 1982, la puesta
en marcha de la
modernización del
Ejército, el intento
(fallido) de recorte del
Estado autonómico, la
reestructuración de la
derecha, el
refuerzo de la
legitimidad de la
Monarquía.
Efectos colaterales en
los que, en mayor o
menor medida, políticos,
historiadores,
politólogos y sociólogos
coinciden hoy. Justo 30
años después.
El TC
frenó el intento de UCD
y PSOE de centralizar
competencias
“El 23-F
actuó de vacuna contra
el golpismo anterior. Es
el punto final de la
intervención de los
militares en la política
española. Resolvió uno
de los grandes problemas
de este país y sirvió
para asentar la
democracia”. Xusto
Beramendi, catedrático
de Historia
Contemporánea de la
Universidade de Santiago
de Compostela, emplea un
término que calcan otros
expertos: “Vacuna”. El
punto de no retorno. La
dosis que liquidó el
ruido de sables
–posteriormente hubo
algún intento aislado
que se logró desactivar,
como el previsto antes
de las generales de
1982–. “Sí, fue una
vacuna”, afirma también
Andoni Monforte,
diputado del PNV en el
hemiciclo aquel 23-F.
“Tras aquella gigante
manifestación del 27 de
febrero, cuando España
se echó a la calle a
defender la democracia,
se vio que ya no era
posible una vuelta
atrás”.
“El
peligro de un nuevo
golpe queda conjurado. Y
cuando en sólo un año se
pudo procesar a 33
implicados en el
juicio de Campamento,
en consejo de guerra, se
percibió que la
democracia se atrevía
con todo”, esgrime Juan
Francisco Fuentes
Aragonés, autor de
Adolfo Suárez. Biografía
política
(Planeta), presentado
esta semana. Este
catedrático de Historia
Contemporánea de la
Universidad Complutense
de Madrid (UCM) cita
otro elemento conectado:
la puesta al día de las
Fuerzas Armadas,
impulsada por Felipe
González y su primer
ministro de Defensa,
Narcís Serra, “ayudada
por el relevo
generacional en los
ejércitos y el ingreso
en la OTAN en 1982”.
Pronto
asoma otra palabra:
LOAPA. El proyecto de
Ley Orgánica de
Armonización del Proceso
Autonómico, que UCD y
PSOE sacaron adelante en
julio de 1982.
Era la
tijera a la
descentralización de
competencias, frente a
la que los nacionalistas
interpusieron un recurso
previo ante el Tribunal
Constitucional. Y lo
ganaron. En
1983 se anularon 14 de
los 38 artículos.
“Esa fue la peor
consecuencia del golpe,
una concesión lamentable
para contentar a los
militares, que tanto
hablaban de la ruptura
de la unidad de España”,
comenta Carles Gasòliba,
diputado de CiU en
aquella I Legislatura
(1979-1982). Daniel
Fernández, hoy
coordinador de los
parlamentarios del PSC y
portavoz adjunto del
Grupo Socialista en el
Congreso, también cree
que el 23-F “sí influyó”
en la aprobación de la
ley, “pero todo quedó en
nada” tras el fallo del
TC, de forma que “no
ralentizó en absoluto la
construcción del Estado
autonómico”.
Entre los
analistas, la polémica
no suscita consenso.
Como recuerda Pere Ysàs,
catedrático de Historia
Contemporánea de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, el 23-F
“ilumina más los años
anteriores que los
posteriores”. Y la
LOAPA, la convicción de
UCD de que “había que
regular el proceso
autonómico”, era previa
a la rebelión, y de
hecho ya había mantenido
conversaciones con el
PSOE.
La
desarticulación del 23-F
impulsó la victoria
socialista del año
siguiente“Se sentía que
había que dar forma a un
sistema que aún no
estaba claro. Se contaba
con Catalunya, País
Vasco y Galicia, pero el
problemón
para
UCD fue Andalucía, que
votó acceder a su
autonomía por la
vía rápida, la del
artículo 151 de la
Constitución. Yo
no veo pues relación
directa con la ley”,
asegura José Carlos
Rueda Laffond,
historiador de la UCM.
“Más que paralización,
se produjo una
generalización del
Estado de las CCAA, una
nivelación de
competencias, el
café para todos”,
tercia Abdón Mateos,
catedrático de la UNED y
líder de la
Asociación de
Historiadores del
Presente.
Fernando
Vallespín, politólogo de
la Autónoma de Madrid y
expresidente del Centro
de Investigaciones
Sociológicas (CIS),
estima que el 23-F ayudó
a vencer temores y a
“agilizar” la España
autonómica. Manuel
Redero, profesor de
Historia Contemporánea
de la Universidad de
Salamanca, lo suscribe.
Se apoya en la situación
en la zona republicana
en 1936 para ilustrar
que, si un golpe
fracasa, genera “un
proceso contrario al que
los rebeldes
pretendían”.
Pero el
golpe no fracasó, o no
del todo, según Mario
Zubiaga. “Fue un aviso,
definió unos límites del
sistema que no podían
traspasarse. Hasta la
primera legislatura de
José Luis Rodríguez
Zapatero, en que se
revisita el pacto de la
Transición y se abren
temas que se entendían
cerrados, como la
memoria histórica o la
España plurinacional, se
mantuvo ese acuerdo”,
rubrica este profesor de
Ciencia Política de la
Universidad del País
Vasco.
Agrega
que la
solución Armada,
ese Gobierno de
concentración presidido
por un militar que
defendió el general
amigo del rey el 23-F,
no murió: “Condicionó
las políticas
posteriores. Y se
expresó en los pactos
autonómicos de UCD-PSOE
y luego de PSOE-PP. El
golpe no es más que la
manifestación más
radical de una voz que
sigue hoy presente”.
La
astracanada militar pudo
no tener influjo en la
desaparición, desde 1982
hasta hoy, de los grupos
de socialistas catalanes
y vascos en el Congreso,
según los expertos. El
parlamentario Daniel
Fernández lo atribuye a
que la victoria de
González exigió “un solo
grupo y una total
coordinación”. Sólo
Beramendi y Fermín Bouza,
sociólogo de la UCM,
achacan ese cambio al
“triunfo del alma
jacobina” del PSOE.
“Cuando
entró Tejero al Congreso
y comenzaron los
disparos y ráfagas de
metralleta, sabía que
tenía el deber de no
tirarme al suelo, por
dignidad, por respeto al
PCE, que había luchado
heroicamente contra el
franquismo. Lo decidí en
milésimas de segundo”.
Santiago Carrillo aún
reviste de aplomo
aquellas horas críticas:
“Cuando me sacaron del
hemiciclo, tuve tiempo
de sobra para repasar mi
vida y pensar en qué
momento me matarían”.
El
socialista Manuel Núñez
Encabo, el último
diputado que pudo votar
en aquella segunda
sesión de investidura de
Leopoldo Calvo-Sotelo,
recuerda la imagen
“fantasmagórica” del
asalto del teniente
coronel. “Sentíamos el
peligro de muerte, que
éramos rehenes. Las
balas pasaban sobre
nuestras cabezas, ellos
hablaban con sus
fusiles. No teníamos más
información que la radio
de Fernando Abril
Martorell”. Gasòliba
rememora ese “miedo”
atenazador, la
“vergüenza” por la
imagen de España al
mundo.
Miedo
había fuera también.
“Todo el mundo anduvo
con tiento. Pero si los
ciudadanos no se echaron
a la calle esa noche fue
porque entendían que era
el momento de los
partidos, en los que aún
confiaban mucho”, razona
Bouza. Lo que parece
claro es que tras la
sedición “desapareció el
desencanto”, “se
recompuso el consenso” y
se destensó el ambiente,
admiten Fuentes y
Redero.
Las
víctimas del franquismo
creen que ellos sí
pagaron las
consecuencias Pero el
miedo, para Carrillo,
duró más. El 23-F se
guareció tras las urnas,
explica, como una sombra
amenazante: “La gente
tuvo miedo a que el PCE
tuviese muchos diputados
y el Ejército volviese a
las andadas”. A ello
atribuye el batacazo de
su partido en 1982
(cuatro escaños frente a
los 23 de 1979) y el
arrollador triunfo del
PSOE (202 actas).
No es la
razón de los expertos,
que culpan del resbalón
del PCE a su crisis
interna. “El 23-F
condensó procesos que ya
estaban en marcha
antes”, avanza Ysàs. Y
uno era el ascenso del
PSOE, inversamente
proporcional a la
implosión de UCD.
Vallespín juzga que sin
la intentona “no habría
sido posible esa mayoría
tan holgada de los
socialistas”. “Se
despejó el temor a otro
golpe y los españoles
optaron por la
democracia plena, la
alternancia, por los que
no estaban contaminados
por el franquismo”.
La
afirmación, muy
compartida, es rebatida
por Ignacio
Sánchez-Cuenca,
sociólogo de la UCM:
“Contribuyó más la
dimisión de Suárez y la
descomposición de UCD.
Lo lógico no es pensar
que tras un
pronunciamiento la gente
vota a la izquierda”.
Los cambios también se
trasladaron a la otra
banda, incide Mateos. La
caída de UCD y la
“desactivación de la
extrema derecha”
provocaron, luego, la
refundación de Alianza
Popular.
¿Influyó
el recuerdo del 23-F en
la gestión de González?
“Cambian las
prioridades. Felipe debe
abandonar sus proyectos
más ideológicos en aras
de la modernización del
Ejército y del Estado”,
apunta Mateos, quien
también sugiere que la
“contrapartida” a los
militares, por el
terrible acoso de ETA en
aquellos años de plomo,
pudo ser “la guerra
sucia y agresiva”: los
GAL.
Redero
liga esa “moderación, a
veces excesiva” del
PSOE, al hecho de llegar
al poder. “Hay que ver
toda la secuencia
histórica, la
redefinición ideológica
que sigue el partido
desde el congreso de
Suresnes [1974]”, señala
Rueda Laffond. Fuentes
subraya que la política
socioeconómica “traía
sin cuidado” a los
golpistas, así que el
“primer sesgo liberal de
Felipe se debe al
fracaso de la
experiencia de
nacionalizaciones del
presidente François
Mitterand en Francia".
Una afirmación que
suscribe Fernández, del
PSC.
Encabo
reconoce ese cambio de
piel de su partido:
"Felipe debía proseguir
con el programa de la
Transición y no podía
gobernar absolutamente.
El 23-F no alteró los
contenidos, sino el
cómo. Y se
entraba en una nueva
fase. Se suavizó el tema
autonómico, se
emprendieron las
reformas, se fue con
cuidado en la
modernización del
Ejército. El PSOE perdió
algunas de sus señas de
identidad, como la
memoria histórica, pero
no por el golpe”.
El
pasado. Emilio Silva,
presidente de la
Asociación para la
Recuperación de la
Memoria Histórica,
defiende que el 23-F
“conquistó la impunidad
social”, tras consagrar
la "impunidad jurídica y
política". “De forma
aislada, algunas
familias en La Rioja o
Aranjuez [Madrid]
abrieron sus fosas. Pero
el golpe hizo que se
reviviera el terror de
la dictadura y se parase
el movimiento”.
Gervasio
Puerta, que cumplirá 90
años este 2011, tiene
aún fresco el temor de
esa noche. “Supuso un
retraso serio en el
reconocimiento de las
libertades y el rescate
de la memoria”. Puerta,
líder de la Asociación
de Ex Presos y
Represaliados Políticos
desde 1989, admite cómo
sus primeras
reivindicaciones eran
económicas.
Casa con
el criterio de Paloma
Aguilar, profesora de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED) y autora de Políticas
de la memoria y memorias
de la política (Alianza,
2008): “Podía haber
grupúsculos, pero
primero la batalla
estaba en la
equiparación de derechos
porque había mayores sin
pensión. La petición de
reparación simbólica
llegaría después, en
2000”. El resto de
expertos admite, a lo
sumo, que la sublevación
“pudo poner en el
congelador” el tema.
Primaba el sostenimiento
de la “política del
olvido”, el pacto de
silencio de la
Transición.
Han
transcurrido 30 años. El
Ejército mudó su cara –el
CIS ratificó en
noviembre que es la
institución más
valorada, con un 5,71 de
nota– y el
propio golpe vuelve a
los libros, la TV y el
cine. Rueda Laffond,
coautor junto a Carlota
Coronado de
La mirada televisiva
Ficción y representación
histórica en España
(Fragua,
2009), alude al refuerzo
del “mito del 23-F”, a
cómo la ficción cuela
“elementos de proximidad
y emotividad” en un
suceso que aún despierta
morbo y que acentúa, “de
forma
descontextualizada, el
protagonismo del rey”.
Y
mientras, retornan las
leyendas, la insistencia
en que hay lagunas
cuando, según coinciden
todos los analistas, “se
conoce ya lo esencial de
la trama”. “Se sabe
todo. Quizá la única
duda es el verdadero
papel de Armada –desliza
Fuentes–. Pero que
queden cabos sueltos da
verosimilitud a la
historia oficial del
23-F. Sólo los
conspiradores o las
novelas policiacas se
preocupan de anudarlos”.
-Actas de
los secretarios del
Congreso de los
Diputados, donde
reconstruyen el golpe
del 23 de febrero de
1981
El amigo del rey, indultado en 1988
Amigo de
Juan Carlos I, se
convirtió en su tutor en
1954, jefe de la
Secretaría del Príncipe
en 1965 y secretario
general de la Casa del
Rey (1975-1977) y
segundo jefe del Estado
Mayor del Ejército el
23-F, el general de
división Alfonso Armada
y Comyn (Madrid, 1920)
fue el líder
intelectual del
golpe. El Consejo
Supremo de Justicia
Militar le condenó a
seis años en 1982, pena
que el Supremo elevó a
30 un año más tarde. El
Gobierno lo indultó en
diciembre de 1988. Hoy
vive entre Madrid y A
Coruña. Allí reside en
un pazo en el que
cultiva camelias.
Milans,
golpista hasta el final
de su vida
Jamás se
arrepintió, ni se
consideró culpable de
ningún delito, ni pidió
el indulto al Gobierno.
El teniente general
Jaime Milans del Bosch
(Madrid, 1915), capitán
general de la III Región
Militar de Valencia que
sacó los tanques a la
calle el 23-F, fue
condenado por rebelión a
30 años de cárcel. En
1988, intentó que se le
reintegrase en el
Ejército, del que había
sido expulsado. No lo
logró. En 1990 salió en
libertad. Murió el 26 de
julio de 1997 por un
tumor cerebral.
Tejero,
el último en salir de
prisión
A nadie
sorprendió su presencia.
El teniente coronel
Antonio Tejero Molina
(Málaga, 1932) ya había
sido condenado por la operación
Galaxia (1978),
un fallido asalto al
palacio de la Moncloa.
Por el 23-F recibió la
pena de 30 años, que el
Tribunal Supremo
ratificó. Como Milans,
jamás se arrepintió. Fue
el último en dejar la
cárcel: sería en
diciembre de 1996, tras
15 años entre rejas. En
libertad, continúa con
su afición a la pintura
entre Málaga y Madrid.
Fuente:
http://www.publico.es/espana/23-f-golpe-vacuno-democracia.html
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Luis Gómez
20 de noviembre 1015
“Tuvimos la inmensa
suerte de que el golpe
del 23F se improvisó;
les entró la prisa y
cometieron todos los
errores posibles”,
recuerda Alberto Oliart,
el ministro de Defensa
que llegó tras la
intentona.
Cuando Alberto Oliart
aceptó ser ministro de
Defensa, el sonido de
los sables tenía el
volumen muy alto. Cuando
tomó posesión del cargo,
un 26 de febrero de
1981, habían pasado tres
días de un golpe de
Estado y había podido
escuchar los disparos en
el hemiciclo. Lo que
menos se imaginaba es
que, además, sería un
ministro nómada, sin
despacho fijo.
Oliart trabajaba por la
mañana en el palacio de
Buenavista, sede del
Cuartel General del
Ejército, por la tarde
en el antiguo Ministerio
del Aire (al que
llamaban el monasterio
del Aire) y, finalmente,
a última hora,
despachaba en un chalé
del CESID, el servicio
de inteligencia, el
lugar donde podía
sentirse a salvo de
escuchas. Su obligación
era gobernar sobre un
ejército de generales
que habían hecho la
guerra al lado de Franco
y, callada u
ostentosamente,
simpatizaban con los
golpistas. Generales que
solo parecían dispuestos
a recibir órdenes del
Rey. Reformar ese
ejército sin correr el
riesgo de un nuevo
zarpazo era un reto
imposible de cumplir en
el breve plazo.
Había sido ministro de
Industria, y ministro de
Sanidad, con los
gobiernos de Adolfo
Suárez. Con el paso de
las décadas haría muchas
otras cosas y hasta
llegaría a ser
presidente de RTVE en
2009, con 81 años. Pero
entonces, con 53 años y
reciente un golpe de
Estado, desplegaba el
currículo del buen
gestor, la apariencia de
un tecnócrata, aunque
fuera un hombre apegado
a la literatura, poeta
en horas libres. También
años después escribiría
un libro de memorias (Contra
el olvido), que
mereció el premio
Comillas por su calidad
literaria (1997), en
aquella obra relataba
recuerdos de
adolescencia y juventud,
que compartió en un
entorno de jóvenes
cultos e inquietos,
aprendices de
intelectuales. Aquel
libro no tocó su
experiencia política.
Oliart: "Armada lo que
no sabía, se lo
inventaba".
A sus 86 años, Oliart
escribe actualmente una
segunda obra (“en estos
momentos soy ministro de
Industria”, dice), así
que no le queda mucho
trazado para llegar a un
momento crucial de su
biografía política,
aquellos 20 meses al
frente de Defensa, sobre
los que tiene cosas que
contar. Su memoria está
reservada para su obra:
“Tuvimos la inmensa
suerte de que el golpe
del 23F se improvisó;
les entró la prisa y
cometieron todos los
errores posibles”. De
aquel Elefante Blanco
sobre el que tantos años
después se ha fabulado,
Oliart tiene su
particular conclusión:
“Fue una invención de
Armada. Armada todo lo
que no sabía, se lo
inventaba”.
Oliart descansa en su
casa de Galicia frente a
una ría, y escribe lo
que tiene pendiente de
contar. Un día de estos
empezará a escribir
sobre aquellos días en
que fue ministro de
Defensa y tenía ante sí
una exigente hoja de
ruta: llevar a cabo el
juicio a los golpistas y
que este terminara con
la condena de los
principales
responsables, iniciar
algunas reformas
administrativas y meter
a España en la OTAN. Se
trataba de dejar atrás
un ejército de pequeños
caudillos y dar el paso
a militares
profesionales. Y, por
supuesto, tenía que
controlar a los
golpistas.
Pero sucedió que aquel
Gobierno de Calvo Sotelo
asumió que tenía los
días contados, que no
gobernaría mucho tiempo,
que tendría que dar paso
a quienes iban a venir,
que no eran otros que
esos jóvenes socialistas
que lideraba Felipe
González. “Tuve que
hundirme con el barco”,
dice Oliart. “Era una
época en la que se
inventaban golpes de
Estado casi todos los
días”. Y a ellos, a los
socialistas, les
correspondería acabar
con las bravatas
golpistas.
Oliart recibió el
mandato de trasladar
información sensible a
Felipe González
La información sobre los
golpistas era confusa y
desmedida. Su primera
decisión fue darle una
vuelta al servicio de
inteligencia y contar
con información fiable,
para lo cual nombró al
frente del CESID al
teniente coronel Alonso
Manglano: el objetivo
era investigar en los
cuarteles. Luego, se
rodeó de un reducido
gabinete de confianza,
con otro teniente
coronel en sus filas,
Jesús del Olmo, un
experto jurídico. Ese
gabinete diseñaría los
decretos necesarios para
ir jubilando a los
generales.
Fue aquel un Gobierno
que duró 20 meses.
Oliart recibiría tiempo
después un mandato muy
especial: trasladar
información sensible a
Felipe González y al
colaborador que él
designase. Aquella fue
una transición en medio
de la Transición, un
traspaso de poderes
antes de unas
elecciones, un suceso
insólito, nunca después
repetido.
Se celebró una primera
reunión en el domicilio
de Oliart (“un chalé que
estaba en un barrio
residencial, era una
casa cómoda, ni rica ni
modesta”, recuerda
Narcís Serra, que por
entonces era el alcalde
socialista de
Barcelona). Sin papeles,
ni documentos, al menos
es lo que confiesan los
testigos de aquellas
citas. Pasado el verano
del 82, las reuniones se
nutrieron con nuevos
actores, Narcís Serra,
Jesús del Olmo y Emilio
Alonso Manglano. Para
entonces, Serra ya había
aceptado ser el futuro
ministro de Defensa del
primer Gobierno
socialista después de la
Guerra Civil.
Los socialistas tenían
su Gobierno en la
sombra, una estructura
logística hecha a imagen
y semejanza del partido
laborista británico. Y,
dentro de esa
estructura, su propia
información sobre el
entorno militar. Pero
Narcís Serra era un
actor inesperado, no era
el candidato en quien se
había pensado; durante
tiempo se especuló con
Enrique Mújica, pero sus
reuniones con el general
Alfonso Armada le habían
dejado en entredicho; se
llegó a hablar de Luis
Solana y de Miguel Boyer
para el cargo.
Finalmente, el elegido
era Serra, un alcalde,
nada menos que el
alcalde de Barcelona.
Narcís Serra: “Aquellas
conversaciones me
sirvieron para saber
cómo estaba el ejército"
La información que
manejaban los
socialistas procedía de
ramificaciones que
llegaban hasta militares
de la clandestina
UMD(Unión Militar
Democrática). Esa
información se
trasladaba a Mújica
(presidente de la
Comisión de Defensa en
el Congreso), o a Luis
Solana (portavoz de
Defensa); en algunas
ocasiones a Julio
Busquets, un comandante
que había dejado el
ejército para
presentarse a las
primeras elecciones
democráticas por el
PSOE.
Otro militar, Carlos San
Juan, tenía la misión
dentro del partido de
ocuparse de los asuntos
de Interior. “No era una
organización muy
colegiada. Yo tenía
datos sobre militares y
sobre policías. La
militar se la trasladaba
a Julio Busquets. A
veces éste me preguntaba
¿Se lo has contado a
Felipe? Yo debía
entrevistarme con Juan
José Rosón, que era el
ministro del Interior.
Con Rosón solo hablaba
de cuestiones
relacionadas con ETA y
sus planes para terminar
con ETA político militar
y “acabar con aquella
insana competencia”,
como decía Rosón. Le
gustaba muy poco tener
que dar cuentas, era una
situación excepcional
porque sabía que
ganaríamos las
elecciones”. Había tres
tipos de conversaciones
secretas, según San
Juan, una en el área de
Interior, otra en
Defensa y una tercera en
Economía, “que no sabía
si llevaba Boyer o
Solchaga”. San Juan
terminó su cometido y
presentó centenares de
fichas sobre policías y
comisarios, departamento
por departamento. “Era
información que la
policía daba de sí
misma, sobre todo cómo
pensaban comisarios y
subcomisarios y también
algunos militares”. San
Juan le entregó sus
fichas a Barrionuevo, el
elegido finalmente para
ser ministro del
Interior. “Lo puse a su
disposición, pero no me
hizo demasiado caso”.
Narcís Serra también
recibió los informes
internos del partido.
“Cabía en una caja”,
recuerda. No era muy
cuantiosa ni muy
interesante, a su
juicio, como tampoco la
que se encontró en la
caja fuerte de Defensa,
después de que Oliart le
diera la llave: “sobre
todo eran papeles y
documentos relacionados
con el juicio del 23F”.
Después de aquel verano
de 1982, Narcís Serra
visita la casa de
Alberto Oliart en Madrid
en varias ocasiones.
Allí se entrevista
también con Jesús del
Olmo. Recibe información
verbal. De Serra siempre
se ha dicho que su
candidatura se fraguó
durante la organización
del desfile de las
Fuerzas Armadas,
celebrado en Barcelona
el 31 de mayo de 1981.
Fue un gran desfile. Su
experiencia durante el
golpe del 23F fue muy
limitada. “Recibí la
llamada de Francisco
Laína, que presidía el
consejo de
subsecretarios (el
gobierno de facto en
aquellas 17 horas y
media que duró el
golpe), quien le pidió
que enviara un coche
patrulla de la policía
local a cada cuartel
militar para que
informaran de cada
movimiento. “Y no hubo
movimientos”.
Una brigada de la
Acorazada fue trasladada
a Badajoz y esa decisión
molestó a los
portugueses
Unos días antes de aquel
desfile vivió otra
experiencia muy curiosa,
el asalto a la sede del
Banco Central en
Barcelona, un episodio
rocambolesco que en
algún momento se
confundió con una
intentona golpista. Allí
tuvo trato con los
mandos de la policía
(general Saez de
Santamaría) y la guardia
civil (general Aramburu
Topete). “Cuando Felipe
González me consulta por
primera vez, yo no
quería dejar de ser
alcalde. Mi gran
objetivo era la
candidatura de Barcelona
para los Juegos del 92”.
Aquellas conversaciones
en casa de Oliart se
celebran en un entorno
de psicosis de golpe. De
hecho, semanas antes de
las elecciones se había
desarrollado la
operación Cervantes, que
desarticuló la
organización de un golpe
sangriento para el 27 de
octubre de 1982.
“Aquello fue un golpe
elaborado con la
preparación propia de un
estado mayor”, recuerda
Jesús del Olmo.
Las entrevistas secretas
con Oliart, Del Olmo y
Manglano fueron muy
útiles para Serra: “Me
sirvieron para saber
cómo estaba el ejército
y para ver que el
enfoque de un partido no
se podía llevar a cabo.
O reformábamos o no
conseguíamos nada.
Persiguiendo
individualidades no se
resolvía el problema:
había que reducir
privilegios y hacer que
el Gobierno mande. Esa
son las conclusiones que
saco”.
Serra se tomó su tiempo
y mantuvo la columna
vertebral del ministerio
de Oliart. No era un
hombre de decisiones
rápidas, pero sí hizo
una cosa: desmembrar la
División Acorazada, la
unidad más potente que
tenía el ejército
español, ubicada a las
afueras de Madrid, con
sus 13.000 efectivos,
aquella unidad con la
que especulaba todo
golpista, la división
que podía dominar los
puntos vitales de la
capital. Serra desplazó
algunas de sus brigadas
mecanizadas a otros
lugares, “porque una
cualidad que tenía esa
división era la de que
carecía de terrenos para
hacer maniobras”. Una
brigada fue desplazada a
Zaragoza. Otra a
Badajoz. Aquella de
Badajoz originó un
inesperado problema
diplomático: “A los
portugueses no les gustó
nada ese movimiento”,
recuerda Serra. “No
entendían que hacía esa
brigada cerca de su
frontera”. Serra
solucionó ese episodio
en una discreta reunión
en Bruselas.
El PSOE abandonó toda
idea de salir de la
OTAN. Como abandonó
otras ideas
preliminares. Los
pequeños caudillos
fueron desapareciendo de
la escena. Y el golpismo
perdió la voz.
Fuente:
El País
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