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Propuesta de
documento unitario
para su debate en
el Encuentro
Estatal de
Colectivos de
Memoria Histórica
y de Víctimas del
Franquismo, en el
que se establecen
las
reivindicaciones
que las entidades
que lo suscriben
exigen a las
Instituciones del
Estado y que
pondrán a
disposición de los
partidos políticos
para que las
incluyan en sus
programas ante las
elecciones
generales de
finales de 2015.
1.
Exigimos a las
instituciones del
Estado español la
condena del
franquismo como
régimen criminal
en los términos
declarados por la
ONU, haciendo
mención expresa a
las Resoluciones
de las Naciones
Unidas adoptadas
por unanimidad por
la Asamblea
General de la ONU
el 9 de febrero y
el 12 de diciembre
de 1946 y
expresando
consecuentemente
el reconocimiento
político y
jurídico de las
víctimas.
2.
Declarar por Ley
la nulidad de
todas las acciones
legales de
carácter represivo
del régimen
franquista e
ilegales los
Consejos de
Guerra, el
Tribunal de
Represión de la
Masonería y el
Comunismo, el
Tribunal de Orden
Público, los
Tribunales de
Responsabilidades
Políticas y
cualesquiera otros
órganos penales o
administrativos de
la Dictadura
Franquista, así
como nulas de
pleno derecho las
resoluciones
dictadas y
condenas impuestas
por estos
organismos.
3.
Reconocimiento
político, jurídico
y social de
cuantos
defendieron la
legalidad
Republicana desde
1931 y lucharon
contra el
franquismo desde
el Golpe de Estado
del 36.
Reconocimiento de
la condición de
excombatientes por
la libertad a los
guerrilleros
antifranquistas y
demás
antifascistas
españoles que
combatieron en las
filas de los
aliados en la II
GM. Reconocimiento
jurídico de la
condición de
Víctima del
Franquismo a todas
aquellas personas
que han sufrido
persecución y
represión por el
Régimen
Franquista;
asesinados,
desaparecidos,
condenados a penas
de presidio y en
batallones de
trabajadores
penados, muertos
en prisión,
exiliados,
víctimas de
torturas y
violencia sexual,
población civil
víctima de los
bombardeos
fascistas durante
la Guerra Civil,
deportados y demás
víctimas
republicanas de la
persecución nazi,
menores víctimas
de orfanatos y
preventorios
franquistas,
empleados públicos
depurados,
víctimas del
expolio de sus
bienes etc.…
4.
Ratificación de la
“Convención sobre
la
imprescriptibilidad
de los crímenes de
guerra y de los
crímenes de lesa
humanidad”.
5.
Cumplimiento por
parte del Estado
español de las
recomendaciones
del Informe sobre
España del Grupo
de Trabajo sobre
las Desapariciones
Forzadas o
Involuntarias, y
del Informe sobre
España del Relator
Especial sobre la
promoción de la
verdad, la
justicia, la
reparación y las
garantías de no
repetición, Pablo
de Greiff, (ambos
presentados en
septiembre de 2014
en el Consejo de
Derechos Humanos
de Naciones
Unidas).
6.
Anulación de la
Ley de Amnistía de
1977 que blinda la
impunidad de los
responsables de
los crímenes
franquistas.
7.
Creación de una
Fiscalía
especializada para
la investigación y
persecución de los
crímenes del
franquismo, que
deben ser
considerados como
Crímenes contra la
Comunidad
Internacional y
dentro de esta
categoría, como
Crímenes contra la
Humanidad o
delitos de lesa
humanidad.
8.
Asunción explícita
por parte del
Estado español de
la responsabilidad
de garantizar el
derecho a la
Verdad de las
víctimas del
franquismo y del
conjunto de la
sociedad española,
conforme las
recomendaciones de
las Naciones
Unidas.
9.
Localización y
judicialización de
todas las fosas
comunes,
declarando por ley
la responsabilidad
directa e
ineludible del
Estado Español
respecto a la
exhumación de las
fosas comunes del
franquismo.
También se deberán
reconocer y
señalizar los
espacios del
crimen (referente
para la historia
de España) como
lugares de
memoria, mediante
monumentos, placas
y paneles
expositores que
expliquen los
hechos que
tuvieron lugar. De
igual forma, el
Estado Español
deberá promover y
alcanzar los
acuerdos y
convenios
internacionales
que sean
necesarios con
aquellos países en
cuyos territorios
haya fosas comunes
de españoles
víctimas del
fascismo, para
localizar,
exhumar,
identificar y
repatriar sus
restos a
territorio del
Estado.
10.
Reconocimiento
como un problema
de Estado del robo
masivo y
sistemático de
bebés, durante
décadas y en todo
el territorio
español, desde los
años 40 hasta bien
entrada la
democracia; el
compromiso de
instar a las
autoridades
españolas, de
cualquier ámbito
institucional, a
una investigación
efectiva de los
hechos que permita
la búsqueda de los
“niños” y “niñas”
desaparecidos, hoy
adultos en busca
de su identidad
robada; así como
la determinación
de promulgar leyes
que permitan la
persecución y
enjuiciamiento de
los culpables de
este delito que,
inexorablemente,
deberá
considerarse como
un crimen contra
la humanidad.
11.
Condena de los
actos de
exaltación
franquista y de
negacionismo
histórico e
ilegalización de
las organizaciones
que los promueven,
así como, la
retirada de
simbología
franquista de
espacios públicos
y privados y la
anulación de
conmemoraciones y
títulos que
reconozcan a
personas
vinculadas al
régimen
franquista,
desarrollando la
correspondiente
legislación que
deberá instruir
procedimientos
acordes con el
derecho
internacional de
derechos humanos
como norma de
convivencia
ciudadana.
12.
Establecer una
legislación que
permita la
recuperación e
indemnización a
cargo del estado,
o de los
responsables
patrimoniales si
existieran, de los
bienes expoliados
a personas físicas
o legales por
motivos políticos,
religiosos o de
represalias de
cualquier tipo.
Fijación de un
sistema de
resarcimiento
económico
actualizado, en
términos
actuariales y que
se corresponda con
la realidad
económica y social
española, a todo
tipo de víctimas
aún vivas,
herederos y sus
familias, así como
adoptar las
medidas necesarias
para el
reconocimiento
social y cultural,
para lo que se
procederá a la
localización,
catalogación y
declaración como
patrimonio
histórico de los
lugares de memoria
de la lucha en
defensa de la
República y de la
represión
franquista.
13.
Apertura de todos
los archivos
públicos y
privados
existentes en la
actualidad
(policiales,
diplomáticos,
militares, de
inteligencia
militar, penales,
judiciales,
carcelarios,
municipales, de
Falange Española y
de las J.O.N.S. –
Sección Femenina,
eclesiásticos, de
hospitales,
clínicas y
maternidades), y
todos aquellos
relacionados en
general o
particular con la
represión
franquista y su
herencia
posterior.
14.
Desclasificación y
catalogación, por
expertos de la
documentación, de
todos los
documentos
contenidos en
dichos archivos
(punto 13) para
asegurar el acceso
a la información y
garantizar el
derecho a la
Justicia y
reparación de las
víctimas de la
dictadura.
15.
El Ministerio de
Educación y las
Consejerías de
Educación de las
Comunidades
Autónomas deberán
establecer, para
los diferentes
niveles de
enseñanza y sus
contenidos
curriculares, una
normativa acorde
con la verdad
histórica del
Golpe de Estado
del 18 de julio
del 36, la Guerra
Civil, la
Dictadura y la
represión
franquista. A
tales efectos, las
instituciones
educativas deberán
comprobar y
subsanar los
contenidos en los
libros de texto
sobre historia,
contemplándolos
desde la
objetividad y la
transparencia, en
pro de un plan
pedagógico que
ayude a conocer
los hechos en
beneficio de una
armonía ciudadana
sin negacionismos
ni revisionismos.
16.
Supresión de la
asignatura de
religión de la
enseñanza pública,
en tanto que es la
principal herencia
que en materia
educativa hemos
recibido de la
Dictadura
Franquista.
17.
Solución
definitiva para el
Valle de
Cuelgamuros,
consistente en el
traslado de los
restos del
Dictador Francisco
Franco como del
Fundador de
Falange José
Antonio Primo de
Rivera,
identificación de
los republicanos
represaliados
enterrados en el
Valle de los
Caídos y su
devolución a los
familiares;
Desacralización
del lugar,
expulsando a la
orden benedictina
y desmantelando la
cruz, que
“representa al
nacional-catolicismo”,
así como,
reconvertir el
Valle en un
memorial
democrático, en el
que se cuente lo
que fue la II
República y el
golpe de Estado de
1936.
18.
Consideramos que
estas propuestas,
así como las
reivindicaciones
de los diferentes
colectivos de
víctimas del
franquismo y del
fascismo, deben
plasmarse durante
la próxima
legislatura en una
Ley de Víctimas
del Franquismo. Se
acabaría así
definitivamente
con la impunidad
del franquismo, y
con la situación
de flagrante
injusticia que han
tenido que
soportar durante
décadas centenares
de miles de
personas.
GRUPO PROMOTOR
18-09-15
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