Lo sabíamos. Rajoy está haciendo una política y adoptando medidas propias de un "estado de excepción" o de "alarma", sin haberlo declarado. Con su rodillo absoluto en el parlamento y mediante la fórmula del decreto, suspende y elimina derechos constitucionales, desarrollados por las leyes. Está construyendo un modelo propio totalitario, alejado de los principios que inspiran a la Constitución. El último de los derechos suspendidos es el de jubilación anticipada. El "sistema se lo permite".

Con nocturnidad y alevosía, es decir, en el último Consejo de Ministros del año, 28 de diciembre, día de los inocentes, aprueba traicioneramente, el Real Decreto Ley 29/2012, bajo el nombre: "mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social." (que ha entrado en vigor el día 1 de enero). En su disposición adicional primera, 1, 2 y 3, de forma subrepticia declara la  "Suspensión (durante tres meses) de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 27/2011, relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial". La reforma de las pensiones que vendrá, sin aprobarla, queda enunciada: por decreto, sin debate, ocultando el sentido de la suspensión, con letra pequeña; las "otras medidas de carácter económico y social", escondidas tras el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Toda una canallada.

La Ley Orgánica 4/1981 establece que "Procederá la declaración de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes". Las medidas en éstas circunstancias, así como la duración de los diferentes "estados", serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se debe ralizar en forma proporcionada a las circunstancias. Rajoy está actuando como si tales circunstancias se estuvieran produciendo, sin declararlo legalmente. Con la excusa de la crisis económica, desmantela el Estado social.

Algunos de los derechos que pueden quedar en suspenso, en esas especiales circunstancias son: la detención preventiva, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones; la libertad de elección de residencia y libre circulación por el territorio nacional; la libertad de expresar el pensamiento, derecho a comunicar o recibir información; los derechos de manifestación y huelga. También su puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, entre otras medidas. Ahora anda tras el derecho de huelga ¿que argumento utilizará? ¿después, qué otros derechos?

Pero vayamos a lo concerniente al derecho de jubilación anticipada suspendido temporalmente el día de los "inocentes". Caso práctico: Una persona como ustedes o como yo; 63 años y un día, con 50 años de cotización a su haber, y en el paro de larga duración, cobrando la miseria. Pide cita previa un día del diciembre pasado (antes de la aprobación del decreto), con objeto de solicitar y ejercer el derecho a la jubilación anticipada, reconocido en las leyes. El sistema de citas no se la concede hasta el 11 de enero. Mientras, se ha consumado la tropelía. De tener derechos, a encontrarse con ellos suspendidos. No le dan ni la oportunidad de solicitarlo. El derecho no solo se suspende para los trabajadores que quieren jubilarse anticipadamente, sino también a los desempleados, con derecho a ello. Sólo le queda el recurso administrativo ante la Seguridad Social, el contencioso ante los tribunales de justicia, el amparo ante el Constitucional o ante el Europeo de Derechos Humanos; y el tasazo de Gallardón de por medio. Si yo fuera, me estaría acordando de la santa madre del señor Rajoy.

Rajoy está actuando como si hubiera declarado el estado de excepción o alarma. La suspensión del derecho a la jubilación anticipada es lo último, un aviso sobre la reforma que viene y la miseria que se avecina; pero también ha suspendido o eliminado otros muchos. Está privatizando la sanidad, cobrando por las medicinas y entregando el sistema a sus amigos. Nacionaliza las pérdidas que la banca tiene, por su rapiña y privatiza los beneficios y patrimonio de los bancos y cajas nacionalizados. Elimina derechos laborales, baja sueldos a empleados públicos y premia a los defraudadores de impuestos. Aprueba el "gallatazo" y limita el derecho a la justicia. No promueve el empleo, ni favorece a los autónomos, ni emprendedores, ni beneficia la economía real, pero premia al sistema financiero de los bancos y al poder económico. Criminaliza las protestas y penaliza a quienes legítimamente defienden sus derechos. Y que decir de las nefastas políticas que está llevando a cabo sobre energía, medio ambiente, agricultura, educación, defensa, o exteriores.

Andémonos con ojo, que puestos a decretar, Rajoy es capaz de ir y venir y sin darnos cuenta, alcanzar su modelo totalitario preferido: sin derechos y sin libertad; todo para unos pocos, nada para el resto, que somos muchos. Nos desprecia. Frente a todo este desmán sólo cabe: la suspensión del estado de excepción; pero decretado por el pueblo.