Han
pasado treinta y nueve años desde aquel terrible día, en el que el
terrorismo fascista asesinó a cinco personas en Madrid: Luis Javier
Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel
Rodríguez y sus compañeros malheridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos,
Dolores González y Miguel Sarabia. La provocación y el odio de los
asesinos contra la democracia que empezaba a florecer, cercenaron la vida
de unos abogados laboralistas del sindicato CCOO y militantes del PCE
comprometidos con la justicia social.
Fue la
noche fría del 24 de enero de 1977, en Madrid, calle de Atocha número 55.
La dictadura franquista seguía viva y no iba a consentir que la democracia
se estableciera. Hubo muchas más intentonas para impedirlo, pero mal que
bien, salimos adelante. Cuando decimos que no hay democracia en España —y
mucho hay que seguir haciendo para mantenerla tras el deterioro de los
últimos años—, no recordamos la oscuridad de la dictadura, que se mantuvo
cuarenta años a sangre y opresión. Lo ocurrido fue una operación diseñada
desde los despachos del régimen, representantes de lo más granado de la
ultraderecha, para sembrar el terror entre los luchadores contra el
franquismo y por las libertades.
Franco había muerto en 1975 y las nuevas autoridades, tímidamente, parecía
que querían poner fin a la dictadura de forma controlada. Se incrementan
las movilizaciones y la voz del pueblo empieza a escucharse por las
calles. Recuerdo el abucheo que le dimos al general chileno Augusto
Pinochet, delante de la iglesia de los Jerónimos, cuando entraba en la
misa de coronación de Juan Carlos de Borbón, que asumía el poder
totalitario integro. Dentro, el cardenal
Enrique y Tarancón, derribaba algún muro: «Que
sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin
discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley y
puesta siempre la ley al servicio de la comunidad… en una auténtica paz
libre y justa, ancha y fecunda, una paz en la que todos puedan crecer,
progresar y realizarse como seres humanos». Palabras que no gustaron a los
jerarcas franquistas. «Tarancón al paredón», gritaban, mostrando el odio y
las intenciones, que hoy todavía algunos tienen. Losantos ha llegado a
decir: «Veo
a Errejón, Bescansa, Maestre y si llevo escopeta les disparo»
y no son bravatas, sino amenazas.
Dimitido Arias Navarro, es sustituido por Adolfo Suárez en la presidencia
del Gobierno, quien entiende que la solución a la situación que vive el
país —exteriormente aislada de Europa y de los países democráticos— pasa
por la «apertura», sin saber bien la dimensión de la idea. Se convoca un
referéndum para el 15 de diciembre de 1976 con la pregunta: «¿Aprueba el
Proyecto de Ley para la Reforma Política?», el 77,8% del pueblo censado
acudió a votar y el 94,17% de los votantes dijo Sí. Con este resultado
aplastante, se promulgó la
Ley para la reforma política de 4 de enero de 1977.
«La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley,
expresión de la voluntad soberana del pueblo», dictaba el artículo 1.
También se establecía que la potestad de elaborar y aprobar las leyes
residía en las Cortes.
Mostrada
la voluntad a favor de la democracia, dio comienzo la campaña organizada
de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la
ultraderecha, para provocar una intervención militar y un golpe de Estado,
como así ocurrió el 23F de 1981 y algún que otro intento hubo más.
Cuarenta días después de la celebración del referéndum, los fascistas
perpetraron la matanza de Atocha.
Unos días antes, habían
asesinado al estudiante Arturo Ruiz, en el
transcurso de una manifestación, convocada a favor de amnistía para los
presos políticos que seguían en la cárcel. También es
asesinada por la policía Mariluz Nájera, por un
bote de humo lanzado a corta distancia que le impactó en la frente. Por la
mañana del día 24, conocíamos el
secuestro del Teniente general Villaescusa,
presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, por los GRAPO. En
aquella fecha, también llevaba secuestrado hacía dos meses, José María de
Oriol, Presidente del Consejo de Estado.
Ambos fueron liberados el 11 de febrero de 1977.
Toda una escalada de tensión provocada, hasta llegar a la noche sangrienta
del lunes 24 de enero.
El día 25, «cuando
se volvió a los tajos, no hizo falta decir que se iban a producir paros».
Los cargos sindicales convocaron asambleas permanentes, que se
desarrollaron sin provocaciones y sin alteraciones del orden. Al día
siguiente cientos de miles de personas despedíamos a los abogados de
Atocha asesinados, solidarizándonos con sus familias y compañeros,
clamando justicia. Desde la plaza de las Salesas, participé en la
manifestación del silencio profundo que hoy todavía me estremece. Ni
gritos ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido ni al
sindicato ni ninguna otra consigna. Fue una manifestación serena y de
rabia contenida hasta el cementerio Civil, tomado por la Policía Armada,
armada hasta los dientes. ¡Qué ganas nos tenían!
El
Tribunal dictó
sentencia el 5 de marzo de 1980,
considerando que los procesados
Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte
Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá,
Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez constituían un «grupo activista e
ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y
totalitaria», disconformes con el cambio institucional que se estaba
operando en España. Se condenó a Fernández Cerrá y García Juliá a un total
de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de
73 años. No se pudo llegar más arriba por
mucho que lo intentó la acusación particular, «porque la instrucción del
sumario fue una chapuza y porque eran momentos complicados»
recuerda Raúl Cordero (Fundación Abogado de Atocha). Aún así fue un juicio
que se hizo al franquismo y el primero en el que se
condenó a franquistas, que lo fueron por delito de asesinato y no
terrorismo.
Escribía
Santiago Carrillo en Mundo Obrero: «Los
atentados de que han sido víctimas Arturo Ruiz, María Luz Nájera, los
abogados laboralistas miembros del PCE y policías armados y guardias
civiles, forman parte, todos ellos, de un plan encaminado a desestabilizar
el curso pacífico de la dictadura a la democracia».
La respuesta de la ciudadanía madrileña el
26 de enero, es una de las raíces de la democracia, dice
Alejandro
Ruiz-Huerta, víctima del atentado. Responder con silencio, sin
provocaciones, sin devolver violencia por violencia, con paz, libertad,
democracia y serenidad «fue
la clave de que a partir de ahí pudiéramos construir entre todos la
democracia». Por la democracia seguimos. También
por la justicia social, la igualdad, la solidaridad y las libertades.
