La matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por pistoleros de la extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y a Falange. La noche del 24 de enero de 1977, cinco abogados laboralistas fueron asesinados y otros cuatro resultaron gravemente heridos. Las víctimas eran comunistas y de Comisiones Obreras. El año 1977 no había empezado bien con la tensión creciente: la ofensiva de ETA y del GRAPO, los rumores golpistas y la matanza puso en jaque a la democracia por llegar.

Eran alrededor de las 22:30 de la noche, cuando un comando ultraderechista formado por tres pistoleros, irrumpen en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España (todavía ilegal), situado en el número 55 de la calle de Atocha, y abrió fuego contra los presentes. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro y, al no encontrarlo, decidieron asesinar a todos los demás. Eran dos jóvenes armados con pistolas y un tercero encargado de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, eran los tres asesinos.

Franco había muerto en noviembre de 1975 y parecía que todo quedaba «atado y bien atado». España tenía ante sí el reto de ser como sus vecinos demócratas o el búnker nacional-católico de Europa. La historia hacía inviable mantener los Principios Fundamentales del Régimen y los valores del 18 de julio, jurados en 1969 por Juan Carlos de Borbón. Muchos había que seguían defendiendo al búnker. Franco firmó sus últimas sentencias de muerte semanas antes de morir; en marzo de 1976 se produjeron los sucesos de Vitoria con cinco huelguistas muertos; y en mayo los sucesos de Montejurra en los que murieron dos militantes carlistas. Con la matanza de Atocha, querían mantener su España «una, grande y libre», frente a la roja, plurinacional, tricolor, laica y democrática.

Aquellos días de enero significaron una amenaza para la Transición. Hubo que hacer frente a una ofensiva criminal que colocó a la naciente democracia al borde del precipicio (Martín Villa, ministro de Gobernación en 1977). A esa situación se llegó por la concatenación de unos trágicos episodios: los secuestros de Antonio María de Oriol y del general Villaescusa, la muerte del estudiante Arturo Ruiz por disparos de un ultraderechista, la muerte de María Luz Nájera al ser alcanzada por un bote de humo de la policía y el asesinato de los abogados laboralistas. España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz, que la propaganda del régimen propagaba. Juan Antonio Bardem retrató la trágica semana en su película «Siete días de enero».

Los abogados que ejercieron la acusación contra los asesinos de los abogados, trataron de poner al descubierto las oscuras tramas ultraderechistas de líderes como Blas Piñar y fuerzas reaccionarias dentro del propio aparato de seguridad del estado. Según las sospechas de algunos de los abogados, entre ellos José Bono y Cristina Almeida, habrían participado de alguna forma en la elaboración de los atentados para desestabilizar el proceso de la transición en marcha.

La abogada Cristina Almeida ha denunció que en el juicio no se les dejó llegar hasta el final. El juez Gómez Chaparro «Estaba acostumbrado a castigar a políticos, demócratas y comunistas, pero no a los fachas y a la derecha». Todo estaba conectado. Fernando Lerdo de Tejada, que esperó a los asesinos a la puerta del despacho, era sobrino de la secretaria de Blas Piñar. «Cuando empezamos a investigar más allá, no nos dejaron». Las investigaciones se quedaron en el Sindicato Vertical de transportes.

La versión oficial de los asesinos es que iban a buscar a Joaquín Navarro, el Secretario General del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid. «Esperaron una hora en el piso de arriba y escucharon quién entraba y salía del despacho». Fueron los mismos asesinos los que contaron en sus declaraciones que oyeron cómo se marchaba gente del despacho. Había complicidad con el juez y un clima muy tenso. Peligraba el sistema democrático naciente. Bastante fue con haberlos detenido.

Casi dos meses después del atentado, los autores del crimen fueron detenidos y puestos a disposición judicial. La Audiencia Nacional dictó sentencia el 4 de marzo de 1980. Consideró que los procesados constituían un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España». El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. «Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada» (Miguel Ángel Sarabia).

García Juliá se fugó 14 años después, al serle concedida la libertad condicional, con 10 años de prisión pendientes. Fue detenido en Bolivia por narcotráfico. Fernández Cerrá fue puesto en libertad tras 15 años en la cárcel. La instrucción del caso fue un desastre. Lo más sangrante fue que el juez instructor de la Audiencia Nacional, Rafael González Chaparro, concedió un permiso a Fernando Lerdo de Tejada, tras un año en la cárcel y a la espera de juicio, para ir a la boda de su hermano y no volvió. Emilio Hellín acabó trabajando como asesor de criminalística para la Guardia Civil y la Policía.

Entre el secuestro de Antonio Oriol en diciembre, la aprobación del referéndum para la reforma política, y la Semana Negra de enero, se presentaba una escalada de violencia, de acción y reacción, que podía desembocar en una Guerra Civil. Si algo quedó demostrado, es que ni los militares cayeron en la provocación, ni el partido comunista, respondió con violencia. El duelo en el entierro y la multitudinaria manifestación en riguroso silencio conmocionaron al país. El canalla asesinato de los abogados surtió el efecto contrario. El PCE sería legalizado en abril, un mes después de la detención de los asesinos y las primeras elecciones democráticas desde 1936 se celebraron el 15 de junio.

En el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González. Otra de las abogadas que salvó la vida porque había cambiado de despacho es Manuela Carmena «Los asesinatos de Atocha fueron la cuota a pagar para obtener libertad y democracia». Cayeron asesinados a tiros, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Defendían las libertades de los trabajadores y los derechos de la ciudadanía. Cinco muertes que iniciaron el camino a la democracia; en su memoria

Todo parece que con el atentado buscaban una huelga general que provocara un golpe de Estado, pero no lo consiguieron. Éste llegó el 23 de febrero de 1981.