La Comisión
del Pacto de Toledo ha cerrado un preacuerdo en el que recomienda que
la revalorización anual de las pensiones sea en base al IPC real. Pero
no está claro lo que va a ocurrir, aunque viene a desautorizar la
reforma de las pensiones del PP que tanto nos ha hecho retroceder. La
vinculación de las pensiones al IPC queda en manos del Gobierno. La
ministra Valerio ya ha adelantado que las recomendaciones "no son
vinculantes", y la Seguridad Social ve "perverso" vincular el alza de
las pensiones a un único indicador. Alguien nos está engañando y no
parece que esta decisión vaya a calmar los ánimos reivindicativos de
las personas pensionistas y de las que pronto serán.
La Comisión
del Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo de principio de mínimos,
para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC real,
sin estar supeditada esta subida a ningún otro parámetro. El acuerdo
fue refrendado por todos los grupos representados en el Congreso,
salvo ERC, que quiere analizar el documento ante las dudas de que no
garantice realmente la ganancia de poder adquisitivo. El texto del
acuerdo establece que "la revalorización debe ser diferenciada de
cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino
−cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura
legal−, aumentar dicho poder adquisitivo".
Los grupos se felicitaron por haber
"desatascado" las discusiones en la Comisión, que lleva dos años
siendo incapaz de concluir el trabajo que tiene encomendado: revisar
cada cinco años
las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo,
La subida tiene que sortear aún las reticencias de la patronal. El
Gobierno negociará el tema con los sindicatos y los empresarios en el
diálogo social. Pero la CEOE tiene dudas sobre si la subida debe
vincularse al IPC o si han de tener en cuenta más criterios. PP,
Ciudadanos y PDeCAT, los partidos más reacios a volver a la indexación
a los precios, defienden que se pueda condicionar la subida a la
situación económica. Todo está por ver.
El sistema público de pensiones es cuestionado a
menudo. Desde hace años se nos amenaza con la dificultad de sostener
unas prestaciones con un número creciente de jubilados y una población
activa cada vez más reducida y con peores condiciones de trabajo que
sus padres. En España, desde la firma del Pacto de Toledo, se trataron
de poner en marcha políticas a largo plazo para garantizar que cuando
la vejez nos llegue tengamos un sistema que nos permita vivir con
dignidad. (El
Plural 27 de septiembre)
Los
partidos políticos hacen lecturas distintas del "consenso de mínimos".
Los grupos se basan en el acuerdo de 2011 para pactar un borrador que
les permita mantener sus posiciones de partida: PP y Cs defienden que
el IPC se matizará con otros indicadores y la izquierda dice que ese
método se han descartado. El Gobierno deberá consultar al Congreso si
desarrolla o modifica la recomendación que garantiza el poder
adquisitivo.
CCOO y UGT han
convocado cerca de medio centenar de movilizaciones
en todo el país los próximas 1 y 2 de octubre, con motivo del
Día Internacional de las Personas Mayores
que se celebra el 1 de octubre, en defensa de sus derechos y para
reclamar pensiones dignas. El
manifiesto conjunto, exixge al conjunto de
poderes públicos que se pongan en marcha las medidas necesarias para
garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y su poder
adquisitivo, además de derogar los recortes en materia sanitaria,
completar la implantación de la ley de Dependencia o poner un IVA
reducido a los suministros básicos del hogar, entre otras cosas.
También la
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones,
lleva tiempo reivindicando la revalorización de las pensiones según el
IPC. Los pensionistas prometieron un septiembre caliente y lo están
cumpliendo. Según la Coordinadora, las movilizaciones continuarán
porque sus reivindicaciones aún no han sido atendidas: "No vamos a
permitir que nos roben nuestras pensiones y las de nuestros hijos con
reformas y recortes de gobiernos que solo favorecen a una minoría
social". Están cansados de esperar. Critican que las pensiones, se
está estancando y que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa no ha
traído ningún cambio. Todo sigue igual más allá de buenas palabras,
lamentan.
La
Coordinadora mantiene como principales reivindicaciones la defensa de
"pensiones dignas", con su revalorización de acuerdo al IPC, la
anulación de las reformas de 2011 y 2013, que "provocan una
disminución progresiva de las pensiones futuras y dificultades para
acceder a ellas; la eliminación de la brecha de género en las
pensiones; y la garantía de las pensiones con los Presupuestos del
Estado según lo establecido en el artículo 50 de la Constitución y el
artículo 109 de la Seguridad Social".
El
artículo 50 de la Constitución establece
que: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad...". Hay quién dice que el blindaje
de las pensiones en la CE queda garantizado con este artículo, pero
que no nos confundan. El artículo, efectivamente, está incluido en el
Título I. De los derechos y deberes fundamentales, pero no es menos
cierto que se encuentra en el Capítulo tercero. De los principios
rectores de la política social y económica; por lo que no dejan de ser
orientaciones constitucionales hacia los poderes públicos para que sus
políticas tiendan ha cubrir determinados objetivos. En todo caso, no
cabe considerarlos como normas sin contenido ya que es obligado
tenerlos presentes en la interpretación, tanto de las normas
constitucionales como de las propias leyes.
El Informe
de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, del 29 de diciembre de
2010, sometido al Pleno del Congreso de los Diputados y aprobado el 25
de enero de 2011, en su Recomendación nº 2 relativa al mantenimiento
del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, decía: "La Comisión
(...) defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los
pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la
adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero
del sistema de pensiones en el futuro. "Considera, además, que la
sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los
recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al
estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que
toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere
adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros".
La
Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones
−MERP−, exige proteger las pensiones públicas. Y para ello propone
blindarlas en la Constitución, elevándose a la categoría de derecho
fundamental, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder
adquisitivo, a través de un mandato que comprometa a todos los
gobiernos y al conjunto de la Administración. Solo así las pensiones
públicas estarán verdaderamente protegidas. Las pensiones son el pilar
esencial de la cohesión social y reformar el Sistema, como lo hizo el
Gobierno del Partido Popular, representó una amenaza para el presente
y el futuro.
Para la MERP, son bienvenidos todos los avances,
mejoras y acuerdos que beneficien a las pensiones. Pero es necesario
alcanzar una solución permanente que impida ponerlas en cuestión por
oportunismo político. El blindaje de las pensiones debe traducirse en
mandatos explícitos que protejan de forma efectiva el sistema público
de pensiones en la Constitución, como ocurrió con el blindaje del pago
de la deuda pública, con un mandato que compromete a todos los
gobiernos, mediante la reforma del
artículo 135. Las pensiones merecen igual
protección que el pago de la deuda a los bancos.
Unidos
Podemos sostiene que las pensiones subirán según lo haga el IPC real,
sin que se module con otros indicadores, como los salarios y el PIB, o
que el ritmo de subida sea distinto, según la cuantía de la pensión o
que se distinga entre periodos de crecimiento y recesión económica.
Tanto el PP como Cs y PDeCAT sostienen que el principio de acuerdo
permitirá añadir otros indicadores al IPC real para revalorizar las
pensiones. Para el PSOE, lo destacable del principio de acuerdo es que
se haya regresado al IPC real después de siete años. Ahora debe ser el
Gobierno el que diseñe al detalle el mecanismo para subir las
pensiones. Esperemos que sea pronto y coincidente con las
reivindicaciones de sindicatos, colectivos y pensionistas.
El Gobierno
y el resto de fuerzas políticas, deben promover una reforma de la
Constitución que recoja las pensiones como derecho fundamental,
otorgándoles el blindaje constitucional que no tienen en la
actualidad. Una reforma que incluya la prohibición expresa de que
cualquier gobierno, pueda tocar, recortar o privatizar, total o
parcialmente, el Sistema Público de Pensiones; que recoja como
obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real
de las pensiones públicas, y por tanto la imposibilidad de que ningún
tipo de medida, pueda afectar a las pensiones
Queda todo por conocerse y el
acuerdo de mínimos es sólo un paso más que debe formalizarse mediante
ley. Es preciso un cambio de orientación en la política
económica y social para hacer posible un aumento de la protección
social, reducir el empobrecimiento y garantizar las mejores
condiciones de vida para las personas mayores.
"El
60% de los pensionistas cobran prestaciones por debajo de 800 euros".
Las pensiones son una línea roja
que no debemos permitir que se cruce.
