Esta semana comienza el
juicio del caso Bárcenas,
relativo al pago de las
obras de la reforma de la
sede del partido en la calle
Génova con dinero de la caja
B del Partido Popular. De
forma sorpresiva, Luis
Barcenas ha comenzado a
cantar y en un escrito a la
Fiscalía Anticorrupción
confiesa que el partido se
financió ilegalmente entre
1982 y 2009 y que algunas de
las donaciones que recibió
de empresarios eran a cambio
de contratos de obra
pública. Apunta a Rajoy de
"perfecto conocedor".
También propone al juez
destapar la corrupción del
gobierno de Aznar, la mayor
de la historia.
Bárcenas rompe su pacto con
el PP y señala a Rajoy por
cohecho y tráfico de
influencias, relatando cómo
funcionaba el sistema de
financiación del PP con
percepciones en B. El
extesorero afronta el juicio
con un claro objetivo:
colaborar con la Justicia a
cambio de que él y, sobre
todo, su mujer Rosalía
Iglesias puedan adelantar su
salida de prisión.
Hasta
una veintena de
constructores aparecen en la
confesión de Bárcenas, quién
que señalar cuáles de ellos
hicieron donaciones
finalistas al PP. Las
donaciones ilegales al PP
ascendieron a ocho millones
de euros entre 1990 y 2009
en lo que el extesorero
define como
"un sistema
institucionalizado de
financiación en B".
Entre otros, quedan
implicados el expresidente
de Sacyr Luis del Rivero; el
expresidente de OHL Juan
Miguel Villar Mir; Manuel
Contreras Caro, del grupo
Azvi; Alfonso García
Pozuelo, de Constructora
Hispánica; Juan Manuel
Fernández Rubio, de Aldesa
Construcciones; José Mayor
Oreja, de FCC; Joaquín
Molpeceres, de Licuas;
Antonio Vilela, en nombre de
Construcciones Rubau; o
Rafael Palencia, de
Degremont Iberia. Las
pruebas determinarán si ha
existido un delito de
cohecho. También Bárcenas
señala a la expresidenta
madrileña en el caso Púnica.
Esperanza Aguirre está en
manos de Bárcenas,
ya que el extesorero también
se ha ofrecido a aportar
información sobre la caja B
del PP de Madrid.
Es corrupción el tráfico de
influencias, el uso de
información privilegiada y
el pago de comisiones
ilegales, para conseguir
negocios y beneficios, que
sin el delito, no hubieran
podido alcanzarse. Otras
prácticas corruptas son el
soborno, la extorsión, el
fraude, la malversación, la
prevaricación, el cohecho,
el contrabando, el blanqueo
y la evasión de capitales o
el delito fiscal. Se han
acumulado grandes fortunas
con el negocio inmobiliario
y sus prácticas corruptas
asimiladas. La financiación
ilegal de los partidos
políticos es otro delito y
el caso Bárcenas un ejemplo.
Luis
Bárcenas dice en su escrito
a la Fiscalía, que en una
reunión en 2009,
en el despacho de Mariano
Rajoy, le enseñó los papeles
con la contabilidad B del PP,
"espetándome que cómo podía
seguir guardando esa
documentación
comprometedora, que terminó,
personalmente, destruyéndola
en la máquina destructora de
papeles, sin saber que yo
guardaba copia de esa
documentación".
En la
historia de España la
corrupción ha sido una
constante. La realeza se ha
visto implicada en casos de
corrupción para su
enriquecimiento personal.
Fue célebre la reina regente
María Cristina de Borbón (la
que "me quiere gobernar") y
sus negocios especulativos
con sal, ferrocarriles y
trata de esclavos, llegando
a amasar una gran fortuna
por procedimientos poco
claros. No había industria
en España, en la que no
llegó la mano real.
Hoy hay que recordar el caso
Urdangarín,
cuñado del rey, que volvió a
tocar a la realeza en su
propia casa.
De la presunta corrupción de
Juan Carlos de Borbón ya
hemos hablado,
tendremos ocasión de volver
a hacerlo, esperando que con
juicio de por medio.
Hubo un tiempo que en
España, a la corrupción se
la llamó "estraperlo", como
una de las más extendidas y
lucrativas actividades
económicas ilegales. Durante
la República, una denuncia
de M. Daniel Strauss ante el
presidente Alcalá Zamora,
exigía una "indemnización",
por los gastos que le había
ocasionado la instalación de
juegos en determinados
casinos. El caso fue
conocido popularmente como
straperlo (por el
nombre de sus promotores
Strauss, Perle y Lowmann).
Los gastos no eran sino
sobornos (hoy diríamos
comisiones ilegales),
pagados a políticos, amigos
y familiares del Partido
Republicano Radical y de su
líder Lerroux.
En los
años 60, Adolfo Marsillach
compuso una telecomedia,
cuyo argumento reflexionaba
sobre la censura, a la que
no le valía, por
insuficiente, el título de
la obra "La honradez". En
España la honradez tenia que
ser recompensada, decían,
pero no de forma puntual,
sino siempre. De ahí que la
obra pasó a titularse "La
honradez recompensada"
(siempre en España). En la
realidad del momento, no
solo no se recompensaba la
honradez, sino que se
premiaba lo contrario. La
corrupción campaba a sus
anchas desde los propios
despachos ministeriales. Se
compraban y vendían
licencias de importación y
exportación, para beneficio
de jerarcas y allegados del
régimen.
Hoy,
los denunciantes de
corrupción e irregularidades
no son recompensados, sino
que en algunos casos están
perseguidos. Gente honesta
que cumpliendo con un deber
de buena ciudadanía, cuando
denuncian ante la justicia
la existencia de corrupción,
en vez de ser reconocida su
valentía y honestidad, son
perseguidos, calumniados,
expulsados de sus trabajos,
incluso encarcelados y
represaliados,
como es el caso de Ana
Garrido, Luis Gonzalo
Segura, Marco Antonio
Santos, Roberto Macías,
entre otros muchos
En el
índice de percepción de la
corrupción 2020 de
Transparency International,
España mantiene la misma
puntuación que en 2019, 62
puntos, pero baja dos
puestos y se sitúa en el 32º
de los 180 países
analizados. Dinamarca y
Nueva Zelanda encabezan el
ranking con 88 puntos y son
considerados los menos
corruptos, mientras
que Somalia, Sudán del Sur y
Siria cierran la lista.
La posición de España queda
muy lejos de la de Dinamarca
y Nueva Zelanda
y de otros países europeos
como Alemania, Bélgica,
Irlanda o Francia (23ª) y
evidencia que la corrupción
sigue siendo un problema
grave que debe poner en
alerta a la ciudadanía
española.
Mientras unos se lucran a
nuestra costa, otros pagamos
en su beneficio. Los
corruptos abanderan las
políticas de austeridad,
desmantelamiento de los
servicios públicos y las
privatizaciones; son quienes
propugnan que el Estado no
preste servicios
asistenciales, ni pague
pensiones ni subsidios,
mientras que ellos llenan
sus arcas de una forma
ilegal y sin mayor castigo.
Tan corrupto es el que
utiliza los bienes públicos
en su propio beneficio, como
quien no lo impide pudiendo.
Las leyes han castigado
siempre más el robo de una
gallina para comer, que los
fraudes y desfalcos de los
poderosos. Los partidos
políticos tienen expulsar a
los indeseables de sus
filas; ponerlos a
disposición de la justicia y
ésta actuar con
contundencia.
El
portavoz de Juezas y Jueces
para la Democracia
consideraba,
que al Gobierno le interesa
que la justicia, no tenga
medios suficientes para
luchar contra la corrupción,
y que "no es admisible que
un inmigrante, que coloca el
top manta para poder
sobrevivir, tenga penas de
prisión y el político
corrupto que engaña,
sustrae, perjudica al
conjunto de la sociedad, en
ocasiones, solo tenga pena
de multa". Como siempre ha
ocurrido, se "criminaliza la
pobreza", pero no los
delitos cometidos por
quienes tienen el poder.
El poder corrompe; sobre
todo si los que asumen el
poder lo quieren para
corromper. Entre unos y
otros, por acción u omisión,
han corrompido la democracia
y permitido que la
corrupción y el nepotismo se
instalen en el Sistema.
Algunos pretenden desvirtuar
la democracia, presentando
la corrupción como algo
consustancial; pero no es
así. Contra corrupción, más
democracia, más
participación y
transparencia.
Están esquilmando las arcas
públicas del Estado y a la
propia institución misma,
con el tráfico de
influencias, el uso de
información privilegiada, el
pago de comisiones ilegales,
para conseguir negocios y
beneficios, que sin el
delito no hubieran podido
alcanzarse; sobornos,
extorsión,
fraude, malversación,
prevaricación, cohecho,
blanqueo, evasión de
capitales o delitos
fiscales. Nadie que se gane
la vida trabajando
honradamente, acumula tan
grandes fortunas.
Los efectos de la confesión
de Bárcenas se valorarán en
la sentencia, pero el ex
tesorero habla abiertamente
de sobornos, financiación
ilegal, pagos en B y
contrataciones públicas
amañadas. La ciudadanía
merece explicaciones y que
la corrupción no forme parte
de nuestro paisaje. (Joaquim
Boch de Juezas y Jueces para
la Democracia). Veremos a
ver que nos depara el
juicio, que se prevé largo,
hasta finales de Mayo.
"El Estado de Derecho no
admite chantajes", dijo
Rajoy, y efectivamente no
admite chantajes, ni tampoco
sinvergüenzas ni traidores
ni vende patrias, ni
corruptos ni a quienes
reciben sobresueldos,
mientras llaman a la
austeridad de los pobres. Ni
los que se cuelan en las
filas de las vacunaciones,
por su poder, en tiempos de
pandemia.
No parece que la corrupción
vaya a desaparecer, porque
los que tienen el poder para
evitarlo no quieren; y los
instrumentos para luchar
contra la corrupción
existen, pero no se
utilizan. La corrupción no
va a desaparecer, mientras
no exista voluntad política
decidida que la evite. Hay
que castigar con más dureza
al político corrupto que
engaña y roba las arcas
públicas, perjudicando al
conjunto de la sociedad.
No podemos legitimar las
prácticas corruptas con el
silencio, que sería un
delito contra la democracia.
Algunos quiere a la
ciudadanía sierva, a los
trabajadores esclavos, a los
jóvenes rehenes ignorantes,
a los enfermos y jubilados
muertos vivientes y todos en
silencio.
