7.291 personas mayores murieron sin ser
trasladadas a un hospital en los dos primeros meses de la pandemia, en
distintas residencias en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Díaz
Ayuso había aprobado un Protocolo que impedía llevar a la inmensa
mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las
residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió.
Por fin, la Justicia aborda las muertes en las
residencias de Madrid tres años después. Hay que reconocer el trabajo
de
Manuel Rico en
infoLibre que desde entonces no ha cesado de
denunciar el caso diariamente. Se han cumplido más de 1.100 días desde
que falleció la primera residente en España. En la primera ola del
covid murieron más de 20.000 en residencias de personas mayores,
muchos de ellos tras una clara violación de derechos humanos.
Según el
último informe emitido por el IMSERSO (que
ha dejado de publicarse el 29 de enero), hasta 34.683 personas que
vivían en residencias han fallecido a causa del coronavirus. La
contabilización oficial de los fallecimientos en residencias a causa
de la COVID-19 ha sido complicada. Buena parte de los decesos son de
personas con síntomas compatibles con el coronavirus, pero sin pruebas
que lo corroborasen. Por comunidades autónomas y en valores absolutos,
Madrid es la región donde más mayores han fallecido, seguida por
Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Miembros de
Marea de Residencias se han concentrado ante
los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, exigiendo justicia y que
se depuren responsabilidades al más alto nivel, el día en el que
declaran dos testigos: Alberto Reyero, entonces consejero de Política
Sociales, y Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el
Protocolo. Han declarado que el llamado Protocolo de la Vergüenza
introdujo como requisito para la derivación hospitalaria "no el grado
de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia". Algo a lo
que el entonces Consejero se opuso desde el primer momento al entender
que era discriminatorio. Por su parte, Carlos Mur, destacó que el
consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– dio su aprobación al
documento.
Es la primera vez en tres años que un juez
muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el
traslado a los hospitales de los residentes.
En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las
residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital.
Los dos testimonios suponen que, por primera vez en sede judicial,
altos cargos del Gobierno de Ayuso dejan claro que el Protocolo
existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a
los hospitales y se aplicó.
Isabel Díaz Ayuso, sigue mintiendo al afirmar que el Protocolo de la
Vergüenza, que impidió las derivaciones
hospitalarias de los mayores de las residencias en las peores semanas
de la pandemia, nunca se aplicó.
El Protocolo establecía medidas por las que para
derivar a los residentes a hospitales, se excluía a las personas en
función de su situación de dependencia o discapacidad, lo que impidió
que se les atendiera en los hospitales. Esto tuvo como consecuencia
que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en
unas condiciones indignas.
No hubo alternativas a los ingresos
hospitalarios, puesto que en el
hospital creado en Ifema Madrid, para afrontar la crisis sanitaria
producida por el Covid-19, no se atendió a las personas mayores y las
residencias tampoco se medicalizaron. 7.291 murieron al quedar
abandonados a su suerte.
En la residencia DomusVi Albufera, se produjo la
muerte de tres mujeres los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril
de 2020, sin ser trasladadas a un hospital. Sus familiares presentaron
una querella por los presuntos delitos de homicidio imprudente,
denegación de auxilio y prevaricación omisiva. En aquellas fechas se
estaba aplicando en la Comunidad de Madrid el
Protocolo de la Vergüenza, que restringía al
máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas
mayores enfermas y tenían una alta dependencia física o que sufrieran
un deterioro cognitivo importante. Las hijas de las tres fallecidas
dirigieron inicialmente la querella también contra Ayuso y su
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero la Audiencia
Provincial resolvió que no cabía dirigir la investigación contra ellos
al no existir indicios de delito. La acusación de homicidio imprudente
se basa en la supuesta demora a la hora de actuar, lo que produjo el
agravamiento de la enfermedad de las tres mujeres y su posterior
muerte.
Sobre este caso, el juez Arturo
Zamarriego, titular del juzgado número 9 de Plaza de Castilla, ha
pedido un informe a la médico forense adscrita al juzgado, para que
determine si a la vista de la patología y las enfermedades previas que
presentaban las tres mujeres, existió una atención médica inadecuada y
si esa supuesta omisión de la diligencia debida pudo provocar su
fallecimiento.
En el Protocolo de la Vergüenza.
Aprobado el 18 de marzo de 2020, y con otras tres versiones aprobadas
los días 20, 24 y 25 de aquel mes, todos fueron firmados digitalmente
por el propio Carlos Mur. Cuando tuvo que declarar ante la comisión de
investigación constituida en su día en la Asamblea de Madrid, Mur
intentó rebajar la importancia del Protocolo a un conjunto de
recomendaciones para dar criterios homogéneos a los profesionales
médicos y que éstos pudieran analizar caso por caso si se derivaba o
no a un residente al hospital.
Otro tema a tener en cuenta es la falta
de medicamentos adecuado en las residencias. La propia Ayuso llegó a
decir que ya se había ejecutado la medicalización en su práctica
totalidad: "hemos trasladado equipos médicos a todas ellas", aseguró
la presidenta en una de las mayores mentiras que difundió sobre la
tragedia de las residencias. El Gobierno de Ayuso no sólo no
medicalizó las residencias, sino que incluso llamó a personal
sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase
y fuese a trabajar a otros lugares.
En otras tres comunidades se produjo durante la
primera ola de la pandemia un frenazo brutal a las derivaciones
hospitalarias, lo que disparó el número de personas fallecidas en las
propias residencias.
Madrid encabeza esa fúnebre clasificación,
con el 77% de los mayores muertos en aquellos meses de marzo y abril
sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue
del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha se situó
en torno al 70%.
Lejos de investigar las muertes en las
residencias, la Justicia ni siquiera se ha tomado la molestia de
preguntar a nadie del gobierno de Díaz Ayuso por qué se dictó y se
ejecutó dicho Protocolo, a pesar de que uno de sus miembros escribió
incluso un libro denunciando lo ocurrido (Morirán
de forma indigna, Alberto Reyero).
La fiscal de Madrid, Almudena Lastra fue
todavía más allá y justificó por escrito la pasividad del Ministerio
Fiscal con una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad
de todos los datos oficiales que ella debía conocer. Mentiras,
afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico,
omisiones de hechos fundamentales, lo que ha permitido al gobierno de
Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acudan con frecuencia a esos
argumento:
la Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo
que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los
hospitales, llegó a decir el consejero de
Justicia Enrique López.
El pasado 18 de marzo, se han cumplido
tres años de la aprobación del Protocolo de la Vergüenza y cientos de
familiares resisten en su batalla para que se conozca la verdad y se
haga justicia a las 7.291 personas mayores y dependientes que fueron
llevadas a una muerte segura a causa de la firma de ese protocolo. El
23 de marzo, 1.100 días después de la aprobación del Protocolo, por
primera vez un juez ha interrogado al alto cargo del Gobierno Ayuso
que firmó el documento y al entonces consejero que denunció en plena
crisis lo que estaba pasando y posteriormente dimitió.
Hay que denunciar la precarización absoluta que
sufre el sistema de Residencias que permitió la masacre inhumana
durante la pandemia, debido principalmente a la inacción o acción
interesada de los distintos estamentos responsables que han cedido la
gestión de un derecho fundamental, la dignidad, a los depredadores de
lo público, causa directa de un trato infame a los residentes, la
precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente
feminizado, desviando la gestión a empresas privadas que
exclusivamente buscan beneficios económicos (Marea
de Residencias).
Toda la ciudadanía en situación de
dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial
pública de financiación total, aunque acudir a una residencia debe ser
una elección y no una imposición del sistema. Debe haber un parque
suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos
estándares de calidad, basadas en la atención centrada en la persona.
La Administración ha de garantizar los
derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad,
dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Hay que
mostrar el más absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se
han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias. Hay que
aprobar una Ley de Residencias que garantice los derechos y la
dignidad de las personas.
Hay que exigir que se depuren
responsabilidades judiciales y políticas al más alto nivel, por los
presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y
prevaricación omisiva, por la muerte de 7.291 personas mayores y
dependientes que fueron llevadas a una muerte segura, en condiciones
indignas, por la aplicación del Protocolo de la Vergüenza firmado por
el gobierno de la Comunidad de Madrid.
