Desde
1812 varias han sido las constituciones que han regido los destinos
del pueblo español. Unos procesos se iniciaron por el hostigamiento
del pueblo, otros por la voluntad de sus representantes y en otras
ocasiones por los reyes y gobiernos de turno para afianzarse en el
poder. Vamos a detenernos en las Constituciones de 1931 y 1978; de
la Segunda República al Régimen de 1978 tras el proceso de
Transición.
Los
procesos que concibieron las constituciones de 1869 y 1931, fueron
distintos al que se siguió para la de 1978, pero en todos los casos
se produjeron ante situaciones políticas, institucionales,
económicas o sociales insostenibles, que significó el fin de un
régimen. En 1868 coincidió el reinado de Isabel II con las
catástrofes coloniales en América y Norte de África. Los liberales,
demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguen su
objetivo expulsando del trono a Isabel II y promoviendo la
elaboración de una nueva constitución que superara a la de 1845. La
nueva Constitución de 1869, fue de las más avanzadas de su época y
representó un cambio de tendencia en la política española.
El
preludio al proceso constituyente de la Constitución de 1931, es la
dictadura de Primo de Rivera, apoyada e instigada por el propio rey
Alfonso XIII. La unión de las fuerzas republicanas y socialistas,
junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las elecciones
municipales de abril de 1931 se conviertan en plebiscitarias. Las
elecciones posteriores a la proclamación de la República fueron
constituyentes, y su Constitución la de la Segunda República. La
ruptura con el pasado fue total: se profundizó en la democracia, se
cambian los símbolos y el modelo político del Estado, se
introdujeron derechos y se cambian estructuras políticas y modos de
funcionamiento. Todo desapareció con el golpe de Estado del general
Franco, la guerra y la dictadura.
Tras la
muerte del dictador en 1975, se abrió en España una nueva era, cuyo
proceso constitucional se inicia con la llamada Transición a la
Democracia y la Ley para la Reforma Política, que insta al gobierno
a abrir un proceso electoral. El proceso constituyente fue largo.
Salíamos de una oscura y cruenta dictadura y existían continuos
peligros de involución. La crisis económica y el incremento del
terrorismo dificultaron el proceso. Gobierno y oposición entendieron
que era necesario redactar una constitución que fuese aceptada por
la mayoría de las fuerzas políticas. El rey, heredero de Franco y el
gobierno tenían el poder; la oposición la legitimidad democrática.
El
consenso permitió resolver los temas más conflictivos de aquel
momento: la forma de Estado y de gobierno, el modo de elección, la
cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización
territorial. Hoy es bien distinta la situación, pero los temas
conflictivos vuelven a cobrar vigencia. El debate está abierto. Hay
propuestas para establecer un modelo Federal del Estado, que
sustituya al actual de las Autonomías. Otras hablan de abrir un
proceso constituyente amplio, con una nueva lectura de la
Constitución y diseño de un proyecto avanzado, que de respuestas a
los retos actuales, cambiar el sistema electoral, profundizar en la
democracia y promover la igualdad y la justicia social, garantizando
los derechos en la constitución. Otra más: cambiar el modelo
político de monarquía parlamentaria por una República.
En España el advenimiento de la República el
día 14 de abril de 1931 supuso un cambio radical de régimen
político. Hasta ese momento el sistema político republicano solo
había sido un experimento que apenas duró menos de dos años, desde
el mes de febrero de 1873 hasta el mes de diciembre de 1874 (Proclamación
y fin de la Primera República), que
naufragó en medio de la inestabilidad política, con cuatro
presidentes en un período tan corto de tiempo, y tres conflictos
armados a la vez (insurrección en Cuba, sublevación cantonal y
guerra carlista), que llevaron a su abrupto final. Con estos
antecedentes era de prever que la andadura de la
Segunda República española no fuera un
camino de rosas, como así resultó.
El eje político del Gobierno provisional
estuvo formado por Niceto Alcalá Zamora, Marcelino Domingo,
Alejandro Lerroux y Manuel Azaña. Azaña estaba considerado en Madrid
como una personalidad de primer orden, cuyo rendimiento será
proporcional a su preparación. Azaña es un intelectual formado por
la cultura francesa más completa y más refinada. Otros nombres
destacados del Gobierno eran Álvaro Albornoz, Miguel Maura,
Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos. El Rey no ofreció
ninguna resistencia. Antes de marchar, redactó un
documento dirigido al país, que fue
entregado al último presidente del Consejo de la monarquía, capitán
general Aznar. La sustancia del documento consiste en la creencia de
que la salida del Rey de España es el mal menor para el país, dado
que la salida evitaba la guerra.
La dictadura agonizaba desde hacía un tiempo y
el nuevo modelo no llegó hasta la aprobación de la Constitución en
1978. Comenzaba la Transición desde la dictadura a la democracia,
controlada desde dentro del Régimen. Ahora conocemos como se nos
engañó.
Adolfo Suárez, no sometió a referéndum la monarquía, porque las
encuestas le dijeron que perdería. Franco
había dejado todo atado y bien atado en la figura de Juan Carlos de
Borbón. El régimen del 78 legitimó al régimen franquista
modernizándolo, en la figura de Juan Carlos. Desde entonces la
monarquía ha jugado un papel fundamental como institución
conservadora, destinada a mantener el statu quo social y político,
defensora de la legalidad y la Constitución, en defensa de los
intereses empresariales y las élites sociales. Sobran los motivos
para cambiar de modelo de Estado.
Corren
vientos de consultas populares, corren vientos de consultas
monarquía o república. Es la esencia de la democracia: el pueblo
opinando, eligiendo, participando y decidiendo. El Centro de
Investigaciones Sociológicas incluía hasta el 2015 una pregunta
acerca del grado de aceptación que la población tenía sobre la
monarquía. Desde entonces, silencio absoluto. En los últimos meses
se han celebrado en universidades, ciudades, pueblos y barrios,
consultas populares sobre monarquía o república. No se trata de
consultas con la que se pretenda validez legal, son vías de
expresión y participación ciudadana sobre una cuestión de máxima
importancia en cualquier democracia: la forma de Estado.
El 15 de
junio de 1977, las elecciones generales dieron un claro vencedor:
Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, que fue investido
presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados encargó a una
comisión la redacción de un proyecto de Constitución. Un año más
tarde, el 31 de octubre de 1978, el proyecto quedó aprobado por las
Cortes. Con la publicación en el BOE, se convocó a los españoles a
un referéndum, que se celebró el 6 diciembre. La pregunta era
sencilla: ¿Aprueba el proyecto de Constitución?
Una
Constitución que se apruebe tras un Proceso Constituyente, debe
cuestionar la forma política de Estado (actual artículo 1.3), así
como la forma de elección del jefe del Estado. El acceso a la
Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de
representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a
la libre y democrática concurrencia ciudadana.
Es hora
del establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de
Derecho, que propugne como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político (artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y
participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus
principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay
que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre
asuntos de especial trascendencia.
Ha
llegado la hora de establecer un estado republicano. Una República
inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley,
laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el
Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos,
incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables,
que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a
remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel
soberano en una verdadera democracia
Por un
Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico,
con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de
financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos
que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los
servicios públicos esté sustentado por principios y valores de
libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, evitando que los
gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
