La
Justicia (no la española) investiga dos ajusticiamientos a garrote
vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco
muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por la
policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la
época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, por el
régimen franquista. La justicia encubre, protege a sus responsables
y se convierte en cómplice.
La jueza argentina María Servini,
abrió un procedimiento contra distintos dirigentes franquistas, que
estuvieron implicados en acontecimientos, que pudieran estar
considerados como crímenes de lesa humanidad.
En concreto se les relaciona con la sentencia de muerte y posterior
ejecución de Salvador Puig Antich en 1974; con los cinco últimos
fusilamientos del régimen de Franco en 1975; y con la represión, en
una concentración en Vitoria en 1976, en la que fueron asesinados
cinco trabajadores. Como consecuencia de todo, la Interpol cursó
orden de arresto contra 20 dirigentes franquistas, algunos
vinculados a la Transición. El gobierno de Rajoy presentó una queja
ante la Interpol en Lyon, consiguiendo que se paralizara la orden,
hasta que se aclarase el caso. El régimen comenzó matando y terminó
matando y el gobierno del PP encubriéndolo.
Siete ex
ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado
figuraron en la lista de "Buscados" por la Organización
Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, considera crimen contra la humanidad o de lesa
humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio,
deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y
encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos,
ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, crímenes que
no prescriben, al haberse cometido contra los Derechos Humanos.
La
justicia argentina mantiene con vida la causa sobre los crímenes del
franquismo y la Transición. El Juzgado Criminal y Correccional
Federal nº1, que dirige la magistrada María Servini, ha rechazado la
petición del exministro español Rodolfo Martín Villa de archivar el
procedimiento convertido en última esperanza de unas víctimas a las
que se ha negado sistemáticamente en nuestro país una justicia que
llevan décadas reclamando. La resolución judicial es clara. Por un
lado, resalta que nos encontramos ante la posible comisión de
delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Y por otro,
rechaza que se haya violado su derecho a ser juzgado en plazo
razonable: Se encuentra holgadamente justificado el plazo de
duración.
Martín
Villa, que medró durante la dictadura vistiendo camisa azul de la
que se olvidó con la muerte de Franco, lleva años bajo la lupa de la
justicia argentina. En el año de la pandemia, defendió su inocencia
ante la jueza argentina, a la que hizo llegar una veintena de cartas
de apoyo de exlíderes políticos y sindicales –entre ellos, los
expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy–. Reconoció que hubo comportamientos
policiales contrarios a los derechos de las personas, pero rechazó
hablar de genocidio y crímenes contra la humanidad. Meses más tarde,
Servini le procesó. Pero aquella decisión fue revocada en apelación.
Se consideró que no había aún base sólida para el procesamiento; y
en eso trabaja la jueza desde entonces.
Por la
Ley de Amnistía, quedaban amnistiados
todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su
resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con
anterioridad al 15 de junio de 1977. Esta ley señala que, en todo
caso, están comprendidos en la amnistía: los delitos de rebelión y
sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o
motivo de ellos; la objeción de conciencia a la prestación del
servido militar, por motivos éticos o religiosos; los actos de
expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o
cualquier otro medio de comunicación; los delitos y faltas que
pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del
orden público, con motivo u ocasión de la investigación y
persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos
cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el
ejercicio de los derechos de las personas.
En
opinión del ex juez Baltasar Garzón, los crímenes que se persiguen
no son amnistiables, considerando que la investigación debería
abordarse desde España, como lo reclama la ONU. La Ley
−preconstitucional− de Amnistía de 1977 que se alega, para proteger
a los presuntos criminales, no cubre los crímenes contra la
humanidad. Otros consideran que es una "ley de punto final", por la
que se renunció a revisar penalmente el pasado y exigir
responsabilidades generadas durante la dictadura. Lo que realmente
ocurrió es que se instauró la impunidad, que nos llega hasta hoy.
Salvador
Puig Antich, fue ejecutado, a los 26 años, el 2 de marzo de 1974,
condenado "por la muerte de un funcionario público por razones
políticas". Militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación, que
realizaba acciones armadas y robos de bancos para fomentar la lucha
obrera. Huelo el ambiente de aquella mañana, fría y siniestra, que
anunciaba la primavera y oigo el crac, crac, del tornillo asesino,
que quitó la vida a Salvador. Fue, tristemente, el último preso
ejecutado en España a garrote vil. Colectivos de derechos humanos y
mandatarios extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán
Willy Brandt, pidieron su indulto. El mismo día y por el mismo
método, fue ejecutado en Tarragona, Heinz Chez. Con ello, se
pretendía distraer la atención hacia otra muerte, por otras razones,
pero con la misma crueldad.
Hay una consolidada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en respuesta a
múltiples recursos de amparo, para no investigar penalmente hechos
acontecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, y una
actitud obstructiva frente a las
exigencias de Naciones Unidas o a los
requerimientos de la
justicia penal argentina. Interpretan
sobre los crímenes del franquismo que no hubo una vulneración
sistemática de derechos y que delitos como la tortura eran aislados
y no están por tanto amparados por el derecho imperativo
internacional. Sostienen que la figura de crímenes contra la
humanidad no existía durante el franquismo, y como no se incorporó
al derecho penal español hasta 2004, se debe respetar el principio
de legalidad. Consideran que los crímenes del franquismo como
delitos comunes, y no como delitos contra la humanidad, oponen la
prescripción, transcurridos más de 20 años desde los hechos, y su
cobertura por la Ley de Amnistía de 1977.
Pocos
meses después de la muerte del dictador, el 3 de marzo de 1976,
ocurrieron los sucesos de Vitoria. Había comenzado la Transición,
pero no había terminado la dictadura. Durante una huelga, la Policía
Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores
reunidos en una iglesia. Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo
Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, murieron asesinados y
más de 150 fueron heridos de bala. Mal comenzaba la democracia. Cómo
sería el escándalo que originó la carga policial, que la
Coordinación Democrática, la Platajunta −fusión de la Junta
Democrática y la Plataforma de Convergencia−, exigió amnistía,
libertad sindical, democracia y rechazo de las leyes reformistas,
acelerándose con ello el fin del franquismo. Algo se consiguió, a
costa del silencio y dejación de la búsqueda de responsabilidades.
Luego ocurrió que, quienes defendían la ruptura, reformaron. "Si
desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como
sea", se oía por el canal interno policial. Aquella intervención fue
una masacre y los agentes eran conscientes de ello, además
recibieron órdenes determinantes de intervención y felicitaciones
por el resultado.
Cincuenta
años después, el crimen sigue impune. Los tres procedimientos
judiciales que se abrieron en relación con todos estos hechos fueron
cerrados sin responsables. La investigación judicial fue
insuficiente y negligente, además del tupido velo que se ha corrido
alrededor de estos sucesos: La información que sobre el tema sigue
estando clasificada como secreto de la Transición.
No debe
haber tregua en la lucha por rescatar del olvido los crímenes
franquistas, con la tenacidad de sus víctimas y la movilización por
la recuperación de la memoria histórica, se puede garantizar la
ruptura del muro de impunidad que ha construido la justicia española
y el sistema político para que no haya ni verdad, ni justicia, ni
reparación.
