España tiene la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes de derecho internacional y de cooperar, en su caso, con la justicia de otros países en el esclarecimiento de la verdad.

En abril de 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina. Esta investigación, que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal, es la única abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades españolas no han colaborado con la justicia argentina. En dos oportunidades, en septiembre de 2013 y octubre de 2014, la jueza argentina que instruye el caso solicitó la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo. En ambas ocasiones, España rechazó las solicitudes. El pasado 18 de febrero, casi seis años después de presentarse la querella, la jueza solicitó a España que se tome declaración a estas 19 personas entre el 4 y el 22 de abril. La respuesta del Ministerio de Justicia español ha sido devolver a Argentina la petición de interrogatorio con una reclamación: el listado de preguntas, lo que obliga a la justicia argentina a enviar de nuevo el exhorto.

España ni ha investigado, ni ha colaborado con la justicia argentina. Es hora de que España asuma sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas. Es hora de que España colabore con la justicia argentina; debe acceder a la petición de la jueza argentina de viajar a España y facilitar que se interrogue a las personas acusadas.

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Víctor Arrogante
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