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La ejecución de cinco penas de muerte en España desata en septiembre de
1975 una ejemplar reacción popular e institucional en toda Europa.
Los últimos terribles
coletazos.
A pesar de su vejez, al dictador
no le falta la fuerza de firmar (durante el café, según cuentan) las
penas de muerte de cinco terroristas (dos de ETA y tres del FRAP
(Frente Revolucionario Antifascista Patriótico)), que son ejecutadas el 27
de septiembre de 1975. Ese episodio levanta una polvareda impresionante en
toda Europa tanto antes como, sobre todo, después de las ejecuciones:
miles de telegramas de protesta inundan los organismos oficiales mientras
son asaltadas las Embajadas y Consulados de España. Agencias de viaje,
oficinas de Iberia y banderas de España son incendiadas.
El primer ministro de Holanda convoca al país a una manifestación de
protesta, presidida por el gabinete en pleno, contra el Régimen español y
hace un llamamiento para que ningún ciudadano de su país visite España.
El Gobierno de Portugal no se hace responsable de la destrucción
total, por indignados manifestantes, de la Embajada española en
Lisboa. Miles de manifestantes gritan en contra del dictador español por
las calles de las capitales europeas, los embajadores de los países de la
CEE son llamados a consultas por sus respectivos Gobiernos y hasta se
solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que
vote la expulsión de España de los organismos internacionales.
Tampoco en la Santa Sede
el recrudecimiento del Régimen pasa inadvertido: Pablo VI escribe tres
cartas secretas al dictador, antes de las ejecuciones, pidiendo la gracia
de los terroristas, pero no recibe contestación a ninguna de las tres, por
lo que hace una alusión clarísima a este asunto después del Ángelus del
domingo siguiente, cuando ya los terroristas han sido pasados por las
armas. Tras las palabras públicas del Pontífice, Franco le escribe una
carta llamándole Padre, manifestándose devoto hijo suyo y diciéndole que
siente en el alma no haber podido acceder a su petición porque razones
graves de orden interior se lo impedían. Cierto es que la extrema derecha
se manifiesta en España a favor de la mano dura en los procedimientos
contra los terroristas, y que la Guardia Civil protagoniza incidentes
porque a su parecer no se juzga con la debida severidad a los presuntos
culpables de haber matado a agentes de las Fuerzas de Orden Público. Pero
¿son éstas razones suficientes para que Franco desoiga las peticiones de
indulto del mismísimo Papa? Nace la duda de que las cartas de Pablo VI no
llegaron a manos del destinatario a tiempo, gracias a la mano, propone el
Cardenal Tarancón en sus memorias, de Carlos Arias Navarro.
Este incidente diplomático con el Vaticano no impide que el Papa
diga de Franco "que ha hecho mucho bien a España y le ha proporcionado
un desarrollo extraordinario y una época larguísima de paz. Franco merece
un final glorioso y un recuerdo lleno de gratitud". Sin comentarios
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Tras las protestas internacionales por las ejecuciones capitales de
septiembre de 1975, Carlos Arias llena la Plaza de Oriente para vitorear
al Caudillo. Los discursos de los Jefes de Gobiernmo y de Estado son
inolvidables.
Las protestas
internacionales disgustan mucho en España y Carlos Arias encuentra la
solución a dicha injerencia vejatoria: se dirije por televisión a los
españoles, diciendo que "no sabemos qué nos produce más estupor: si la
violencia vesánica de los agitadores..., o la culpable irresponsabilidad
de los responsables de los Gobiernos y de los medios informativos que la
secundan.(...) En esta noche, estoy con todos vosotros, españoles, para
pedir renovéis vuestra ayuda al Gobierno con el ejemplo de vuestra unidad
ante la innoble agresión exterior...". La careta aperturista que se había
puesto el 12 de febrero de 1974 ya está guardada en el baúl de los olvidos
de Carlos Arias, que es ahora el auténtico centinela de la ortodoxia
franquista.
Cuentan que Franco lloró
viendo a su Primer Ministro convocar por televisión a sus
ciudadanos a rendirle homenaje en ocasión del 39 aniversario de su
"exaltación a la Jefatura de Estado", en la Plaza de Oriente de
Madrid.
Y acuden, según
TVE, un millón de personas el 1 de octubre de 1975 a rendir
homenaje a un Franco que sale al balcón del palacio con uniforme
militar, gafas de sol, morbo de Párkinson y una voz débil que se
oye decir por megafonía: "Españoles: Gracias por vuestra viril
adhesión y por esta serena y digna manifestación pública que me
ofrecéis en desagravio a las acciones de que han sido objeto
nuestras representaciones... en Europa... Todo obedece a una
conspiración masónica e izquierdista en la clase política, en
contubernio con la subversión comunista en lo social, que si a
nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones
demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo
muerto, al que se le pueda engañar... Evidentemente, el ser
español vuelve hoy a ser una cosa seria en el mundo. ¡Arriba
España!"
El
General llora mientras entona el Cara al Sol, mientras que el Príncipe
Juan Carlos permanece firme, sin levantar el brazo y en absoluto
silencio y el Cardenal Primado de Toledo da la bendición apostólica al
Caudillo, para el que éste será el último acto público al que asistía. Y
son muchos los que piensan que en ese balcón contrae la flebitis que
acabará con él cincuenta días después.
El Gobierno de Carlos Arias Navarro
es vitoreado y aclamado ahora en las calles por los mismos manifestantes
que en numerosas ocasiones han pedido su dimisión por "aperturista"
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A la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón es coronado Rey de España.
Su discurso de coronación es esperanzador para quienes piden un sistema
democrático, pero Juan Carlos I confirma en la Jefatura del Gobierno a un
Carlos Arias que durante meses sigue llorando por el recién difunto
Caudillo. El Rey decide así cesar a Carlos Arias.
La muerte
Franco muere a las 4.20
de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y es enterrado en el Valle de
los Caídos. Juan Carlos I es su sucesor como el mismo Franco había decidido
el 22 de julio de 1969, con base en la ley de sucesión de 1947, en la que se
decía que "la jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la
Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde" (art.
2) y que a él le estaba reservado el derecho de designar al sucesor.
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Algo nace
La coronación se lleva a cabo el
22 de noviembre en las Cortes, con asistencia de Jefes de Estado y de
Gobierno que se han negado a asistir al entierro del General.
Y
dice el nuevo monarca en su discurso: "Hoy comienza una nueva etapa de la
historia de España... Una sociedad libre y moderna requiere la
participación de todos en los foros de decisión, en los medios de
información, en los diversos niveles educativos y en el control de la
riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación
debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno". Franco ya
empieza a revolcarse en la tumba.
El primer problema que debe afrontar el Rey Juan Carlos, es
decidir a quién colocar en las presidencias del Gobierno, del
Consejo del Reino y de las Cortes. Decide finalmente mantener a
Carlos Arias como Primer Ministro, siguiendo los consejos de la
familia Franco, de los consejeros del Reino y del Cardenal
Tarancón. Y con la ayuda de Arias Navarro consigue que su
antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda, sea nombrado
Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Es un
catedrático de Derecho Político hábil e inteligente, tímido y
brillante, pero antipático y distante, odiado por los
franquistas, que ocupó interinamente la Presidencia del Gobierno
tras la muerte del almirante Carrero Blanco, y que tiene
estudiada la forma en que se puede producir la reforma del
Régimen.
Carlos Arias remodela su
gabinete el 12 de diciembre de 1975, dando entrada a ministros
"reformistas" como Manuel Fraga, que es la verdadera cabeza visible
del Gobierno. Oficialmente el programa es la reforma (la llamada reforma
Arias/Fraga), pero la cosa no funciona: no cuenta con el apoyo de las
fuerzas de la opsición democrática simplemente porque el Gobierno no
cuenta con ellas para formular sus decisiones. Pero es que además, la
fórmula innegociable de Fraga consiste en el bicameralismo, la composición
oligárquica del Senado y una irresponsabilidad política de derecho del
Gobierno ante las Cortes que, como en la Inglaterra georgiana, debería
evolucionar en unos decenios hacia el parlamentarismo. El Rey intenta
convencer a Arias de la conveniencia de acelerar el proceso, pero se
encuentra con que el presidente contesta "Sí, Majestad", y no hace nada, e
incluso hace lo contrario de lo que el Rey sugiere. El
búnker, como son conocidos los leales a Franco, sigue teniendo
mucho poder.
La destitución de Arias
Navarro.
En junio de 1976, a Su
Majestad no le queda más remedio que sustituir a Arias Navarro, pero
eso no es fácil. Hay mucho escrito sobre la dimisión de Arias Navarro y
sobre el nombramiento de su sucesor. Páginas emocionantes que aquí
resumiré brevemente.
En esos días el Rey realiza
su primera visita de Estado a los Estados Unidos. Allí provoca el
aplauso general y entusiasta en un discurso ante senadores y congresistas
en el que nada de lo que dice tiene que ver con lo que defiende su Primer
Ministro en Madrid. Nada más volver a Madrid, su propósito es el de cesar
a Arias Navarro, pero se encuentra con una situación espinosa: se entera
de que es el estamento militar el que le va a enviar una carta pidiéndole
la destitución de Arias, acusado de ser demasiado tolerante y por lo tanto
débil: la proclamación del Rey da lugar a una amnistía que pone en
la calle a unos pocos presos políticos (Marcelino Camacho, Nicolás
Sartorius...); las fuerzas democráticas, aún no legalizadas, impulsan toda
una ola de huelgas y manifestaciones que al grito de "Amnistía y Libertad"
ponen al Gobierno contra las cuerdas. Arias da la culpa de estos sucesos a
los jueces, a la prensa, a la Iglesia y al "erotismo que lo invade todo"
(sic), pero los militares quieren una respuesta contundente. Además Manuel
Fraga, ministro de la Gobernación, declara al The New York Times
que "algún día tendrá que ser legalizado el Partido Comunista". Esto ya
pasa de castaño oscuro.
Juan Carlos se da cuenta de que tiene que
destituir a Arias con urgencia, antes de que le llegue la carta de los
militares pidiéndole el cese: "Esto no puede seguir, so pena de perderlo
todo... Yo tenía que tomar una decisión difícil pero la he tomado. La
pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos" le dice
confidencialmente a José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores,
el 1 de julio, poco antes de recibir privadamente a Carlos Arias y decirle
que agradece sus servicios a la patria y a la Corona, pero que los nuevos
tiempos exigen nuevos políticos. Dicho y hecho: Arias, cuentan que
sorprendido, dimite allí mismo.
Parece ser que Juan Carlos
ya sabe a estas alturas a quién quiere como sucesor de Arias, pero
necesita que el Consejo del Reino le dé ese nombre en una terna, sobre
cuya base él habrá de decidir. El sábado 3 de julio
Torcuato Fernández Miranda sale de la última reunión pronunciando
la célebre frase: "Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha
pedido"
En 1972 el General Franco tiene 80 años y deja la Presidencia del
Gobierno al Almirante Carrero Blanco que es asesinado por ETA a finales de
1973. Le sucede Carlos Arias Navarro cuyos propósitos aperturistas,
expuestos en su discurso de investidura, se quedan en agua de borrajas.
En 1973 el franquismo
da sus últimos coletazos. El Caudillo deja en manos del almirante Luis
Carrero Blanco la Presidencia del Gobierno para quedarse sólo
con la Jefatura del Estado. El poder real reside desde los años 60 en las
manos del Opus Dei, que va ocupando los lugares de mando del país.
A la muerte de Carrero Blanco en el atentado perpetrado por
ETA el 20/12/1973, le sucede, por decisión de la familia Franco, Carlos
Arias Navarro, ya ministro de la Gobernación y antiguo director de la
seguridad nacional: un viejo represor.
Carlos Arias no le gusta a nadie: tiene el hombre propósitos
"aperturistas" que consisten en reformar las Leyes Fundamentales
(la Constitución del Franquismo), cuyas holguras habrían de dar margen
suficiente para la evolución, según expone en su discurso a las Cortes del
12 de febrero de 1974. Estas admirables inquietudes de Carlos Arias y de
los "reformistas" del régimen no pueden gustar a los integristas del
Franquismo, no ya al bueno de Franco que está en las últimas, sino a los
jerarcas que no quieren conservar tampoco el status quo, sino incluso
regresar a las esencias de los años cuarenta. Pero tampoco agrada el
Gobierno de Arias Navarro a la oposición democrática, evidentemente puesto
que no sólo no es democrático, sino que además, en su discurso del 24 de
junio de 1975 el Presidente del Consejo de Ministros define una trinidad
de principios inmutables:
1) exclusión radical
del comunismo "en sus tendencias, grupos o manifestaciones", que
incluye a cualquier grupo con connotaciones obreras reivindicativas.
Quedan pues excluidas de la posibilidad de legalización un gran número de
organizaciones ya sea políticas o sindicales.
2) La afirmación de
la unidad nacional, que deja fuera de discusión cualquier
reivindicación nacionalista y cualquier proyecto autonómico.
3) El reconocimiento
de la forma monárquica del Estado.
Franco
ha abandonado en 1972 la Presidencia del Consejo de Ministros, que siempre
ha sido su "Parlamento de bolsillo": tenían los ministros una función de
meros consejeros del dictador, puesto que jamás se adoptaba una decisión
colectiva opuesta a una decisión del jefe supremo. En palabras de Diego
López Garrido, "el Consejo de Ministros era un apéndice de Franco". En las
etapas de Carrero Blanco y Arias Navarro, en las que Franco ya no preside
el Consejo, éste sigue siendo el baluarte frente a tesis aperturistas que
provienen de todos lados, incluso de pequeños segmentos del ejército
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Adolfo Suárez acepta la oferta de Juan Carlos I para presidir un nuevo
Gobierno, con el objetivo de reformar el sistema.
Adolfo Suárez, un anónimo
funcionario franquista con pinta de jefe de planta de El Corte Inglés,
ministro en el gabiente de Arias, espera impaciente la llamada de Su
Majestad desde mediodía de ese mismo sábado: las voces de Palacio y algunas
alusiones de Su Majestad le dan como candidato a sustituir a Arias Navarro.
Así es que cuando poco después de las cinco de la tarde suena el teléfono y
el Rey le dice: "Adolfo, ¿qué haces? ¿Quieres venir a tomar café?", él
acepta, con serenidad viste un traje azul oscuro y conduce su Seat 127 hasta
la Zarzuela, residencia del Rey, el cual le recibe al instante y pronuncia
otra célebre frase:
—Adolfo, te quiero pedir un favor.
Acepta la Presidencia del Gobierno—. —Ya era hora— contesta Suárez.
"Ya era hora" porque hacía meses
que corrían voces sobre Suárez presidente y porque Arias era un cadáver
político desde hacía mucho tiempo. Durante toda su presidencia tuvo en
su despacho un gigantesco retrato de Franco, que era su punto de
referencia más firme y al que citaba en sus discursos más que al Rey.
Quizás quisiera reformar el régimen, pero permaneció atormentado por las
dudas entre sus fidelidades y su ignorancia de cómo hacerlo. Amaba hablar
en privado del Rey llamándole "el niño", y decir que no lo soportaba
durante más de diez minutos.
El Gobierno Suárez, que jura su
cargo ante el Rey el lunes 5 de julio, no es bien recibido por nadie, ni
por el
búnker ni por la oposición democrática, ni por los "reformistas":
ni Fraga ni Areilza quieren seguir en el Gobierno, que es conocido como el
Gobierno de los penenes (siglas de la denominación Profesores No
Numerarios), que quiere significar que Suárez se ha visto obligado a
buscar a personalidades menores para componer el ejecutivo.
Tras un paquete de medidas
económicas tomado en agosto, en el que se suprime el impuesto de
plusvalías de origen bursátil, que recibe escasa atención por su "carácter
veraniego" y que no impide que la Bolsa siga bajando, en septiembre el
nuevo Gobierno da a la luz su
proyecto de reforma política: se irá a "...las primeras elecciones
a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207
senadores". Dicho proyecto debe ser aprobado por los dos tercios de las
mismas Cortes y luego refrendado por los españoles. El primer paso es
tremendamente difícil: ¿cómo van a votar a favor de la democracia los
procuradores de las Cortes franquistas? ¿Cómo van a votar a favor de su
propia desaparición?
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Al harakiri de las Cortes franquistas le sigue el sí de
los españoles al proyecto de reforma política y la preparación de las
primeras elecciones democráticas a Cortes desde febrero de 1936. Las
situaciones política y social son muy difíciles.
El harakiri.
El 18 de noviembre ocurre la
magia, el milagro: más de los dos tercios necesarios de las Cortes
franquistas votan a favor del proyecto de ley, firmando pues su misma acta
de defunción. No queremos ni pensar en las promesas que convencieron a los
jerarcas franquistas: la magia tuvo seguramente algún truco. A este
episodio se le da el nombre de
el harakiri.
El 15 de diciembre de 1976 se
celebra el referéndum, en el que el 94% de los votantes dice sí
al proyecto de reforma política, en las primeras elecciones libres desde
febrero de 1936. Libres en el sentido de que no cabe duda de la veracidad
del resultado, al contrario de lo que pasó con los dos referendos del
régimen franquista. Sin embargo cabe destacar que no es un plebiscito
democrático por la simple razón que las fuerzas de la oposición todavía no
están legalizadas, por lo que sólo hay campaña institucional a favor de la
participación al voto (Habla, pueblo, habla) y por el sí, y
llamamientos a la abstención de las fuerzas de la oposición, no legales
pero toleradas. Circula durante dicha campaña esta explicación de Miguel
Herrero de Miñón, funcionario entonces del Ministerio de Justicia: "no
es, sin duda, un referéndum democrático, puesto que no existen las
libertades propias de la democracia; pero es un referéndum para establecer
la democracia y las libertades que le son propias". De todas formas qué duda
cabe de que es un referéndum viciado, puesto que pregunta algo así como:
"¿Quieren ustedes la libertad o no?", sin consultarle a nadie de qué forma
se va a dar esa libertad y dando a entender que el proceso va a consistir en
renovar las leyes del franquismo para que todo quede redondo, para que no
haya discontinuidades. Por lo tanto las fuerzas democráticas que,
inevitablemente, están a favor de la ruptura, es decir de hacer borrón y
cuenta nueva, replantear todo el sistema, no pueden aprobar el referéndum.
La abstención alcanza el 23% del censo electoral, pero los que se abstienen
rezan porque gane el sí, porque ¿y si hubiese ganado el
no? ¿Se hubiese ido todo el proceso al traste? Mejor no pensarlo
Los meses más difíciles
Se trata ahora de volver a las
urnas para elegir un Congreso y un Senado cuya misión será constituyente.
Pero las dificultades antes de llegar al momento de esas elecciones serán
muchas. Hay quien dice que los seis meses que transcurrieron entre el 15 de
diciembre de 1976 hasta el 15 de junio de 1977 en que se realizaron dichas
elecciones, fueron los más difíciles de la transición política. De hecho,
la conflictividad laboral y social, el terrorismo, la legalización de los
partidos, los nacionalismos, la situación económica que va empeorando
día a día... Todas estas cuestiones, entrelazadas y juntas, quieren una
respuesta rápida y el Gobierno no puede dar una alegría a unos pocos sin
echarse encima las críticas de muchos más.
Por un lado hay unas fuerzas
democráticas que, puesto que son toleradas, se sienten en derecho de hacer
reivindicaciones, mítines, reuniones y manifestaciones (y es que estos
demócratas, especialmente los de izquierdas, son como la misma peste); por
otro, la extrema derecha, los nostálgicos, tienen todavía mucha relevancia.
Y no sólo por el número de simpatizantes, sino por quiénes los controlan:
parte del búnker (Blas Piñar, Silva Muñoz), amplios segmentos del
ejército y a saber qué sectores financieros
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Santiago Carrillo vuelve del exilio en un clima extremadamente
violento.
La legalización de todos los partidos políticos hace de las
elecciones a Cortes de junio de 1977 un episodio del todo democrático.
Santiago Carrillo,
secretario general del PCE, regresa del exilio en febrero de 1976 y vive
en España clandestinamente, puesto que todavía en agosto del mismo año,
siendo ya presidente Suárez, se le niega el pasaporte español. A pesar de
estar escondido, mantiene contactos con las demás fuerzas democráticas y
se deja ver siempre más por las calles de Madrid, con el fin de forzar un
reconocimiento del PCE, cuando todavía ninguna fuerza democrática ha sido
legalizada. Ante dichos atrevimientos el Gobierno no puede no querer
demostrar su autoridad y su eficacia represora, y la policía lo detiene y
lo tiene recluido durante una semana en los últimos días de diciembre de
1976, sometiéndolo a vejaciones en comisaría.
No contenta con esto, la extrema
derecha pasa a la acción: el 24 de enero de 1977 se produce la Matanza de
Atocha en que
resultan muertos siete abogados laboralistas del PCE. Es un episodio que
provoca muestras de solidaridad y que permite que el PCE demuestre que es
capaz de controlar a sus seguidores: la respuesta de masas al asesinato de
los abogados comunistas es impresionante por la demostración de fuerza y
serenidad. Se da la paradoja que la policía tiene que proteger a los
miembros de un partido que no está legalizado, mientras que los agentes que
detendrán luego a los responsables de la matanza se negarán a cobrar la
recompensa a la que tienen derecho.
La Matanza de Atocha es
quizás el más grave de una serie de acontecimientos violentos, que ponen en
grave peligro el camino hacia la reforma: tanto ETA como el GRAPO como, por
ejemplo, el MPAIAC (Movimiento para la Autonomía e Independencia del
Archipiélago Canario) dieron guerra en aquellos meses. En el momento de
iniciarse la transición la totalidad de los nacionalistas vascos se niega a
emplear el término terrorismo para designar a ETA, a pesar de
que la misma mata a 26 personas en 1975, 21 en 1976 y 28 en 1977, pasando
luego a cifras mucho más altas (85 en 1978, 118 en 1979 y 124 en 1980). Por
lo que respecta al GRAPO, un grupo maoísta de ciega violencia, lleva
a cabo dos secuestros en diciembre de 1976 que acaban con la liberación de
los rehenes por parte de la policía en febrero de 1977.
En medio de este caos, en febrero
de 1977 desaparecen los requisitos más restrictivos para la legalización de
los partidos, así es que todos menos el PCE consiguen la legalidad. En ese
mismo mes Suárez se reúne secretamente con Carrillo y charlan durante
seis horas. Es significativo que el día después de dicho encuentro, el
Gobierno Civil de Madrid prohiba un acto que los comunistas pretenden
convocar ocultándose tras una denominación inocua; y es que a estos
comunistas hay que tratarlos con el bastón y la zanahoria
Cuenta Carrillo que en su
encuentro con Suárez nadie le pone condiciones a nadie sobre nada, a
saber: ni Suárez pide que los comunistas rebajen el tono de sus
reivindicaciones ni Carrillo pretende que el Monarca salga corriendo del
país para instaurar una República de la que él será Presidente.
Cuenta Carrillo que Suárez le pide sin mucho entusiasmo, sólo para cubrir
el expediente, que los comunistas se presenten como independientes a las
próximas elecciones, y esto para poder evitar la legalización del PCE.
Cuenta Carrillo que él se niega, como se niega a anular el próximo viaje
de Berlinguer y Marchais, secretarios generales de los partidos comunistas
respectivamente italiano y francés, a Madrid donde se va a celebrar la
"Conferencia Eurocomunista".
Cuenta Carrillo que la
reivindicación republicana él ya la tiene aparcada y en vías de olvido.
Fueran como fueran los términos
de la conversación, lo cierto es que el 9 de abril de 1977, el Sábado
Santo Rojo, el Gobierno decide la desaparición del Movimiento, el
partido único franquista, y legaliza al Partido Comunista de España
y, dos días después al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya),
causando la dimisión instantánea del Almirante Pita de Veiga, Ministro de
la Marina, y el gruñir del Ejército al completo. Franco se revuelve en el
Valle de los Caídos, Fraga juzga lo sucedido de "verdadero golpe de
Estado", pero la población está de acuerdo en un 45% y en contra en un
17%.
También
instantáneamente, en los mítines del PCE deja de ondear la bandera
republicana y Carrillo dice:"Los que silban no saben que no hay color
morado que valga una nueva guerra civil entre los españoles". La
reivindicación republicana no volverá a la boca de un dirigente del PCE
hasta bien entrada la etapa Anguita.
El 17 de marzo Suárez
ha promulgado el decreto de amnistía para los presos políticos, el 28 de
abril se legalizan los sindicatos y, finalmente, el 13 de mayo llega de la URSS Dolores Ibarruri, la Pasionaria, presidenta del PCE.
Las elecciones del 15
de junio van a ser del todo democráticas, aunque qué duda cabe de que muy
poco tiempo se ha dejado al PCE y a los demás partidos democráticos para
organizarse en la legalidad
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La dimisión de Torcuato Fernández Miranda, fiel consejero del Rey,
de las Presidencias de las Cortes y del Consejo del Reino y la abdicación
de don Juan de Borbón a favor de su hijo Juan Carlos son dos episodios
emblemáticos que preceden las elecciones de 1977.
Vale la pena recordar
dos episodios que preceden las elecciones del 15 de junio de 1977.
Torcuato Fernández
Miranda, que ha sido preceptor de Juan Carlos de Borbón, a la
muerte del dictador ha rechazado la oferta del Rey para ser
Presidente del Gobierno porque ha considerado que su papel está en
las Presidencias de las Cortes y del Consejo del Reino.
Durante la campaña
electoral de 1977 dimite de estos cargos, en silencio, de espaldas a Su
Majestad y contra la opinión de Adolfo Suárez.
Don Torcuato se ha
sorprendido mucho al ver que Suárez no es un fantoche suyo y de quienes
han hecho de Juan Carlos el sucesor de Franco, sino que tiene una política
propia y se dedica a pactar con Felipe González y Santiago Carrillo. Y a
Fernández Miranda le disgusta también que el Rey esté tan contento con este
papel de Adolfo Suárez y no le escuche más a él para reformar el sistema.
Su plan para la transición era la
creación de un sistema en el que se alternaran en el Gobierno de la Nación
dos partidos, el socialdemócrata PSOE (h) (PSOE histórico) de Rodolfo Llopis,
anticomunista, y un partido de centro-derecha que frene a los ultras. Esto
es lo que explica Sabino Fernández Campos en sus memorias.
Por estas razones
probablemente, Fernández Miranda presenta sus dimisiones y en su futuro
caben el título de duque, el Toisón de Oro, una butaca como senador por
designación real y mucha amargura.
¿Por qué Franco ha nombrado
precisamente a Juan Carlos de Borbón su sucesor? ¿Qué le ha parecido este
nombramiento a don Juan, el legítimo sucesor de Alfonso XIII y padre de
Juan Carlos?
Éstas son preguntas a las que los
historiadores no han dado contestaciones definitivas. El único hecho que
podemos recordar es que el 14 de mayo de 1977 don Juan de Borbón
renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, en un acto muy
pasado por agua, en el Palacio de la Zarzuela ante la Familia Real, una
representación de los medios de comunicación y el Notario Mayor del Reino,
Landelino Lavilla. Es un acto que contribuye a dar legitimidad histórica a
la transición.
Éste es un estracto del discurso de don Juan:
«Instaurada y consolidada la
Monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos, que en las
primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular
claramente manifestada [...] creo llegado el momento de entregarle el
legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi patria la
renuncia de los derechos históricos de la Monarquía española, sus títulos,
privilegios y la jefatura de la Familia y Casa Real de España que recibí
de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como
hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi
renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de
España a mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, don Juan Carlos
I. »Majestad, por España.
Todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!»
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Una excesiva actitud de corresponsabilidad y un talante anticuado
quizás sean las razones de que el PCE no se haga con el voto masivo de la
izquierda.
El Partido Comunista
de España (PCE) ha sido identificado durante todo el régimen
franquista con la oposición, porque así lo ha querido el propio sistema y
así lo ha digerido la mayoría de la población.
A diferencia del PSOE, el PCE no ha renovado su dirección política,
encabezada por Pasionaria en la presidencia y Santiago Carrillo en
la secretaría general. Dichos personajes han sido, durante el régimen,
míticos para los militantes clandestinos, que sufren una ligera decepción
cuando los ven llegar del exilio y descubren que están hechos de carne y
hueso. Pero, sobre todo, durante la campaña electoral, a Carrillo le falta
el gancho necesario para conectar con los jóvenes y con el nuevo
electorado potencial. La falta de gancho se manifiesta en un lenguaje
relativamente moderado, como ya hemos visto, que si bien ayuda sin duda al
desarrollo pacífico de la democracia, deja al PCE con sólo 20 escaños en
las nuevas Cortes.
Según un estudio
publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones,
el PCE se gasta 150 millones de pesetas en la campaña electoral, y
recupera sucesivamente, gracias a la subvención estatal por los resultados
obtenidos, 44 millones. Quien financia con créditos es la banca, como
sucede con los demás partidos, y concretamente el Banco de Bilbao,
presidido por José Ángel Sánchez Asiaín: esta noticia filtra a través de
Europa Press y provoca tensiones en el consejo de administración del
banco, cinco de cuyas sucursales sufren atentados con bomba
simultáneamente en la noche del 18 de mayo de 1977, según recuerda Augusto
Delkáder en su artículo de
Memoria de la transición.
A la izquierda del PCE
se sitúa un mosaico de fuerzas (PTE, ORT, LCR, MC) que intenta absorber el
voto de quienes no aprecian el sentido de moderación que reina en el PCE y
en Comisiones Obreras, el sindicato comunista, cuyo secretario general no
apoya la huelga general organizada para el 16 de mayo de 1977 en Euskadi
porque «en el momento actual, cuando las libertades son todavía frágiles,
creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar y
desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar es
contraria a la clase obrera.»
Las fuerzas de extrema izquierda se quedarán sin representación en las
nuevas Cortes.
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La juventud, la modernidad, el apoyo internacional, la preparación a
través de encuestas de mercado de la campaña electoral y el esfuerzo por
reunir a fuerzas afines, consiguen hacer del PSOE el segundo partido más
votado del país.
El Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) es el que va a recoger el masivo voto
de izquierdas. Tras la muerte de Franco consigue dar una imagen de
juventud, de dinamismo, de capacidad de organización, de aceptación
internacional, que hace que la mayoría de la población acabe
identificándolo con la oposición al régimen. Del 5 al 7 de diciembre de
1976, antes de la legalización, el PSOE organiza su primer congreso tras
la muerte del dictador, el primero en España tras 32 años, el XXVII
Congreso del partido, reuniendo en Madrid a personajes de la talla de
Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, Olof Palme,
Primer Ministro de Suecia, Bruno Kreisky, Primer Ministro de Austria,
Anker Joergeson, Primer Ministro de Dinamarca, el aplaudidísimo líder
socialista chileno Carlos Altamirano, el italiano Pietro Nenni. Todos
ellos han llegado para legitimar como secretario general de los
socialistas españoles a Felipe González, que encabeza el partido junto a
Alfonso Guerra desde el anterior Congreso de Suresnes, en el que la vieja
guardia de Ramón Llopis les ha cedido el paso, no sin algún trauma.
La retórica utilizada en el 27º
Congreso es extraordinaria:
- Altamirano propone unir los
esfuerzos de comunistas y socialistas para construir un bloque
anticapitalista de clase,
- se usan positivamente palabras
como marxismo y República,
- se rechaza cualquier posible
acomodo con el capitalismo,
- se renueva la voluntad de
mantener una escuela pública única,
- se propone administrar la
justicia mediante
tribunales populares elegidos por los ciudadanos,
- se quiere implantar en España
un modelo nuevo no implantado en ningún país
Todo esto euforiza a los
militantes, mientras que, de cara al electorado, el lenguaje es
extremadamente más moderado y consigue concentrar votos. Además, el PSOE
logra reunir bajo sus siglas a Convergencia Socialista, de
procedencia católica, y a otras agrupaciones socialistas, como por ejemplo a
los catalanes del PSC, que durante el franquismo han llevado una vida
prácticamente autónoma. Felipe González no conecta en cambio con el
Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván,
teóricamente más radical, pero que atrae en la práctica un voto más
intelectual, diríamos que azañista, y obtiene 6 escaños en las elecciones.
La simpatía y el
carisma de Felipe González junto al populismo de Alfonso Guerra,
son en buena parte los responsables de que el PSOE pase del 10%
que le vaticinan las encuestas antes de la campaña electoral al
29% (118 escaños) que consigue el 15 de junio
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La UCD reúne a la sopa de letras de las formaciones moderadas para
sacarle provecho al carisma de Adolfo Suárez.
La Unión de Centro
Democrático (UCD) es un invento de Adolfo Suárez para sacarle provecho
a su imagen en las elecciones. Como alguien ha escrito, "Suárez coaliga
partidos y partidetes, en su mayoría compuestos por amigos y amiguetes,
plenamente consciente de que todos los militantes de aquella gran
coalición caben en un taxi; eso sí, en un taxi antiguo". Helos aquí:
Partido Demócrata Cristiano (Álvarez de Miranda), Partido Socialdemócrata
(Fernández Ordóñez), Unión Socialdemócrata (Eurico de la Peña), Partido
Socialdemócrata Independiente (Gonzalo Casado),
Federación
Socialdemócrata (José Ramón Lasuén), Partido Popular (Pío Cabanillas),
Federación de Partidos Demócratas y Liberales (Joaquín Garrigues Walker),
Partido Demócrata Popular (Ignacio Camuñas), Partido Progresista Liberal
(Juan García Madariaga), Partido Liberal (Enrique Larroque), Partido
Social Liberal Andaluz (Manuel Clavero), Partido Gallego Independiente
(José Luis Melián), Acción Regional Extremeña (Enrique Sánchez de León),
Acción Canaria (Lorenzo Olarte), Unión Demócrata de Murcia (Pedro Pérez
Crespo). "A buena parte de estos líderes no los conocían ni en su casa y
su militancia probablemente excediera las previsibles dimensiones de un
taxi, pero no las de un microbús". Más concretamente, la UCD es un intento
de llevar a las urnas los propósitos del grupo Tácito, que nace
durante los últimos coletazos del dictador y está formado por moderados
del régimen. En noviembre de 1976 nace el Partido Popular que aglutina a
personalidades muy diversas entre las que destacan José María de Areilza y
Pío Cabanillas, ambos ex altos funcionarios franquistas y en este momento
ministros del gabinete de Adolfo Suárez. El congreso del Partido Popular
celebrado en Madrid en febrero de 1977, tiene una envergadura notable,
comparable a la del congreso del PSOE de diciembre anterior. El Partido
Popular es el mayor de una coalición llamada Centro Democrático, de la que
Suárez consigue desplazar a Areilza. ¿Por qué? Areilza es un buen orador
que puede, aunque muy pálidamente, hacer sombra al actual Primer Ministro,
y además no es hombre del todo moderado. De hecho acaba en las filas de
Alianza Popular, el partido de derechas por excelencia. Finalmente
desembarca en la coalición para dirigirla otro ministro de Suárez,
Leopoldo Calvo Sotelo, del que seguidamente habrá que hablar con más
detenimiento. Calvo Sotelo adopta la denominación definitiva del partido
añadiendo el término Unión.
De los candidatos a las elecciones de
la UCD un 36% es independiente —léase colaboradores moderados del
franquismo—; del resto, un 17% procede del Partido Popular y un 12% de los
demócratas cristianos. De los 165 diputados que la UCD obtiene en las
urnas (34% de los votos), un 17,5% han sido procuradores de las Cortes
franquistas. De los partidos de centro que no figuran en el taxi de la UCD
destaca la Democracia Cristiana (DC), que mirando a Italia está
convencida de que va a arrasar en las elecciones. Por varias razones,
entre las cuales quizá la principal sea que España no es Italia, la DC
apenas consigue unos pocos senadores en colaboración con otras fuerzas de
izquierda
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Jordi Pujol es el continuador de la tradición del nacionalismo catalán
burgués, y un pillastre poco simpático.
En Cataluña son dos las brancas a
las que el nacionalismo ha dado origen durante el siglo XX:
- una radical, que aboga por
la independencia de Cataluña del resto de España y representada por
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido tradicionalmente
de izquierdas a través del que Francesc Macià y Lluis Companys dieron
vida durante la Segunda República Española a la Generalitat de
Catalunya, el gobierno autónomo que se apoyaba en un Estatuto de
Autonomía aprobado por las Cortes de Madrid en 1932.
- La otra rama es la representada a
principio de siglo por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y que
defiende los intereses de la industriosa y rica burguesía catalana.
Esta segunda vía no tiene tanto éxito durante la Segunda República,
mientras que se relanza durante los años 70 a través del Partit
Democràtic per a Catalunya (PDC), del que el núcleo principal es la
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Jordi Pujol, un
hombre tan singular, bajito y feo como siempre más carismático,
populista y poderoso desde 1976 hasta la actualidad.
Jordi Pujol nace en 1930 y funda
durante el franquismo, junto a su padre, la Banca Catalana, con la que
tiene poder de financiación de parte de la industria catalana y de
alimentación de la especulación territorial en los años de gran
inmigración. Controla además el Fútbol Club Barcelona, un símbolo de la
identidad catalana frente al centralismo representado por el Real Madrid,
y participa en actos contraculturales catalanistas a finales de los años
50, cuando el régimen es más duro. A raíz de uno de estos actos es
detenido y torturado por la policía franquista en mayo de 1960 y permanece
en prisión lejos de casa durante dos años y medio. Este episodio le ha
dado siempre un salvaconducto de hombre de las libertades de un pueblo
reprimido, y a pesar de su talante conservador y de los intereses que
defiende, hoy en día hablar mal de Pujol en Cataluña, incluso con los
sectores más progresistas de la izquierda, es como insultar al padre de
todos los catalanes. La identificación por parte tanto de todos los
españoles como, inconscientemente, de los catalanes, de este hombre con la
entera población de Cataluña es preocupante
En 1976 los principales partidos
políticos catalanes son, a la izquierda, el Partit dels Socialistes
Unificat de Catalunya (PSUC), de orientación comunista y que se asocia,
para las elecciones de 1977, al PCE, el Partit Socialista de Catalunya
(PSC) de Joan Raventòs, socialista, que se asocia al PSOE, y ERC
liderada por Heribert Barrera; a la derecha están el partido de Pujol y
Unió Democràtica de Catalunya (UDC), con origen en los años de la
República y liderado ahora por Anton Canyelles. Éstos y otros de menor
representatividad electoral están reunidos en la Assemblea de Catalunya
desde 1971 y la exigencia de todos es el reconocimiento por parte de la
nueva Monarquía de la Generalitat abolida por Franco en 1939 y mantenida en
vida en el exilio por Josep Tarradellas. Éste, hombre anciano y que
está empezando a afrontar en Francia serias dificultades económicas, no
quiere que nadie negocie en Madrid su vuelta del exilio, y el listo de Pujol
desobedece estas recomendaciones y se suma a las conversaciones que el
Gobierno Suárez mantiene con la oposición todavía oficiosa.
Es aquí donde empieza a crecer la estatura (política)
de Pujol, que ha acabado por ser tan alto que todos hablan de él, en los
años 90, como de un gran estadista, mientras que quizás sólo sea un
listo que ha sabido imponer en la vida política española las exigencias de
la alta y pequeña burguesías catalana. En este sentido, sus coaliciones
electorales (PDC en 1977 y sucesivamente Convergència i Unió (CIU)),
más que esto son grupos de presión o concentraciones de lobbies,
desde la de la patronal, hasta, por extraño que parezca, las del potente
gremio de pasteleros o de la asociación de excursionistas
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La sustancial desaparición del PNV durante el franquismo provoca el
nacimiento de ETA, un grupo de muchachos revoltosos que darán
guerra en España durante muchos años. He aquí un intento de historia
de ETA.
En el País Vasco, al
que durante el franquismo se llama
Vascongadas, la Segunda República ha dado vida a un Gobierno
autónomo muy poco antes del inicio de la Guerra Civil. El partido
nacionalista más representativo era entonces el Partido Nacionalista
Vasco (PNV), de origen burguesa, que ha mantenido un gobierno en el
exilio y ha tratado, tras el final de la IIª Guerra Mundial, de hacer
escuchar sus razones en los USA y ante las Naciones Unidas, sin que éstas
hayan hecho nada para devolver a España su Gobierno legítimo. La actividad
política ante los foros internacionales contrasta con el estancamiento de
la lucha de las cabezas visibles del PNV en el País Vasco, y quizás sea
esta la razón por la que un grupo de jóvenes pertenecientes al partido se
desgaja en 1958 y crea la Euskadi eta Askatasuna (ETA), un grupo
político cuyos principios son "el independentismo innegociable, las
posiciones radicales en la estrategia política, los contenidos de un
socialismo humanista o el recurso a las armas si fuera preciso para
expulsar al invasor, unidos al deseo de hacer tabula rasa de toda
la inoperancia y el colaboracionismo anteriores". "ETA gustaba
proclamarse antiespañola y no antifranquista solamente... ETA creía
que la desaparición del franquismo con la implantación de algún tipo de
democracia, no iba a traer sin más la libertad de Euskal Herria".
Las acciones
violentas de ETA empiezan con algaradas callejeras que acaban con
numerosas detenciones y se hacen cada vez más visibles a partir de
su Vª Asamblea (1967), inmediatamente seguida por el asesinato
del exponente policial Melitón Manzanas, conocido como el
torturador de Irún. Si durante los últimos años del franquismo
los asesinatos de ETA son vistos por el resto de partidos
políticos con presencia en el País Vasco y en el resto de España
si no con benevolencia al menos sin decidido rechazo, a partir de
la muerte del dictador empiezan a ser unánimemente condenados como
obstáculos a la transición democrática.
Las perspectivas
abiertas por la muerte del dictador llevan a la separación de ETA
en ETA político militar (los poli-milis, ETA-pm) y ETA
militar (ETA-m), siendo la primera propensa a acompañar la lucha
armada con una acción política constructiva, mientras que la
segunda prefiere inventarse una guerra contra el resto de España,
guerra a la que seguirá criminalmente jugando durante muchos años.
Ante las
elecciones de 1977, una parte de ETA-pm abandona la lucha armada y
entra a formar parte del partido de izquierdas Euskadiko
Ezkerra (EE), que obtiene un escaño, mientras el resto de la
organización queda como brazo armado del partido. La distancia
entre ETA-pm y EE se va ensanchando, la primera pierde fuerza y
acaba por disolverse en septiembre de 1982. Mientras tanto ETA
militar asesina sin criterio a periodistas afines, simpatizantes
del PNV, militares, políticos, niños, amas de casa, pero eso sí,
se enorgullece de ser ahora "la única ETA", apoyada a partir de
1978 por
Herri Batasuna (HB), que es su brazo político.
El PNV por otro
lado vuelve a recoger el voto nacionalista moderado, como el PDC
en Cataluña
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Manuel Fraga y otros nostálgicos franquistas protagonizan un tan
inesperado como contundente fracaso electoral.
A la derecha
encontramos a Alianza Popular (AP), el partido en el que Manuel
Fraga Iribarne, brillante alto funcionario del régimen anterior, reúne a
todos sus amiguetes ex franquistas convencidos: Gonzalo Fernández de la
Mora, Cruz Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Enrique
Thomas de Carranza.
La violencia verbal de Fraga hace que la escasez de su credibilidad
democrática llegue hasta lo más hondo del subconsciente de la ciudadanía,
que le concede apenas 16 escaños, 4 menos que al PCE, dejando a todos
boquiabiertos. «Creemos en la democracia, pero en la democracia con
orden, con ley y con autoridad» dice Fraga el día en que presenta
públicamente a AP, en septiembre de 1976. Se incorporan más tarde nombres
de prestigio indudable como Carlos Arias Navarro o José María de Areilza,
el búnker en fin de cuentas.
Numerosos candidatos de Alianza
Popular son consejeros de importantes entidades financieras españolas, por
lo que el partido consigue gastar, según un estudio publicado por el
diario EL PAÍS un año después de las elecciones, 538 millones de
pesetas, aunque las malas lenguas sitúan esa cifra por encima de los dos
mil millones. La subvención estatal posterior le otorga por los resultados
obtenidos sólo 55 millones.
Otros amiguetes ponen su
granito de arena en el fracaso electoral de AP.
El general Alfonso
Armada es el secretario de la Casa del Rey y pide el voto para Alianza
Popular a través de cartas firmadas de su puño y con membrete de la Casa
Real. A este episodio le sigue otro estremecedor: durante una reunión en
presencia del Rey y Suárez, Armada critica abiertamente la legalización del
PCE. El Presidente del Gobierno, por difícil que sea imaginarlo, le manda
cuadrarse.
Alfonso Armada dimite de su cargo en Zarzuela, todavía
estando en curso la campaña electoral, oficialmente para seguir su carrera
militar.
La extrema derecha está
integrada por
Fuerza Nueva (FN) de Blas Piñar, y Falange Española de las JONS.
Estos dos partidos, que no obtienen representación parlamentaria,
recomiendan votar a AP en aquellas provincias en las que no presentan
candidaturas
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El Gobierno que sale de las urnas es de UCD y Adolfo Suárez su
Presidente. La resolución de la situación económica y la escritura de una
nueva Constitución son los dos grandes objetivos del nuevo Gobierno.
Las elecciones las gana la UCD
por mayoría relativa, y las urnas arrojan varias sorpresas: el PSOE arrasa
y le quita muchos votos de izquierda al PCE, mientras que AP, que ha hecho
una larga y carísima campaña electoral, obtiene unos resultados muy
modestos. Los resultados electorales se hacen esperar varios días
simplemente por la inexperiencia en el escrutinio de los votos.
El 4 de julio de 1977 Adolfo
Suárez jura nuevamente ante el Rey el cargo de Presidente del
Gobierno, junto a sus nuevos ministros. En la fórmula de juramento por
primera vez no se hace referencia al Movimiento, ni el notario mayor del
Reino, Landelino Lavilla, responde eso de "Si así hacéis, que Dios os lo
premie; y si no, que os lo demande"
El nuevo gabinete, el
tercero de la Monarquía, y el primero legítimo democráticamente después
del del Frente Popular del 16 de febrero de 1936, es expresión de las
diversas componentes de UCD. Hay un solo militar: el teniente general
Gutiérrez Mellado, persona de talante moderado, sin duda de origen
franquista pero actualmente un demócrata seguro, que recibe el cargo de
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa. Las otras dos
vicepresidencias van respectivamente a Enrique Fuentes Quintana
(economía) y a Fernando Abril Martorell (asuntos políticos), ambos
altos funcionarios en tiempos de Franco y ahora políticamente
independientes, sin duda moderados y senadores designados por el Rey.
Otros ministros son Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda),
socialdemócrata asimilado a UCD que tendrá una impresionante carrera
política, Alberto Oliart (Industria y Energía), independiente, muy
estimado por el Rey como se verá más tarde, Joaquín Garrigues Walker
(Obras Públicas), empresario liberal integrado a la UCD y Landelino
Lavilla (Justicia), ya ministro en el anterior Gobierno y por lo tanto
senador por designación del Rey. Son dos los objetivos principales de
las Cortes recién elegidas: dar una solución a la dramática situación
económica y social del país y elaborar una Constitución que formalice la
renovada situación democrática
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Los Pactos de la Moncloa son un acuerdo entre todas las fuerzas
políticas parlamentarias para arreglar la alarmante situación económica.
Probablemente se trate del punto más débil de la transición.
En 1977 la situación económica
es explosiva:
- en un país en el que el 66% de la
energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 ha pasado
desapercibida, es decir los últimos gobiernos de Franco no han tomado
ninguna medida frente al barril de petróleo que pasa en doce meses de
1,63 a 14 dólares.
- Las exportaciones cubren el 45%
de las importaciones, el país carece de recursos para mantener sus
intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares diarios
de reservas exteriores,
- acumulanso entre 1973 y 1977
14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representa un
importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de
España.
- La inflación está a
niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasa a mediados de 1977
al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE.
-
Las empresas tienen deudas de
centenares de miles de millones de pesetas lo cual contribuye a que
- el paro empiece su largo
crecimiento: ya se sitúa en 900.000 personas de las cuales sólo 300.000
reciben subsidio de desempleo y seguirá subiendo hasta los actuales
(1998) 2.000.000 de parados.
Entre las fuerzas políticas es
unánime la preocupación por esta situación y el Gobierno siente la
necesidad de elaborar una solución que ponga de acuerdo a todo el arco
parlamentario, es decir aplicar en este sentido una "política de
concentración". No hay que olvidar que desde octubre de 1973, cuando la
recesión empieza a evidenciarse, son ocho los "paquetes de medidas
económicas" publicados. El noveno tiene que funcionar y es
Enrique Fuentes Quintana quien redacta el documento base, haciendo
suya una declaración de un político republicano de 1932: «O los
demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con
la democracia».
Durante el mes de agosto el
Gobierno se reúne con los sindicatos para convencerlos de la necesidad de la
moderación salarial para acabar con la inflación, en septiembre Fuentes
Quintana discute con el resto del Gobierno su documento base y en octubre se
redacta el texto final con los demás partidos políticos: en el fin de semana
del 8 y 9 se lleva a cabo un "resumen de trabajo", como lo llama Felipe
González para no darle excesiva importancia, durante los días siguientes se
desarrolla ese resumen en comisiones especializadas y el día 25 de ese mes
firman los Pactos de la Moncloa los representantes de los principales
partidos políticos, incluidos Santiago Carrillo y Manuel Fraga, aunque éste
no subscribe, lógicamente, el pacto sobre cuestiones jurídicas y
políticas:
- derecho de reunión y asociación,
- reforma del Código Penal,
- reorganización de las fuerzas de
orden público.
Los pactos son aprobados por el
Parlamento el día 27 y su contenido se divide en medidas urgentes (contra la
inflación y el desequilibrio exterior) y reformas necesarias a medio plazo
para repartir los costes de la crisis, porque no sería bonito que pagasen
sólo los que han estado robando durante 40 años
Las medidas de
saneamiento a corto plazo son:
- una política monetaria que
frene la expansión de la masa monetaria,
- una política presupuestaria
que reduzca el déficit público,
- la fijación de un cambio
de la peseta realista que reduzca la deuda exterior, y la
- obligación de incrementar los
salarios en base a la inflación prevista y no a la pasada, con el
objetivo de que los salarios no aumenten más de un 22% como promedio en
1978 respecto a 1977: se pide pues a los trabajadores que no mejoren
su nivel de vida durante ese año.
- Contra el paro se presentan una
serie de normas que permiten la
contratación temporal, sobre todo de jóvenes que no han accedido
nunca a un puesto de trabajo.
Las reformas a estudiar son:
- la fiscal y la de la
administración tributaria para que todos los ciudadanos paguen sus
impuestos (en esos años muy poca gente lo hace, mientras que tras la
etapa socialista, en los años 90, España es sin duda uno de los países
donde más difícil es evadir),
- la aplicación de un control real
a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro,
- la reforma en sentido
flexibilizador del mercado laboral: en tiempos de Franco el despido era
prácticamente imposible.
Los efectos de los Pactos de la
Moncloa son positivos en algunos sentidos y menos en otros: la inflación
acaba el año en el 26,4% contra las previsiones del 80% y cerrará 1978 en el
16%, las reservas de divisas duplican y las cuentas de las empresas empiezan
a mejorar y emprenden el camino hacia los beneficios. Las reformas a corto
plazo sin embargo no se empiezan a discutir, según algunas fuentes a causa
de la frivolidad de los ministros económicos Garrigues Walker, Oliart,
Jiménez de Parga y Sánchez de León. En la remodelación de Gobierno de
febrero de 1978 ya no está, porque ha dimitido, Enrique Fuentes Quintana,
que se encuentra muy incómodo ante dicha frivolidad y que hace
casus belli del conflicto con el Ministro de Industria
Alberto Oliart, que se niega a la nacionalización de las líneas de alta
tensión, cuya mala organización encarece mucho la energía eléctrica.
Oliart defiende
así los intereses del conjunto de empresas eléctricas, UNESA
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La redacción del texto constitucional es un proceso largo y no exento
de intrigas.
La no participación de los nacionalistas vascos en el
Pacto y la escasa participación en el referéndum popular de ratificación
son las manchas en esta brillante página de la historia española.
Las Cortes elegidas el
15 de junio de 1977 no son formalmente Constituyentes, pero a nadie se le
escapa la necesidad de dar vida pronto a un nuevo texto constitucional,
puesto que, por ejemplo y paradójicamente, se inaugura la Legislatura sin
que nadie pueda exigir la responabilidad del Gobierno ante el Parlamento,
aunque se aprobará una disposición en este sentido en noviembre de 1977,
un año antes de la entrada en vigor de la Constitución.
Sobre su construcción
se ha escrito mucho.
- Empieza reuniéndose una ponencia
formada por siete miembros que entre agosto y diciembre de 1977 elabora
un anteproyecto que entrega el 5 de enero de 1978 a los grupos
parlamentarios.
- Éstos presentan sus enmiendas y
la ponencia las examina hasta que entrega el trabajo así realizado el 17
de abril de 1978 a
- una Comisión del Congreso, que lo
debate hasta el 20 de junio.
- Siguen los debates en el Pleno
del Congreso del 1 al 24 de julio, en el Senado y en la Comisión Mixta,
que dan lugar
- al texto que es presentado a los
ciudadanos en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
La ponencia que trabaja en la
redacción del anteproyecto está formada por dos progresistas y cinco
conservadores, de los cuales uno nacionalista:
- Miguel Herrero de Miñon, un
jurista que ha venido trabajando con el Ministro de Justicia, Landelino
Lavilla, desde el primer Gobierno Suárez. Pertenece a UCD.
- José Pedro Pérez-Llorca, alto
funcionario de las Cortes, pertenece a UCD.
- Gabriel Cisneros, ex falangista
reformista y ahora simplemente conservador. Pertenece a UCD.
- Jordi Solé Tura es el
representante del PCE, un intelectual de origen obrero que acabará años
más tarde en el PSOE.
- Gregorio Peces-Barba es el hombre
del PSOE, el experto en Derecho Constitucional del partido, hombre
simpático y muy tenaz.
- Miquel Roca es el ponente de
Pujol; es un catalanista muy serio y tan buena persona que acabará su
carrera política prematuramente.
- Manuel Fraga representa a Alianza
Popular, o quizás sea Alianza Popular.
El empeño del PSOE por
dejar fuera de la ponencia a Tierno Galván, culpable de no haberse
integrado, lleva por una serie de razones técnicas a dejar fuera también a
los nacionalistas vascos. Esta ausencia se pagará a un precio muy caro: el
PNV no votará la Constitución quedando hasta el momento fuera del
Pacto Constitucional, aunque lo acate.
Otra dificultad es el
hecho de que
UCD no sea un partido sino una coalición electoral: los tres
ponentes tienen visiones diferentes de cada asunto y tienen además que
hacer cuentas con las numerosas tendencias que se cuecen en la coalición,
siendo Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno para asuntos
políticos, el personaje que más sed de protagonismo tiene en este sentido.
Peces Barba y Fraga, por
otro lado, son extremadamente exigentes en sus pretensiones, y el
primero llega a
retirarse de la ponencia para forzar concesiones. Los
mediadores son los otros dos padres de la Constitución,
Miquel Roca y, paradójicamente, Jordi Solé Tura del PCE, que
siente como Carrillo la necesidad de dejar claro su sentido de la
responsabilidad y la capacidad de los comunistas de llegar a un
consenso.
En este
sentido es curioso pensar que son los socialistas los únicos que votan
en contra de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, sobre
todo si se piensa que en 1998 el PCE se indigna frente a la existencia de
un Rey y exige, ya solo, un viraje republicano.
Sobre los numerosos debates a
propósito del texto definitivo abundan anécdotas, siendo las relativas a
las
reuniones secretas hasta altas horas de la madrugada de Fernando Abril
Martorell de UCD y Alfonso Guerra del PSOE las más numerosas. El motivo de
estas reuniones es que el texto definitivo está siendo aprobado en la
comisión por una mayoría formada por UCD y AP, y esto estorba mucho a UCD
y a la Corona que temen que se hable de una Constitución reaccionaria y
que en el próximo programa electoral del PSOE figure la revisión
constitucional.
Es por esto que Adolfo
Suárez releva del cargo de representante de la UCD ante la comisión al
tímido Landelino Lavilla, cuyo brazo derecho es el ponente Herrero de Miñón,
e impone a Fernando Abril Martorell, un extrovertido animal político.
El texto es aprobado el 31 de
agosto de 1978 en el Congreso por 325 votos a favor, 6 en contra (del
diputado de EE y de diputados de AP) y 14 abstenciones (entre las que
figuran las del PNV), en el Senado por 226 votos a favor, 5 en contra y 8
abstenciones.
El 6 de
diciembre de 1978
el pueblo español aprueba el texto con resultados preocupantes:
el 33% del censo se abstiene y por esto los síes (15,7 millones)
significan un 58% del censo total y los noes (1,4 millones) un 8%.
La Constitución es
finalmente sancionada en el Congreso de los Diputados por el Rey
Juan Carlos I.
La Constitución de 1978
es la primera que se alcanza en España por consenso, un consenso
ensayado en los Pactos de la Moncloa y hallado en pocas otras situaciones.
A esto se suma su larga vigencia, hecho también este único en la historia
de España
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Análisis
de la nueva Constitución
Algunos aspectos económicos y, sobre todo, la organización territorial
del Estado, son las partes más originales de la actual Constitución
española.
Definida la forma de
Estado, los títulos de la Constitución que se refieren a los derechos
de los ciudadanos reciben un fuerte impulso del ponente socialista,
que exige la detenida enumeración y no la simple remisión a tratados
internacionales.
También en
lo económico y en lo social la Constitución recibe la influencia
decidida de las fuerzas de izquierda: aun definiéndose el sistema
económico español como una economía social de mercado, como en el resto de
países occidentales, hay una serie de artículos que hablan, por ejemplo,
del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción,
de la subordinación de la riqueza al interés general, de la planificación.
Una retórica inspirada en la reciente revolución de los claveles
portuguesa y que jamás ha sido aplicada.
Muy progresista es el
título IX, también debido principalmente a Gregorio Péces-Barba, según el
cual corresponde a los poderes públicos
garantizar la igualdad de los derechos de todos los españoles.
Sin embargo es el
título VIII, referente a la
organización territorial del Estado, el más original, debatido, y
finalmente ambiguo. Se trata de incluir las fuertes reivindicaciones
nacionalistas vasca, catalana y gallega y las incipientes valenciana,
canaria y andaluza, esta última sin el sentido histórico o geográfico de
las otras, pero fomentada por el PSOE. Y esta inclusión de
reivindicaciones debe satisfacer al mismo tiempo a quienes se sienten
diferentes de los demás y al principio de igualdad de todos los
ciudadanos.
La situación vasca
es complicada. Los nacionalistas exigen en 1977 (como en 1998) la
restitución de los fueros precedentes a 1839, por los que el País
Vasco gozaba de una soberanía compartida con el Monarca español. Por otro
lado, lo que en 1839 se dejó a las tres provincias vascongadas es
un
concierto económico, es decir un trato especial respecto al resto de
España por lo que se refiere al pago de impuestos. Franco, tras la Guerra
Civil, deroga este concierto a Vizcaya y Guipúzcoa, que se han opuesto a
su invasión, mientras que lo sigue permitiendo en Álava, que ha adherido
inmediatamente al alzamiento.
La solución que da a
todo esto la Constitución de 1978 es: «La Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas». A parte de los larguísimos debates que llevan a aceptar el término
nacionalidades, este texto no diferencia el grado de autonomía que
pueden alcanzar una nacionalidad y una región, que además no están
definidas ni individualizadas.
Además describe, en
otro artículo, dos ritmos diferentes para que el Estado conceda esta
autonomía, pero no cierra el tema de la diferenciación.
La Constitución proclama
su respeto por los derechos históricos de los territorios forales (además
de los tres territorios vascos, no olvidemos Navarra), pero no precisa en
qué consisten estos derechos.
El constitucionalista
Francisco Rubio Llorente escribe que «se trata de una concepción en cierto
sentido provisional, que no incluye, ni para acogerla ni para rechazarla,
la visión catalana y vasca... En este extremo fundamental, nuestra
Constitución sigue estando abierta, inconclusa», lo cual no es en sí
negativo
Ver
Constitución de 1978
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Para la redacción de la presente web
sobre la transición se ha consultado en mayor o menor medida los
siguientes libros y artículos, en orden alfabético de los apellidos de los
autores.
Carlos Abella - "Adolfo,
quiero pedirte un favor" - El País, suplemento Domingo, 30/6/1996,
págs. 18 y 19.
Leopoldo Calvo Sotelo -
Memoria viva de la transición - Plaza & Janés/Cambio 16, Barcelona,
1990.
Raymond Carr - España: de
la Restauración a la democracia, 1875~1980 - Ariel, Barcelona, 1983.
Santiago Carrillo - Juez y
parte. Quince retratos españoles - Plaza & Janés, Barcelona, 1996.
María Ángeles Escrivá - El
camino de vuelta - El País/Aguilar, Madrid, 1998.
Felipe González - Un
estilo ético - Argos Vergara, Barcelona, 1982.
Fernando González-Doria -
¿Franquismo sin Franco...? - Cunillera, Madrid, 1974.
Manuel Gutiérrez Mellado -
Un soldado en España - Argos Vergara, Barcelona, 1983.
Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
-
Memorias de estío - Temas de hoy, Madrid, 1993.
Santos Juliá - Los
socialistas en la política española, 1879-1982 - Taurus, Madrid, 1996.
Diego López Garrido -
Franco y su Consejo de Ministros - El País, 4/12/1992, pág. 17.
José María Lorenzo Espinosa -
Historia de Euskal Herria, tomo III - Txalaparta, Tafalla, 1995.
Gregorio Morán - El precio
de la transición - Planeta, Barcelona, 1992.
Manuel Navarro - Un
acuerdo para la transición - El País, 25/10/1997, pág. 23.
José Oneto - Del
franquismo al felipismo - Tiempo, Madrid, 1992.
Ángel Palomino - Caudillo
- Planeta, Barcelona, 1992.
Victoria Prego - Así se
hizo la Transición - Plaza & Janés, Barcelona, 1995.
Ramón Tamames - La
República. La era de Franco - vol. 7 de la Historia de España
dirigida por Miguel Artola, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
Vicente Enrique Tarancón -
Confesiones - PPC, Madrid, 1996.
Javier Tusell - La
transición española a la democracia - en Historia 16, Madrid, febrero
1997.
Francisco Umbral - Crónica
de esa guapa gente - Planeta, Barcelona, 1991.
Varios autores - Memoria
de la transición - El País, Madrid, 1996.
Manuel Vázquez Montalbán -
Mis almuerzos con gente inquietante - Planeta, Barcelona, 1984.
Manuel Vázquez Montalbán -
Crónica sentimental de la transición - Planeta, Barcelona, 1985.
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Víctor Arrogante
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