Externalización

La Comunidad de Madrid, que preside el insigne Ignacio González, secretario general del Partido Popular de Madrid, ha consumado el despropósito de privatizar el sistema público de salud. Ellos lo llaman “externalización”. Extravagante término para mencionar, lo que es un crimen contra los derechos de los madrileños: una auténtica privatización del sistema público de salud.

El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con los 69 votos del PP y con los de toda la oposición en contra, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013. Con esta ley de acompañamiento a los presupuestos –en la que vale todo y en un tuto revoluto- se permite al gobierno, tanto adoptar medidas para ampliar la “externalización” sanitaria, como el fomento de la instalación de proyectos como el de Eurovegas del magnate Sheldon Adelson. Se privatizan 6 hospitales y 27 centros de salud de la región. Además, aprueban el euro por receta, como un impuesto revolucionario, a beneficio de inventario. Medidas que esquilman el patrimonio de la Comunidad y los bolsillos de la ciudadanía.

¿Y a quienes beneficia la adopción de estas medidas? Supuestamente al interés general, pero realmente a la corte de amigos de Ignacio y sus negocios. Negocios y patrimonio sin clarificar, que junto con la trama de espionaje sin explicar, rondan al actual presidente de la Comunidad de Madrid. Nos ocuparemos de ello en otra ocasión. Mientras, veremos como termina todo esto. 

Uno de los pilares del estado social que la Constitución establece, es la sanidad pública para todos. El Partido Popular de Madrid, acaba de desvirtuarlo y de hecho, hace desaparecer un derecho fundamental. Lo que planificó Esperanza Aguirre, lo ejecuta Ignacio González. Un partido, haciendo uso de una mayoría absoluta parlamentaria, actuando con legalidad, pero sin legitimidad moral, ni social, elimina lo que nos ha costado más de treinta años conseguir: una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos. El Partido Popular es el brazo ejecutor, el “sistema” político quién lo permite y el económico quién lo ordena.

No hay argumentos, por parte del presidente de la Comunidad, para defender los presupuestos y la ley de acompañamiento; solo agresión contra todo lo que no coincide con sus particulares intereses. Desprecia a los madrileños; carga contra maestros y profesores; insulta a los médicos y profesionales sanitarios; recorta derechos y culpa de los malos datos económicos de su gestión, a quienes reivindican sus derechos y rechaza los recortes. Ignacio González y el PP son auténticos enemigos, no solo del bienestar de la gente, sino de la propia gente.

La Comunidad de Madrid ha estado provocando, de forma conscientemente, un deterioro del sistema público de salud, con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización, como así ha ocurrido. Ha reducido las partidas presupuestarias, mientras las necesidades crecían y la población aumentaba; situando a la Comunidad de Madrid, en cuanto a gasto por habitante y año, en los últimos lugares de España. Paralelamente aumentaban las derivaciones a la sanidad privada, de todos aquellos servicios considerados económicamente rentables para las empresas, fortaleciendo un sector que se está lucrando con la enfermedad de la gente. La disminución de la financiación, el incremento de la población y la reducción real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial (listas de espera) en los hospitales y centros sanitarios, que es lo que se pretendía. Con la ampliación de la “externalización” se consuma la hoja de ruta de la privatización.

Dicen que el sistema de salud público es ineficaz, cuando son las políticas neoconservadores y neoliberales las responsables de su deterioro. Con la excusa de la austeridad, olvidan la calidad de la atención sanitaria y los derechos de los enfermos y profesionales. Muchas mentiras se están lanzando para defender lo indefendible. Cristóbal Montoso alegaba que hay “mucho abuso en la cartera de servicios de la sanidad” y otro ministro, el de las lechugas, Arias Cañete, acusaba de que “las urgencias están colapsadas por los inmigrantes”. A parte de que es una aptitud xenófoba y racista, miente. Los inmigrantes visitan 6,4 veces al año el centro de atención primaria, frente a las 11,1 visitas de los españoles y en el caso de los niños, acuden 5,5 veces, frente a las 7,3 visitas de los niños españoles, según datos de Coordinadora Anti-Privatización de la salud pública de Madrid.

Decía Tomás Gómez dirigiéndose a las empresas privadas que quieren entrar en la sanidad pública de Madrid: “que no entren, es un consejo que les doy. Va a ser un mal negocio para ellos porque lo primero que vamos a hacer cuando gobernemos en la Comunidad de Madrid es revertir todas las privatizaciones; que no pierdan el tiempo y que no intenten hacer negocio con la enfermedad de los madrileños”. Esta postura tiene que extenderse a otros ámbitos. Los partidos de izquierda tienen que declarar, que derogarán, cuando gobiernen, todas y cada una de las medidas antisociales que el PP está implantando, para destruir el modelo de estado social que la Constitución establece.

Los grandes perdedores de las políticas de privatización, llevadas a cabo por el PP, son los ciudadanos, en beneficio de los empresarios del sector. La calidad de los servicios sanitarios empeorará y serán más caros. Los ciudadanos se verán obligados a pagar, para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, quedará excluida del sistema sanitario.

Está clara su política: que el derecho a la protección de la salud, deje de ser un derecho de todos y pase a ser un privilegio para los pocos que puedan pagársela. Para los demás la beneficencia. No podemos permitir que la sanidad pública se convierta en un negocio, en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos. La lucha de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios tiene que continuar y llegar a donde tenga que llegar; para que la sanidad pública universal, gratuita y de calidad, siga siendo uno de los pilares para asegurar el bienestar, la solidaridad y la justicia social.