Huelga general, política y social

El movimiento obrero, desde su nacimiento organizado, ha utilizado la Huelga General y la Huelga General Revolucionaria o Política como último recurso para conseguir sus objetivos: reivindicar mejores condiciones de trabajo y derechos laborales, y en particular ante reconversiones económicas e industriales, o crisis económicas y financieras; también se han convocado para subvertir el sistema o para luchar en favor de un modelo social más justo. No siempre se han conseguido los fines propuestos y no siempre han sido pacíficas las reacciones de los gobiernos afectados.

En 1855, el gobierno del general Espartero, sufrió la que podría nominarse como la primera huelga general en España; y no podemos dejar de recordar la “Huelga General Revolucionaria” de 1917, o la que se organizó con la Revolución de Asturias en 1934. Después de 1939, las tinieblas franquistas, hicieron imposible cualquier tipo manifestación política, social o sindical y mucho menos huelgas generales.

Durante la llamada Transición, hubo algunos conflictos sindicales sin mayor relieve, pues todo estaba centrado en el diseño del modelo de convivencia democrática. No es hasta el 14-D en 1988, cuando se convocó la primera huelga general de la democracia y contra un gobierno socialista. Se convocó contra una reforma en el mercado laboral, que abarataba el despido e instauraba unas condiciones de contratación para jóvenes, calificadas ya entonces como contratos basura. El seguimiento fue masivo; y doloroso para muchos socialistas que tuvimos que optar entre secundar al partido o al sindicato. Significó la ruptura de las relaciones fraternales históricas entre UGT y el PSOE. 

El célebre decretazo de José María Aznar en 2002, provocó la huelga general del 20-J. Una reforma laboral que recuerda a la actual. Imponía un nuevo modelo de despido; obligaba al desempleado a aceptar un empleo, hasta a 30 kilómetros de su residencia habitual; permitía ofertar un puesto de trabajo diferente a la profesión del desempleado y retiraba el subsidio a quienes rechazasen tres veces una oferta del Inem. La huelga tuvo una lectura más política que social, y agudizó el enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Este decretazo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2007, cuando Zapatero ya lo había derogado en 2004. Otra Huelga General “Política” se convocó en 2003, contra Aznar y la participación de España en la guerra de Irak.

José Luis Rodríguez Zapatero vivió su propia huelga general contra una reforma laboral en 2010, impuesta por las circunstancias de la crisis económica y las presiones que desde Europa comenzaban a llegar. Esta huelga de escaso éxito, permitió a los ciudadanos expresar su malestar por la deriva política del gobierno. Sólo dos meses después de la huelga, con la pérdida de las elecciones catalanas, se escenificó la caída en desgracia del PSOE y anticipó el descalabro socialista, consumado el 20-N. 

Cuando Mariano Rajoy dijo en Bruselas, que la reforma laboral le iba a costar “una huelga general” sabía lo que decía. El 29-M, apenas cuatro meses después del triunfo del PP en las elecciones generales, Rajoy sufrió la huelga vaticinada por él mismo. Nunca una huelga general estuvo tan bien motivada, contra una reforma que rompe el sistema actual de relaciones; que convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato; que elimina derechos adquiridos y pactados en los convenios colectivos. En definitiva una reforma laboral que desregula, desvirtúa y desmantela los fundamentos básicos del Derecho del Trabajo. Es una reforma laboral contra el futuro, que aboca a un presente de paro y precariedad. Todo parece que los sindicatos y los  movimientos sociales tendrán que convocar otra huelga general y si las cosas siguen torciéndose hasta “revolucionaria” podría ser.

Porque ahora no solo se juega la reforma laboral. Rajoy y el Partido Popular están implicados en el desmantelamiento del estado social y desvirtuando la propia democracia; también el estado de derecho y el sistema de justicia para todos queda tocado. Criminalizar las protestas y endurecer el Código Penal son síntomas de estado totalitario. Desaparecen prestaciones y servicios públicos; destruyen el sistema de salud, educación y protección social. El PP no tiene la mayoría social, y un partido político, por mucha mayoría absoluta parlamentaria que tenga, no está legitimado para echar a bajo un modelo construido con el consenso político y social plasmado en la Constitución.

Después de la masiva participación del pasado día 15 en Madrid, están en marcha otras huelgas sectoriales, movilizaciones, mareas y actos que culminarán, si Rajoy no lo remedia, en otra Huelga General. En Euskadi y Navarra ya está convocada para el 26-S, y la CGT la convoca para el 31 de Octubre “porque el Gobierno, con su política de recortes y reformas, nos está llevando a una auténtica situación de emergencia social, porque está aplicando una política económica, neoliberal y antisocial que está al servicio de los mercados financieros y los especuladores”. Antes, el 25-S, está la convocatoria de la Coordinadora 25S y la Plataforma en Pie “Vamos a rodear el Congreso de los Diputados”, que bien rodeado de vallas y policías lo tiene ya la Delegación del Gobierno de Madrid.

La próxima Huelga General que se convoque en el ámbito del Estado, por partidos, sindicatos y movimientos sociales, debe ser “política y social”; superar la protesta contra la reforma laboral y defender el establecimiento de un modelo social democrático y participativo, cuyos valores representen la libertad, la justicia social y la igualdad. Los gobiernos caen tras la celebración de elecciones o por la pérdida de confianza en el Parlamento; también la movilización y la presión social pueden ayudar a ese fin. Torres más altas han caído.