Aquel 6 de diciembre de 1978, participé en el referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución. Fui uno de los 15.706.078 votantes de los 26.632.180 electores que participaron. Acudí a las urnas con la esperanza de poder participar en la construcción de una nueva sociedad. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia y bienestar. Las cosas no han sido como hubiéramos deseado que fueran, aunque siempre estamos a tiempo de subvertir la realidad. También un 6 de diciembre murió mi madre hace ya veintiún años y como si fuera hoy. Fechas históricas que me siguen: un 20 de noviembre (1957) murió mi padre.

La Constitución, que tiene 38 años, se hizo por los partidos que configuraron las Cortes tras las elecciones del 15-J de 1977 (UCD, PSOE, PCE, AP, CiU, PNV…). Hubo componendas políticas por las presiones ejercidas desde dentro del Régimen, por el capital financiero y EEUU, para salir de forma moderada de la dictadura y aceptar la monarquía. También pudo ser por el sometimiento de los partidos de izquierdas con representación parlamentaria, que renunciaron a la Ruptura Democrática. Es un modelo superado, lastrado por la corrupción y por las formas de actuación del PP y sus políticas antisociales que rayan lo antidemocrático.

Más de la mitad de las personas que hoy pueden votar en España no pudo hacerlo en 1978. Cuando Felipe de Borbón ascendió a la jefatura del Estado, tenía que haberse abierto un proceso constituyente que validase el modelo o cambiarlo por el republicano. Desde el aparato del régimen, hablan de una segunda transición, pero no saben cómo hacerlo ni cuándo. Pretenden hacer retoques cosméticos para blindar aun más a la monarquía y preservar privilegios y prebendas. No debemos consentirlo. No es reformar la Constitución, como algunos pretenden, para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema y la forma política del Estado. Hay que convertir el actual estado de las autonomías, por uno federal; modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático.

La Constitución ha sido sometida a dos reformas. En 1992 el artículo 13.2, para introducir la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, por imperativo legal del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, que introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses. Si se reformó por intereses económicos y presión exterior, ahora hay que reformarla por intereses sociales y calidad democrática.

El sistema electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y ciudadanas accedan a las instituciones representativas. Hay que establecer un sistema general electoral que permita listas abiertas y eliminar la barrera electoral del 3%. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, como se previó, debe cambiarse para garantizar la proporcionalidad, la equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.

Un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.

La República es el mejor sistema político. Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia participativa.

Conscientes del momento histórico que vivimos y sabiendo que el futuro seguirá siendo de lucha, diferentes organizaciones republicanas suscriben un manifiesto, por el que proponen Ocho puntos para avanzar hacia la Tercera República. Piden a las organizaciones de izquierda que lo asuman y difundan y sea guía de su práctica política, para lograr la unidad de acción. Yo me sumo.

En resumen estos son los puntos para avanzar hacia la Tercera República: 1. Programa de choque contra la crisis. Aprobación de un programa que impulse el desarrollo económico y social, apoyando y protegiendo a las personas y familias más afectadas por la crisis. Cambiar el modelo productivo, promocionando los servicios y el empleo públicos, garantizando un mayor control social de la economía mediante la intervención del Estado. Aumentar los recursos públicos, mediante una política fiscal progresiva que grave más a quien más tiene y reduzca la carga fiscal de las clases populares. Combatir con decisión el fraude fiscal y derogar las últimas reformas laborales.

2. Restablecimiento de la soberanía popular y recuperar la democracia, sin ataduras ni atajos. Anulación inmediata de las leyes de excepción como la ley de partidos, la ley mordaza y la reforma del Código Penal.

3. Derecho de autodeterminación de los pueblos; solo los pueblos libres que lo decidan libremente, pueden construir juntos un futuro común. El problema de las nacionalidades existe, e ignorarlo, como ha hecho el poder todos estos años, únicamente ha servido para enfrentar a los pueblos entre ellos.

4. Independencia Nacional, frente a los grandes poderes que dictan la política internacional. Hay que abandonar la OTAN, erigida en brazo armado de un imperialismo cada vez más agresivo. Las bases militares extranjeras continúan siendo utilizadas como plataformas estratégicas para las agresiones a otros pueblos con el consentimiento del gobierno de turno.

5. Apertura de un Proceso Constituyente. La Constitución de 1.978 es un texto limitado y superado por la historia. Es hora de abrir un periodo constituyente que devuelva la voz al pueblo para determinar la forma de Estado y garantizar la democracia, el derecho a la autodeterminación y el control democrático de las instituciones. Por una Constitución que sirva de base para un futuro de progreso.

6. Recuperación de la memoria histórica, que reivindique como inalienable el patrimonio colectivo de lucha y el sacrificio de todos los asesinados, perseguidos y damnificados por la dictadura franquista y abra una investigación que ponga fin a la impunidad del franquismo, derogar la ley de amnistía, declarar nulas las sentencias de los consejos de guerra ilegales y tribunales franquistas relacionadas con delitos políticos y cumplir de inmediato los acuerdos y resoluciones internacionales.

7. Rechazo a la UE de los mercados. La Europa del capital, que desprecia a los refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la miseria, nos impone el dogal de una deuda que impide el desarrollo independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo.

8. Por la República. Por una República, con carácter laico, democrático, popular y federal, resultado de un Proceso Constituyente y como único marco posible para el desarrollo de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.