The Crown es una serie de
televisión sobre la vida de
la Reina Isabel II de
Inglaterra y la historia
mundial en los 67 años de su
reinado. Lo que queda
realmente plasmado es la
vida interna de la familia
real, con sus éxitos y sus
miserias. Por aquí, la
corona real también es
protagonista, pero no por
una serie, sino por sus
miserias y por los casos de
supuestos fraudes que cercan
al rey emérito y por
extensión al jefe del
Estado, que si no sabía nada
de los tejemanejes de su
padre malo y si lo sabía y
no ha dicho nada peor.
La reciente regularización
fiscal de Juan Carlos de
Borbón
por importe de 678.393,72
euros ha disparado las
especulaciones sobre un
posible regreso a España,
que Felipe de Borbón
considera prematura. Dónde
se instalaría para vivir: se
ha habla de la casa de su
hermana la Infanta Pilar, en
la Zarzuela, en la casa de
su hija Elena e incluso en
el palacio de El Pardo. Lo
cierto es que la Casa Real y
el Gobierno barajan opciones
para minimizar el impacto de
una hipotética vuelta del
emérito, entre ellas la
retirada del título de rey,
como forma de reducir la
presión sobre el actual jefe
del Estado y a la Corona.
Todo por defender una
institución caduca y alejada
de los principios
democráticos en un Estado de
Derecho.
The Crown es una serie de
ficción de Netflix sobre el
reinado de Isabel II, que
cubre el período desde su
matrimonio con Felipe, duque
de Edimburgo en 1947 y la
vida disoluta de su hermana
la princesa Margarita; hasta
1990 incluyendo el mandato
de Margaret Thatcher como
primera ministra y el
matrimonio de Lady Di con el
príncipe Carlos. La vida de
Isabel II, ha estado
dedicada a su familia y a la
política del Reino Unido y
no se vislumbra ningún acto
de corrupción económica o
política, que podrá
haberlos, salvo vivir a
costa del erario público,
sin oficio conocido, como
ocurre en nuestra made in
Spain.
Pero
"vayamos al turrón", como
decía aquel presidiario de
la película Celda 211, a lo
que nos importa: ¿Tiene
futuro la monarquía
borbónica en nuestro tiempo?.
Según Ángel Viñas, hubo un
fracaso absoluto de la
monarquía borbónica en el
siglo XIX tras el paulatino
agostamiento de la
Restauración; lo reconoció
el propio rey cuando huyó al
extranjero, evadiendo sus
responsabilidades,
conspirando desde
fuera. Hubo un fracaso de
los planes monárquicos, con
la aparición del general
Franco, ante quien los
generales dinásticos se
hincaron de rodillas. Hubo
un temor tras la muerte de
Franco en someter a la
opinión pública española la
cuestión de la naturaleza
del régimen. Fue Adolfo
Suárez quien lo impidió al
pensar que los españoles se
inclinarían por la
República. El historiador es
prudente y no pronostica el
futuro de la monarquía que
resulta incierto. Hay que
someter a debate una
institución que figura como
una cuestión pendiente de la
democracia española,
recelosa de confrontar a la
sociedad con el pasado
colectivo.
El
caso del supuesto fraude a
Hacienda de Juan Carlos de
Borbón está abierto. La
Fiscalía contradice al
abogado del emérito y deja
en el aire que su
regularización le evite el
banquillo. Lo que parece ser
es que Juan Carlos, fue
informado de dos
investigaciones en su
contra: la de las supuestas
comisiones del AVE a la Meca
y la de las tarjetas opacas,
de las que han disfrutado,
entre otros familiares sus
nietos Victoria Federica y
Froilan como la tarjeta
VISAbuelo.
El Tribunal Supremo
estableció en una sentencia
de 2019, que la notificación
del fiscal indicando que
existe una investigación,
pese a no existir querella
por delitos contra Hacienda,
produce el efecto de
"bloqueo automático" de la
regularización tributaria
que se haya presentado de
forma voluntaria por el
contribuyente para evitar
ser condenado.
Diferentes expertos dudan de
que la regularización fiscal
efectuada por el rey emérito
liquide cualquier
responsabilidad penal y, no
solo por la comunicación de
la Fiscalía avisándole de
que está sino investigado,
también porque hay que
comprobar si es veraz,
completa y el origen lícito
del dinero.
La Fiscalía ha informado de
que la regularización
voluntaria del emérito
afecta a "una investigación
más amplia",
en la que tienen que
estudiar la "espontaneidad,
veracidad y completitud" de
dicha declaración. El caso
de Juan Carlos está
orientado a desactivar toda
acción penal en su contra,
ya que, como establece el
artículo 305.4 del Código
Penal,
la regularización voluntaria
y espontánea conlleva el
efecto liberador completo de
las eventuales
responsabilidades penales.
El rey
Borbón, entronizado por un
dictador genocida, padre del
actual rey Felipe VI y nieto
de Alfonso XIII, asediado
por su gigantesca oleada de
escándalos, ha huido de
nuestro país.
No es la primera vez, ni
seguramente la última, que
un rey Borbón abandona
precipitadamente España.
Es conveniente aclarar que
no es lo mismo fugarse al
extranjero por ser un
presunto ladrón, que tener
que exiliarse por haber
luchado contra un golpe
militar y una dictadura
franquista, situación
dramática que vivieron
muchos republicanos
españoles.
Unidas
Podemos cree que ha llegado
el momento de abrir el
debate sobre la
institucionalidad y el
futuro de la monarquía,
que está "en riesgo de
implosión" ante las
irregularidades atribuidas
al rey emérito Juan Carlos.
En este sentido, han
insistido en sus
planteamientos republicanos
y que son partidarios de que
la ciudadanía pueda elegir
la jefatura del Estado desde
las urnas. Además, Rafael
Mayoral opina que el actual
rey Felipe VI debe
comparecer para responder a
las preguntas de la
ciudadanía ante un escándalo
de esta magnitud, pues la
sociedad tiene derecho a
conocer si miembros de la
Casa Real "eran una pieza
clave en el entramado de
corrupción sistemático del
Estado".
Esquerra Republicana ha
exigido que el Rey emérito
regrese a España para que se
le juzgue "como a cualquier
otro ciudadano"
por sus supuestas
irregularidades, y Bildu ha
denunciado que Juan Carlos I
está recibiendo "trato de
favor" al poder regularizar
su situación fiscal antes de
ser investigado
judicialmente. El diputado
de Bildu Iñaki Ruiz de
Pinedo cree que la decisión
de presentar a Hacienda una
declaración y abonar
678.393,72 euros "obedece a
una maniobra para lavar la
imagen" de Juan Carlos en
relación con la "fuga" de
divisas y cuentas "opacas".
Por su
parte, Pedro Sánchez,
ha pedido respetar los
derechos del rey emérito
como contribuyente:
"La democracia está
funcionando", asegurando que
la monarquía no está en
peligro en España y que con
transparencia se llegará
hasta el final de las
investigaciones del rey
emérito. Considera que debe
ser la Casa Real la que
comunique su posición sobre
este tema y ha recalcado que
es importante respetar la
presunción inocencia del rey
emérito. Además, ha
insistido en que hay que ser
conscientes de que se "juzga
a personas y no a
instituciones", por lo que
conviene no mezclar.
La
vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen
Calvo, ha situado en "una
actuación de carácter
personal" la presentación de
la declaración.
Sostiene que forma parte de
una actuación de carácter
personal del rey,
remitiéndose a la carta
publicada por los abogados
de Juan Carlos. Por otro
lado, la ministra de
Defensa, Margarita Robles,
ha rehusado valorar el pago
del rey emérito y ha
subrayado que lo importante
es que la monarquía está
perfectamente representada
por el rey Felipe VI y él
sabrá lo que tiene que
hacer, ha destacado la
ministra.
El rey
emérito ha defraudado a
Hacienda e intenta comprar
su impunidad para él y toda
la familia real.
No podemos permitir que Juan
Carlos se ría de la igualdad
ante la Justicia.
"Debe responder penalmente
por sus actos y compensar a
la ciudadanía todo lo
defraudado", según Jaume
Asens. Pablo Echenique, ha
dicho que
la cantidad ingresada
equivale a 51 años de
salario mínimo
interprofesional
y que su situación ante
Hacienda es "uno de los
pufos que tiene y los que
tendrá y no sabemos".
La
regularización que presentó
Juan Carlos I por las
donaciones que recibió en
2016, 2017 y 2018 del
empresario mexicano Allen
Sanginés-Krause
sólo asciende a un 2% de lo
que debe a la Hacienda
española de todo el dinero
que se conoce que ha
manejado en los últimos años.
El 98% restante se
correspondería con los 65
millones de euros que según
la Fiscalía de Suiza habría
ingresado de Arabia Saudí y
que posteriormente
transfirió a su examante
Corinna Larsen, operaciones
que tuvieron lugar antes de
la abdicación y sujetas a la
dispensa de la
inviolabilidad que le
otorgaba la Constitución;
que un supuesto delito,
quede impune, por la
inviolabilidad es algo
inaudito.
Me
paro aquí. El caso de la
supuesta defraudación de
Juan Carlos de Borbón y su
familiar, está sub judice.
Pero los casos borbones
suman y suman;
el yerno Urdangarin está en
la cárcel y su hija se salvo
por los pelos
procedimentales jurídicos.
El exduque de Palma fue
condenado y confirmada la
sentencia por el Tribunal
Supremo a cinco años y 10
meses de prisión por
malversación, prevaricación,
fraude a la Administración,
dos delitos fiscales y
tráfico de influencias por
el desvío de fondos públicos
del Instituto Nóos. Nadie de
la famiglia salió en su
defensa. En mi opinión,
Iñaqui, no hubiera
delinquido de esa forma, sin
un respaldo real.
Las
revelaciones de los
escándalos del rey emérito,
precipitaron la renuncia de
Felipe VI a su herencia. El
rey en un comunicado,
anunció que tenía la
intención de renunciar a la
herencia de su padre, que es
como no anunciar nada porque
aún no ha llegado ese
futurible.
El comunicado de Casa Real
venía a decir que el rey
"quiere que sea conocido
públicamente que S.M. el rey
don Juan Carlos tiene
conocimiento de su decisión
de renunciar a la herencia
que personalmente le pudiera
corresponder". El Código
Civil es tajante: considera
nula toda renuncia a futuro
de una herencia. Y esto
afecta también a Felipe de
Borbón. Así se refleja en el
artículo 991: "Nadie
podrá aceptar ni repudiar
sin estar cierto de la
muerte de la persona a quien
haya de heredar y de su
derecho a la herencia".
Todo pura compostura que a
poca gente engaña.
Con todo y con ello, es
necesario iniciar un debate
pacífico y ordenado, inicio
de un proceso constituyente,
con garantías democráticas
plenas, que nos lleve a la
nulidad jurídica de la
monarquía y la proclamación
de la Republica