Con la
proclamación de la República y la celebración de elecciones
legislativas, se inició un proceso constituyente. El Estado
republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones y
la Constitución. Se abría un proceso de modernización de las
estructuras políticas, económicas, culturales y sociales. Bien es
cierto que los intereses creados de la derecha no permitieron a la
República su desarrollo, primero con las contrarreformas abordadas,
después con un golpe de estado, la guerra y la dictadura criminal.
La
República fue recibida por la mayor parte de la población con gran
entusiasmo. Representaba una oportunidad histórica para abordar las
reformas necesarias. No pudo desarrollarse en su totalidad. Se
pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los
estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron. Los
republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin
cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban
que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una
sociedad nueva de igualdad, justicia y libertad, y daban prioridad a
las reformas sociales.
Decía Ortega y Gasset que "para
definir una época no basta con saber lo que en ella se ha hecho; es
menester además que sepamos lo que no ha hecho, lo que en ella es
imposible". Cruzar la puerta del tiempo de
abril de 1931 supone volver la vista atrás hacia una época compleja,
marcada por la dictadura de Primo de Rivera apoyada por Alfonso de
Borbón. De hecho, los comicios tuvieron carácter plebiscitario.
La
República pasó por una etapa de transición hasta el mes de
diciembre. Se iniciaron las primeras reformas que pondrían a la
atrasada España a la altura del progreso en materia política y
económica, porque aunque Primo de Rivera había modernizado algunos
sectores económicos, no fue suficiente y la vida pública seguía en
manos de los que tradicionalmente la habían controlado.El programa
de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer
bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como
Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el
sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones
laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación
de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes
religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército
sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la
Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de
conflictos.
La
reforma agraria era imprescindible si se quería acabar con el hambre
y el atraso histórico. Los campesinos vivían en situación de
esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la
tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de
vida, escasa alimentación, y jornadas de sol a sol. Los dueños de la
tierra, grandes latifundistas, además de caciques señoritos, no
entendían ni de gastos, ni de inversiones y no eran partidarios de
la modernización del campo.
El
gobierno, con la pretensión de asentar a los campesinos en las
tierras sin cultivar, realizó un reparto, decretando el laboreo
forzoso, bajo amenaza de confiscación. Los «decretos agrarios» de
Largo Caballero, implantaron la jornada de 8 horas, que ya tenían
los obreros industriales. La Ley de Bases para la Reforma Agraria de
1932 (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca), creó el
Instituto de Reforma Agraria, que gestionaría el inventario de
tierras expropiables, pero careció de recursos los recursos
necesarios, por la falta de dinero del Estado y por el boicot de los
bancos, vinculados a los terratenientes.
La
reforma agraria, que representaba una verdadera revolución, fue
rechazada por los patronos y los partidos de derecha, resistiéndose
a su aplicación, lo que significó el fracaso de la reforma. A
finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas entre
4.339 campesinos. Otro de los motivos del fracaso, fue la oposición
de los socialistas y la CNT, al considerar que la reforma era
moderada, al no contemplar la expropiación de los latifundios y el
traspaso de la propiedad a los nuevos colonos.
Largo
Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral,
que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor
control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del
sistema económico y de relaciones de clase. Era un proyecto
coherente con los principios marxistas del socialismo español, que
no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad,
pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos.
Se aprobó
la Ley de Contratos de Trabajo, se organizó la negociación
colectiva, y los Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje
vinculante. Se estableció la Inspección de Trabajo, se impulsaron
los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de Retiro
Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco millones de
trabajadores). Se estableció el Seguro de Maternidad, y el Seguro de
Accidentes de Trabajo. La CNT fue crítica y continuó con la
convocatoria de huelgas, al entender que las reformas, no solo no
beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente
beneficiaban a UGT.
El
primer gobierno de la República, pretendió modernizar el país y
promover la justicia social. No se lo puso fácil la CNT, la FAI y un
sector del socialismo vinculado a UGT. Más tarde, los sucesos de
Casas Viejas, no hicieron más que agravar la conflictividad social y
derribar al gobierno del primer bienio republicano. La proclamación
del comunismo libertario apenas tuvo repercusión en 1933, salvo en
la aldea gaditana, que vivió una brutal represión.
Las movilizaciones, de espíritu anarquista, habían sido convocadas
por CNT y FAI. Las fuerzas del orden
público ejecutaron a 22 campesinos, e incendiaron la choza de Seisdedos con
la familia y siete braceros dentro. La masacre hizo tambalear el
primer Gobierno de la República y al presidente, Manuel Azaña.
El
Gobierno reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la
Constitución establecía, basado en la escuela única, pública,
obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La
eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición
del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas,
provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. La
iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a los católicos que
matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.
Entre
1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas
de maestros, con mejores salarios. El experimento más notable, fue
la creación de las misiones pedagógicas, ligado a la Institución
Libre de Enseñanza, que llevó «el aliento del progreso» a los
pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación
de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura,
que era patrimonio de una minoría, al pueblo, y promover la
alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La
reforma del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir
el número de unidades militares, modernizar la dotación de material
y la mejor formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de
honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar
de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y
tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que
identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la
patria, bajo la jurisdicción militar.
El
presupuesto militar fue recortado y se redujo el número de generales
y oficiales. Azaña intentó reformar el sistema y exigir formación
para los ascensos, lo que provocó la oposición de no pocos
oficiales. La prioridad dada por el gobierno a los gastos sociales,
impidió mejorar la capacidad técnica y el armamento, como estaba
previsto. Años después, determinados mandos militares sediciosos, se
le cobraron con creces.
El 1 de
octubre de 1931, las Cortes españolas aprobaron el sufragio
femenino; no fue hasta las elecciones generales del 19 de noviembre
de 1933, cuando pudieron ejercerlo. Ocurrió lo que algunos habían
vaticinado: la izquierda perdió las elecciones; las mujeres ganaron
en derechos y la sociedad en dignidad. Hoy como ayer, algunos
pretenden, de forma oportunista, utilizar los derechos de la mujer,
como moneda de cambio, para beneficio de sus intereses políticos.
Unas de
las primeras medidas estuvieron encaminadas a la secularización del
Estado. La nueva Constitución estableció la libertad de cultos en
España, la separación de la Iglesia y el Estado, la limitación de
las congregaciones religiosas y, en definitiva, la creación de una
nación aconfesional que es lo que se estaba llevando en Europa.
Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo
vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo
parecidos, ejerciendo el poder para beneficio propio, muy alejado de
los intereses de la mayoría trabajadora.
La
cuestión catalana actual viene de lejos. Desde un principio se
abordó lo que se venía en llamar "la cuestión regional", dotando a
Cataluña de un estatuto que respondía a una visión unitaria de
España y no federal, como los independentistas pretendían. Se
subordinó el poder militar al poder civil, con escaso éxito, como
luego se vio.
El
enemigo político de la República, mantenía sus posiciones de poder
intactas y no permitió más reformas, hasta conseguir su eliminación
total. Las dificultades económicas tenían una raíz interna
tradicional: el paro agrícola y desigualdad en el reparto de la
tierra; descapitalización industrial con escasa competitividad
internacional. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de
la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el
nuevo sistema republicano. Como siempre ocurre, mejorar las
condiciones para la clase trabajadora, provocan descenso en las
inversiones empresariales.
Algunos
de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia
hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo
contrarreformitas, ejerciendo el poder para beneficio de sus propios
intereses, muy alejados de los de la mayoría trabajadora.
