|
Lawfare, o guerra
jurídica, se refiere a cuando un actor político o institución
instrumentaliza el sistema de justicia para perseguir, neutralizar y
hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos. Es un golpe
de Estado por otros medios. Aquí en España estamos viendo como se está
produciendo el acoso, con intención de derribar al Gobierno, con una
apariencia de legalidad, lo que no deja de ser una operación oscura,
que deslegitima el propio Estado de Derecho y la democracia.
El Lawfare es una manifestación de las tantas maneras de hacer
corrupción al comportar un desvío de poder o un abuso del mismo, lo
que puede dar lugar a delitos penales, severamente penados, como la
prevaricación judicial, entre otros.
El 9 de
diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. La
Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó esta jornada con la
finalidad de reivindicar el compromiso de la lucha contra la
corrupción, espacio que permite también año a año crear conciencia y
sensibilizar a personas e instituciones acerca del efecto devastador
que este fenómeno tiene para el desarrollo económico de los Estados,
para los derechos humanos de las personas y para el bienestar general
de la humanidad.
En España, la
oposición que representa a la derecha más reaccionaria, encabezada por
el Partido Popular de Núñez Feijóo, no admite la legitimidad del
Gobierno salido de las urnas. Critica lo que no es capaz de conseguir;
no gobierna, no porque no quiera, sino porque es un negado para
aceptar las normas establecidas sino les son favorables. En el Senado,
de mayoría popular, boicotea las leyes que le llegan aprobadas por el
Congreso. No van a parar hasta que el Estado de Derecho caiga en sus
garras.
Determinadas
asociaciones de jueces y fiscales, junto con el Consejo General del
Poder Judicial en funciones, acosan al Gobierno por las leyes que está
aprobando el Congreso de los Diputados, que representa la voluntad
popular, rompiendo la neutralidad que se ha de dar en un Sistema
democrático, en el que la división de poderes es su principal
principio: el
legislativo, el ejecutivo y el judicial; quieren serlo todo.
En las Comunidades
Autónomas gobernadas por el PP y v0x, se está boicoteando la puesta en
marcha de leyes que afectan a la memoria histórica y democrática
(Castilla y León, Valencia Aragón o Comunitat Valenciana), con las
llamadas leyes de la Concordia
y otras de carácter social, que afectan al suelo, la vivienda, la
financiación autonómica o la violencia de género contra las mujeres.
La
Lawfare es la práctica anticonstitucional de superposición de poderes,
instrumentalizando los órganos jurisdiccionales para dirimir asuntos
estrictamente políticos, como estamos viendo estos días por los
fiscales del process contra el Fiscal General del Estado. La guerra
jurídica consiste en judicializar un determinado escenario político,
invadiendo los espacios de autonomía del poder político, con la
finalidad de neutralizar o exterminar alguna fuerza política concreta
de forma ilegítima.
El uso
abusivo del derecho con fines políticos, produce una especie de
desmantelamiento de la democracia constitucional o erosión de sus
fundamentos; estrategia que pretende legitimarse ante la sociedad
mediante el uso de recursos de manipulación o distracción de interés
colectivo, como las campañas contra la corrupción o contra la
criminalidad de determinado sector.
La lucha
continua de manera cada vez más armonizada a nivel mundial y altamente
profesionalizada en sus diferentes métodos. Actualmente, muchas nuevas
formas de corrupción han abierto nuevos frentes de lucha. Se presentan
las llamadas intervenciones ilegítimas entre poderes constitucionales,
que degradan los valores de un Estado de derecho o el comercio
indebido de influencias entre funcionarios del sector público y del
sector privado, que socavan los derechos y libertades fundamentales de
los ciudadanos y hacen peligrar la estabilidad política y económica
del Estado.
En sus albores, el término Lawfare
hacía referencia a una relación entre la guerra y el derecho, en la
actualidad, hunde sus raíces entre el derecho y la política. Al ser la
guerra también una cuestión política, el conflicto armado que se
llevaba a cabo por medios bélicos ahora se ha configurado como una
guerra, que instrumentaliza el derecho pero en el espectro político,
donde la finalidad consiste en acabar con los adversarios.
Fue durante
las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro
Sánchez cuando el término Lawfare apareció de fondo, debido a la Ley
de Amnistía que, tras meses de polémica, fue aprobada en marzo y ahora
ya está vigor. Tras la carta publicada por el Presidente del
Gobierno en la que anunciaba meditar su futuro más inmediato al frente
del Ejecutivo, el término se ha puesto de nuevo en el foco, justo
después de la denuncia presentada por la organización Manos
Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de
influencias.
Se
instrumentaliza la justicia con fines políticos, empleada de manera
encubierta bajo diferentes eslóganes, que refieren a un enemigo
público construido contra el cual se debe luchar. Las conocidas
fórmulas de lucha contra la corrupción, en defensa de los derechos
humanos o persecución judicial de criminales, son sólo algunas de las
tantas campañas desleales que muchas veces son utilizadas para
debilitar, en este caso al Gobierno de coalición progresista y a los
partidos socios en el parlamento.
El Lawfare o guerra jurídica, es la práctica anticonstitucional de
superposición de poderes, instrumentalizando los órganos
jurisdiccionales para dirimir asuntos estrictamente políticos. La
guerra jurídica invade los espacios de autonomía del poder político
con la finalidad de neutralizar o exterminar, en este caso al Gobierno
y a determinadas fuerzas políticas de forma ilegítima.
Las
conocidas fórmulas de lucha contra la corrupción, en defensa de los
derechos humanos o persecución judicial de criminales varios, son sólo
algunas de las tantas campañas desleales que son utilizadas para
debilitar al adversario político o a un determinado grupo.
Ejemplos de
esta lucha, abusando de los recursos jurídicos del Estado de derecho
en Europa, Latinoamérica y el resto del mundo sobran. Esta especie de
uso ilegítimo del derecho (en su mayoría, del derecho penal) para
combatir al enemigo político produce un ataque al Estado de derecho en
nombre del derecho, el cual debe ser evitado por medio de las propias
estructuras legales e institucionales, que recojen mecanismos claros
para detectar y reencauzar el uso abusivo de la ley como arma de lucha
política.
La necesidad de contar con calidad normativa y calidad en las
políticas de prevención de la corrupción dentro del Estado, se
presentan como tareas urgentes de gestionar. Se debe idear una óptima
y eficaz infraestructura de buen gobierno para que opere como
herramienta de prevención de la corrupción y respaldo a los buenos
gestores público.
El uso
estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales
políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios
inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder
judicial. El Lawfare es una manifestación de las tantas maneras de
hacer corrupción al comportar un desvío de poder o un abuso del mismo,
lo que debe dar lugar a una persecución de los delitos penales como la
prevaricación judicial.
No podemos
consentir, que en un Estado democrático el Lawfare, el acoso y derribo
a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los
tribunales, dando una apariencia de legalidad a una operación oscura
por parte de jueces, policías o medios de comunicación. Esta forma de
actuar representa el nuevo golpismo. |
