Fue un 14
de noviembre de 1975, cinco días antes de la muerte del dictador,
cuando en Madrid se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los cuales
el Reino de España entregaba unilateralmente la administración del
Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España,
Marruecos y Mauritania. Se consumaba la traición al pueblo saharaui y
se abría una de las páginas más negra de la política exterior española
España
tenía obligaciones como metrópolis que según el derecho internacional
no cumplió. La actitud de España supuso una traición para el pueblo
del Sáhara que hoy sigue sufriendo con la ocupación y el exilio. El 31
de octubre de 1975, regimientos de tanques y blindados del ejército
marroquí invadieron el Sáhara Occidental, destruyendo, matando y
secuestrando a la población. Desvió la atención de la invasión con la
Marcha Verde, que alcanzaba el puesto fronterizo de Tah el 6 de
noviembre del 1975.
El entonces príncipe, en funciones de Jefe del
Estado, acordó el repliegue de las tropas y la entrada de 50
marroquíes en El Aaiún. Documentos desclasificados de la CIA, arrojan
luz sobre algunos de los episodios más significativos de la historia
reciente de España. Las revelaciones apuntan al papel que Juan Carlos
de Borbón jugó en la Marcha Verde, movimiento en el que España perdió
el territorio del Sáhara, que quedó repartido entre Marruecos y
Mauritania. (El
Español, 21 de enero de 2017).
Los hechos tuvieron lugar entre el 6 y 9 de
noviembre de 1975. El príncipe Juan Carlos asumía en funciones la
jefatura de Estado, ante la debilidad física de Francisco Franco; las
reivindicaciones que llegaban desde el Sáhara requerían la
intervención de la máxima autoridad nacional. El rey Hassan II de
Marruecos había diseñado una invasión sobre el territorio, que
pretendía la anexión a su país,
a la que bautizó con el nombre de la Marcha Verde.
"Se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve
intacto su prestigio y su honor", afirmó el príncipe Juan Carlos en
una visita a El Aaiún.
Pero los
papeles de la CIA detallan que el papel del emérito hoy, no se limitó
a mediar para resolver un conflicto que terminó con la retirada del
Sáhara del Ejército español: "Madrid y Rabat han acordado que los
manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y
que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya
no hay tropas españolas". El informe de la Agencia de Inteligencia
también detalla los pactos secretos para celebrar la Marcha Verde: "la
delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrán permitido
entrar en la capital territorial de El Aaiún".
En Madrid, el 14 de noviembre de 1975, reunidas
las delegaciones que legítimamente representaban a los Gobiernos de
España, Marruecos y Mauritania, suscribieron los
Acuerdos Tripartitos (Ley 40/1975, de 19 de
noviembre, sobre descolonización del Sahara). España ratificaba su
resolución "de descolonizar el territorio del Sahara occidental
poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre
dicho territorio como Potencia Administradora". España se comprometía
a instituir una Administración temporal en el territorio "en la que
participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a
la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes". Se
pactaba que la terminación de la presencia española en el territorio
se llevaría a efecto, antes del 28 de febrero de 1976.
Solemnemente, las partes declaraban que sería "respetada la opinión de
la población saharaui, expresada a través de la Yemaá". Los tres
países informarían al Secretario General de las Naciones Unidas de lo
acordado en las negociaciones celebradas, de conformidad con el
artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Declaraban que los
tres países habían llegado a las conclusiones con el mejor espíritu de
comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta, y como
la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional. Por parte de España, firmaba los Acuerdos, el
Presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.
El objetivo
de los Acuerdos fue legalizar la ocupación marroquí del Sáhara, una
ocupación que ya estaba hecha. La Asamblea General de las Naciones
Unidas rechazó de forma determinante los hechos y presentó una
resolución en la que se exigía el respeto a la legalidad internacional
y que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Hasta la fecha nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el
Sáhara. Marruecos ni cumple con la legislación internacional ni
reconoce las resoluciones de la ONU.
La ONU, el 1 de noviembre pasado, prorrogó
por seis meses, en lugar de los doce tradicionales, su misión de paz
en el Sahara Occidental, a través del
organismo Minurso (Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un
Référendum au Sahara Occidental), con el fin de seguir presionando a
las partes para que negocien una solución. Con doce votos a favor y
tres abstenciones, el Consejo de Seguridad dio el visto bueno a una
propuesta de Estados Unidos, que fue objeto de discusión hasta el
último momento, dado que países como Francia preferían un mandato de
un año.
La Marcha Verde sirvió de pretexto y de cortina
de humo para el giro de la política española y la conclusión de los
acuerdos de Madrid. Unos acuerdos por los que Marruecos obtuvo la
entrega del Sáhara con la participación de Mauritania que, exhausta
por el conflicto con el Frente Polisario, se retiró en 1979 de la
parte meridional del territorio que le había cedido Marruecos. Por
difícil que fuera aquella coyuntura, había una fórmula válida y legal
que hubiera salvaguardado el derecho inalienable del pueblo saharaui a
la autodeterminación. España, que había abdicado de sus
responsabilidades, podía haber traspasado la administración a la ONU,
para organizar y supervisar el referéndum, como preveía el
Plan Waldheim.
Con los
acuerdos de Madrid se puso en marcha una efímera administración
tripartita, se posibilitó la ocupación del Sáhara por los ejércitos
marroquí y mauritano y el primero entró en El Aaiún el 11 de
diciembre. Con el embarque de las últimas tropas españolas en Villa
Cisneros el 12 de enero de 1976, y con la retirada de los últimos
oficiales y administradores el 26 de febrero, se consumó la entrega.
Nadie había previsto la resistencia encarnizada de un gran sector del
pueblo saharaui, movilizado y encuadrado en el Frente Polisario ni la
fuerte reacción de Argel. Cuarenta y tres años después de los Acuerdos
de Madrid el conflicto del Sáhara Occidental sigue sin solución.
Según la ONG
Por un Sáhara Libre, miles de personas
permanecen en los campamentos de refugiados en Argelia, sobreviviendo
a las duras condiciones climatológicas y humanitarias, pese a la
ingente labor llevada a cabo por el Frente Polisario para hacer frente
a las adversidades. Miles de personas padecen una ocupación militar
violenta por parte del Reino de Marruecos en el propio Sahara
Occidental, sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos más
elementales. El Reino de Marruecos, que siempre ha mantenido una
postura obstruccionista, últimamente ha endurecido la presión sobre
Naciones Unidas, mostrando una vez más la arbitrariedad y el
despotismo que le caracteriza, sin entender más idioma que el de las
amenazas y obviando el derecho internacional como forma de
entendimiento entre los pueblos del mundo.
Mientras el
Frente Polisario apostó desde el año 1991 por la paz y la negociación
como forma de resolver los conflictos, Marruecos continúa presumiendo
de la imposición, la violencia y la sinrazón frente al derecho
internacional, apostando por el conflicto directo como forma de
resolver un problema que tiene su origen en la incapacidad de España
para concluir el proceso de descolonización del Sahara Occidental,
incapacidad que han presentado todos los gobiernos que se han sucedido
en la Moncloa desde el año 1975. El Sahara Occidental sigue siendo la
última colonia del continente africano. Los gobernantes españoles han
demostrado su incapacidad y cobardía en el ámbito internacional, que
no son capaces de cerrar el proceso de descolonización de este pueblo.
La colonización fue considerada, desde la fundación de Naciones Unidas
en 1948, una lacra histórica de la humanidad, que sólo produjo
sufrimiento y retroceso en el progreso de la convivencia humana.
Por la
Descolonización y la Independencia del Sáhara, es preciso que se
emprendan nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el
derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la
plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos
que viven bajo ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando
negativamente a su desarrollo económico y social.