Se cumplen
43 años desde que el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el
Congreso, con un número indeterminado de guardias civiles, el apoyo
del teniente general Milans del Bosch, el general Armada, entre otros
militares, políticos en el gobierno y la oposición y gente al servicio
del golpe de Estado sin identificar. Aunque fracasó, la Transición
quedó tocada y hoy siguen notándose algunas de sus consecuencias.
El golpe estaba previsto para marzo, pero la
dimisión de Suárez y el pleno de investidura de Calvo-Sotelo
aceleraron todo lo previsto. Tejero, con tricornio y pistola en mano
tomó el Congreso: ¡Quieto todo el mundo!, dio la orden de ¡todos al
suelo! y efectuó un disparo al aire, seguido por ráfagas de
ametralladora de los guardias asaltantes. Se presentía lo peor. El
gobierno y el parlamento quedaban secuestrados, produciéndose el
Supuesto Anticonstitucional Máximo,
que sirviera como coartada para
crear un Gobierno de concentración presidido por un independiente,
preferiblemente un militar, volviendo a la normalidad
democrática.
Según informó el CESID en otoño de 1980, el
golpe duro se preparaba para el mes de mayo de 1981. Si unos meses
antes se procedía al relevo del Gobierno, poniendo a un militar al
frente, pero sin romper con las reglas constitucionales, los militares
más duros se quedarían sin razones para llevar a cabo sus planes
involucionistas.
La operación De Gaulle contaba con amplios apoyos entre la élite
política y económica del país. En la derecha
(Alfonso Osorio, Manuel Fraga, Miguel Herrero…). Más sorprendente
resulta que el PSOE también participara en esta estrategia. Enrique
Múgica tuvo al menos dos encuentros con Armada. El partido encargó un
informe al constitucionalista Carlos Ollero sobre el encaje legal de
la operación.
Juan Carlos
de Borbón estaba al tanto de lo que ocurría, informado por su hombre
de confianza el general Armada. A mi dádmelo hecho, parece que dijo en
algún momento. Tejero entró al Congreso en nombre del Rey. Sabino
Fernández Campos, jefe de la casa real se dirigió al rey: Señor, veo
que ya lo sabe. Esto es muy grave. −Sí, Sabino, la cosa es grave. Creo
que debemos autorizar a Armada a que venga a la Zarzuela y nos
explique detalladamente lo que está pasando, porque están pasando
cosas que no estaban previstas−.
El rey,
cuando conoció que las cosas no estaban saliendo como se preveían,
reculó. Apareció en televisión, después de conocer que todos los
capitanes generales cumplirían la orden de interrumpir la operación y
anunció la continuidad democrática. Todo implica al rey, en una
operación para fortalecer a la monarquía, restaurar el prestigio de
España, consolidar la democracia y retirar a Suárez de la presidencia
del gobierno, con el apoyo de ciertos renombres de la política en el
gobierno y la oposición. La conducta del rey antes del golpe no fue en
absoluto ejemplar, cometió errores, frivolidades e
irresponsabilidades. El golpe, sin triunfar consiguió fortalecer como
heredero de Franco a que Juan Carlos de Borbón.
La
atmósfera en los meses anteriores al golpe era de desestabilización:
atentados, crisis económica, agitación social, intoxicación desde los
medios de la ultra derecha, división interna en la UCD y dura
confrontación política. Los golpistas querían establecer un gobierno
"militar por supuesto", recuperar los principios del movimiento
nacional y el espíritu del 18 de julio. Para Juan Carlos de Borbón,
los sublevados sólo habían querido lo mejor para España. Los
cabecillas pretendían lo que todos deseábamos: el restablecimiento de
la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad»; la defensa
de la unidad de España, la bandera y la corona. El monarca entendía
que el responsable último del pronunciamiento era Adolfo Suárez, por
no tener en cuenta las peticiones de los militares. El rey estaba al
corriente de la trama golpista y conforme, antes, durante y después
del golpe al que traicionó.
En la
historia de España, la monarquía siempre se ha restaurado o instaurado
mediante golpe de Estado; la actual, por el de Franco. El 23F, sin
triunfar, se consiguió lo que pretendía: el rey y la monarquía se
consolidaron; la democracia se fortaleció, aun sometida al miedo de la
involución; el desarrollo del estado autonómico se paralizó y ahí
sigue; y la grave situación política e institucional, achacada a la
política de Suárez se recondujo.
La
instrucción de la causa fue irregular y el Juicio ante el Consejo
Supremo de Justicia Militar una componenda. No estaban sentados en el
banquillo todos los implicados, aunque algunos de ellos fueron
juzgados. La Casa de Campo, fue un desfile de carnaval. Todos eran
compañeros de uniforme, de cuerpo o de arma. Los que juzgaban, podrían
haber sido inculpados, lo defensores acusadores y los procesados
juzgadores. Se pretendió una férrea censura durante el juicio para
acallar a la prensa que no consiguieron.
La causa
2/81 nunca desentrañó la trama CESID, por lo que quedó sin conocerse
la procedencia de las órdenes, si existieron, de acciones encubiertas
o de inducción, y el papel que jugaron los agentes implicados. Todos
declararon su inocencia, salvo Pardo Zancada que creía que la
operación contaba con el apoyo real. No solamente invocaron al rey
para su defensa, sino que alegaron obediencia debida y estado de
necesidad, como eximentes. Todo fue un cúmulo de contradicciones. El
juicio conoció la autoría intelectual. Fue Milans, junto con los otros
generales y militares de alta graduación procesados. No se conoció
quien fue el tapado "elefante blanco", aunque para Tejero era el
propio rey. En el juicio quedó probado que había habido una rebelión
militar. También quedó probado, por grabado, el asalto de la guardia
civil al Congreso. De no haber habido esas imágenes, posiblemente nos
habrían ocultado hasta la propia acción.
Fueron juzgados catorce militares, dieciocho
guardias civiles y un ex dirigente del sindicato vertical franquista;
pese a que muchos más participaron, por acción u omisión, conocimiento
o inducción.
La sentencia condenó al general Milans y el teniente coronel Tejero, a
30 años de prisión, por un delito probado de rebelión militar.
Posteriormente el Supremo condenó a la misma pena, por el mismo
delito, al general Armada. El resto de procesados fueron condenados a
diferentes penas, entre los doce años a uno de prisión, o a la pérdida
de empleo temporal, y tres absoluciones.
Vivimos en un país de secretos. La
Ley sobre secretos oficiales, procede del
franquismo (5 de abril de 1968), con algunos retoques establecidos en
1978 antes de la aprobación de la Constitución. El Congreso de los
Diputados aprobó una iniciativa para fijar un periodo de
desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para
las reservadas), atribuyendo al Consejo de Ministros la facultad de
clasificación. Hasta
siete secretos del 23F y la Transición podrían quedar a la luz
si se modifica la ley de secretos: ¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan
Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey
de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González
estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de
un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación
recabaron los servicios secretos españoles en su investigación? ¿Hasta
dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del
Cesid?
La opacidad
de España es mayor que la del Vaticano, modelo del secretismo, que
aunque ha desclasificado documentos sobre la actividad de la Iglesia
argentina bajo la dictadura, todavía no lo ha hecho sobre la
inexistencia de dios y las vidas poco ejemplares de muchos miembros de
su comunidad en la historia. La paradoja estriba en que, mientras
Defensa alega que no tiene medios para desclasificar documentos sobre
la guerra civil o los campos de trabajo de la dictadura, ha
digitalizado miles de páginas de informes desclasificados sobre los
avistamientos OVNI y con limitaciones.
Pese a los secretos y ocultaciones, algo
sabemos: El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus órdenes.
"Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey"
(Pilar Urbano). El rey insistió ¡A mi dádmelo hecho! (El Rey y su
secreto, Jesús Palacios).
Armada fue autorizado por Juan Carlos I para proponerse como
presidente del Gobierno ante los diputados.
Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo
avalaran. Se consiguió lo que pretendían: el rey consolidado, la
monarquía fortalecida, el desarrollo del estado autonómico paralizado;
y la política de Suárez reconducida.
El esperado
"elefante blanco", la autoridad militar por supuesto, no llegó a
entrar en el hemiciclo, aunque podría haber llegado al Congreso. El
plan que el general Armada presentó en nombre del Rey a Tejero no fue
aceptado. Éste había jugado demasiado fuerte como para consentir que
en el gobierno de España hubiera socialistas y comunistas. Tejero, que
quería una junta militar presidida por Milans, se sintió traicionado e
impidió que Armada asumiera la presidencia del gobierno a las órdenes
del Rey. El suyo era un golpe duro, de involución, y desmanteló el
golpe blando dirigido por Armada.
Se creó la
idea de que habían convergido varios golpes para oscurecer lo que en
realidad había pasado, pero solo hay un golpe de Estado, la última de
las operaciones que organiza la denominada Transición Paralela,
empresarios, políticos y militares conservadores que se confabulan a
partir de 1977 para deponer a Adolfo Suárez y especialmente para
modificar el proceso de democratización.
El Rey fue implicado en la mayoría de las
declaraciones de los encausados y que el
elefante blanco estaba a sus órdenes.
Posiblemente la mayoría de las pruebas documentales y cintas con
imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por órdenes de destrucción
masiva. Habrá que esperar a la desclasificación de los documentos para
conocer algo más sobre el caso, aunque algo sabemos. Cuando eso ocurra
algunos ya habremos muerto y los hijos de mis hijos ni sabrán de qué
hablaba el abuelo. |