La inviolabilidad del rey, incluso su limitación, no es posible, según los letrados del Congreso, que aseguran, que la propuesta del PNV es contraria al régimen jurídico que contempla la Constitución. Los letrados remarcan que la proposición de ley invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución. La prerrogativa del aforamiento implica que el rey emérito sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo; aunque sólo desde el año 2014, el año de su abdicación; y ni con esas. La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito ni del emérito ni de Felipe de Borbón. La iniciativa del grupo vasco defiende añadir un segundo punto a la LOPJ para que el Supremo pueda examinar los actos del monarca que no tengan refrendo de las Cortes ni relación con la gestión de la Jefatura del Estado. El objetivo de la proposición de ley es acabar con la interpretación que ha evitado que Juan Carlos I sea sometido a investigaciones judiciales y parlamentarias sobre sus actividades privadas. La palabra rey aparece 42 veces en la Constitución. Juan Carlos I, informa a todos, para que sepan "que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución". La monarquía está presente durante todo el texto; en los artículos que regulan los tres poderes del Estado y en el Título Preliminar, donde se establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Así se mantiene el fraude de la restauración borbónica impuesta con la Constitución. La mesa del Congreso, con el veto de PSOE, PP y Vox ha rechazado la iniciativa. Con la proclamación de la Constitución de 1978, tras un referéndum manipulado políticamente, la buena voluntad de la ciudadanía y su ansia de libertad y democracia, nos la colaron bien históricamente.

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