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El Senado da luz
verde de forma
definitiva a la
Ley de Memoria
Democrática. La
norma refuerza el
compromiso del
Estado en la
búsqueda de
desaparecidos de
la Guerra Civil y
el franquismo y
abre la puerta a
estudiar posibles
vulneraciones de
derechos humanos
entre 1978 y
finales de 1983.
El PSOE no ha
aceptado ninguna
de las más de 500
enmiendas
parciales
presentadas por
los grupos
parlamentarios en
el Senado, muchas
de ellas
procedentes de
socios del
Gobierno. ERC se
ha abstenido en la
votación, al
considerar que la
ley se queda corta
en el justo
necesario e
indispensable
proceso de
garantizar el
acceso a la
verdad, la
justicia y la
reparación para
las víctimas de la
dictadura
franquista".
EH Bildu ha votado
a favor de la
normal al
considerarla "un
paso en la
dirección
correcta".
(@Publico_es).
La ley establece
de forma expresa
que la búsqueda de
las alrededor de
114.000 personas
desaparecidas
durante la Guerra
Civil y la
dictadura
corresponderá a la
Administración
General del
Estado, sin
perjuicio de las
competencias de
otras
administraciones
públicas.
Contempla la
creación de un
Fiscal de Derechos
Humanos y Memoria
Democrática, con
categoría de
fiscal de sala,
para la
investigación de
los hechos que
constituyan
violaciones de
Derecho
Internacional de
Derechos Humanos y
del Derecho
Internacional
Humanitario. La
norma declara
ilegal tanto el
régimen franquista
como los
tribunales
franquistas, así
como la nulidad de
todas sus
condenas, y amplía
la definición de
víctimas al
incluir a las
personas LGTBI,
los niños
adoptados sin
consentimiento de
sus progenitores y
las lenguas y
cultura vasca,
catalana y
gallega.
"Aquella mal
llamada Transición
ni fue modélica,
ni acabó con la
herencia
franquista, ni
terminó con la
vulneración de
derechos humanos y
políticos, de
aquellos barros
estos lodos". |
